La Generalitat de Cataluña busca un banco a través del cual avalar indirectamente a los investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación. El Govern aprobó un mecanismo con el que pretende dar apoyo económico a los trabajadores públicos a los que se les exijan responsabilidades patrimoniales por gastos ilícitos vinculados al procés, algo que no cubren los seguros de responsabilidad civil contratados por la administración catalana, y por lo que el Ejecutivo de Pere Aragonès podría ser acusado de malversación si destina dinero público a pagar un dinero que en realidad debe cobrar.
Para evitarlo, el decreto-ley aprobado por el Gobierno catalán contempla que, si hay condena firme por malversación, los trabajadores públicos y altos cargos a los que haya avalado a través de una entidad financiera todavía por concretar deberían devolver "hasta el último céntimo, más intereses y costas", según el consejero de Economía, Jaume Giró. Con todo, no prevé reclamar el dinero hasta que no finalice todo el recorrido legal de posibles recursos, incluida la Justicia internacional.
Con este fin, la Generalitat ha creado un "fondo complementario de riesgos" dotado inicialmente con 10 millones de euros para "proteger a todos los servidores públicos en el ejercicio de su cargo", lo que incluye a los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas a quienes exige 5,4 millones de euros por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia entre 2011 y 2017, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
Giró reconoció este martes en rueda de prensa que ya ha contactado con algunas entidades financieras pero todavía no hay ningún acuerdo cerrado, y evitó detallar de qué partida presupuestaria saldrán los recursos para el nuevo fondo.
Puede acogerse cualquier trabajador o alto cargo que trabaje o haya trabajado para la administración catalana y que esté libre de sentencia firme condenatoria por actuaciones ilícitas; que su riesgo no esté cubierto por otras pólizas, y contra quien la Generalitat no haya iniciado ninguna acción disciplinaria o sancionadora.
El Ejecutivo catalán alude al principio de indemnidad, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y amparado por jurisprudencia del Tribunal Supremo, para poner en marcha este mecanismo, indicó la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.
Años para recuperar el dinero
Mientras no se constituya una entidad gestora de este fondo, el organismo público Institut Català de Finances (ICF) lo gestionará provisionalmente, y Giró destacó que "no hay desplazamiento patrimonial de dinero de la Generalitat" hasta que no lo exija una sentencia firme, lo que puede ocurrir si el caso llega al Tribunal Supremo.
En ese escenario, la Generalitat no exigirá el retorno del dinero avalado hasta que no se agote la vía de recurso a la Justicia internacional, lo que puede suponer años de espera. Giró reivindicó que "lo que se está haciendo es velar por proteger el derecho de presunción de inocencia" de los cargos públicos.
Caja de Solidaridad vacía
En paralelo, las entidades independentistas han reactivado la recogida de donativos para la Caja de Solidaridad, que actualmente dispone de solo 400.000 euros, para hacer frente a las responsabilidades económicas exigidas a los líderes del procés.
La ANC también ha presentado un escrito al juzgado número 13 de Barcelona para que devuelva a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas por el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que por lo tanto considera que es un pago duplicado.
Si consiguen dicha devolución, la destinarían a las nuevas fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas respecto a gastos en el exterior para hacer campaña internacional de la causa secesionista.
La Caja de Solidaridad también sirvió para completar en 2019 las fianzas por valor de 4,9 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exigió a una decena de cargos del Govern de Artur Mas por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Aragonès, de ERC, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, también hablaron de las fianzas del Tribunal de Cuentas, entre otros temas, en su primera reunión institucional, tras la que Borràs celebró el nuevo fondo como respuesta obligada a la "represión" y a un organismo con efectos "inquisitoriales y anacrónicos", informó Ep.
