La reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat este mes de julio, centrada en temas económicos, es el primer fruto del encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, el 29 de junio, y tras esta cita en el calendario, todavía por concretar, está la necesidad del Ejecutivo de PSOE y Podemos del apoyo de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Aragonès lo sabe, y por ello la Generalitat quiere conseguir soluciones, no solo a reivindicaciones históricas, sino que elevará las exigencias, mientras que Sánchez acudirá reo de las promesas que hizo al anterior presidente catalán, Quim Torra, con su Agenda para el reencuentro de febrero de 2020, justo antes de que estallase la pandemia.
La comisión bilateral debería reunirse dos veces al año, según el Estatut, pero no lo hace desde agosto de 2018, y la anterior reunión fue en 2011. Con seis miembros por cada parte, la delegación estatal estará liderada por el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que precisamente inspiró la mencionada Agenda para el reencuentro del año pasado, cuando todavía estaba al frente del PSC en Cataluña, un documento con 44 puntos que se abría a negociar en la comisión bilateral mejoras en inversiones, financiación, objetivos de déficit y traspasos. También se comprometía a estudiar avances en autonomía financiera y tributaria para Cataluña, pero en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de CCAA para la renovación del sistema de financiación autonómica.
Aquellos 44 puntos eran ya un reclamo con el que intentar recabar el apoyo de los independentistas catalanes a las Cuentas estatales de 2020, pero fue fallido, lo que llevó a una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo. ERC sí apoyó los PGE de 2021, que supusieron para Cataluña el mayor porcentaje histórico sobre la inversión regionalizable total (17,1%), con más de 2.100 millones de euros. Sin embargo, el Govern de Pere Aragonès quiere seguir presionando para lograr un peso equivalente a la aportación de Cataluña al PIB estatal, que ronda el 18%. Además, incide en que el nivel de ejecución presupuestaria estatal es siempre muy inferior a lo previsto, y reclama un cambio de tendencia.
En 2018, el Estado invirtió 756 millones de euros en Cataluña, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recopilados por la Generalitat. Esta inversión liquidada fue un 57,7% de la presupuestada, que era de 1.312 millones (el 13,4% del total), y supuso un 10,4% del total de inversión ejecutada regionalizada. En 2019 y 2020 no hay datos de presupuesto regionalizado porque hubo prórroga presupuestaria en el Estado, pero las inversiones liquidadas en Cataluña fueron de 811,7 millones en 2019 (el 10,8% del total regionalizado) y de 957,2 millones en 2020, el 12,7% del total.
Uno de los caballos de batalla de la Generalitat es reducir su dependencia del Estado, que ronda el 80% tanto respecto a transferencias del modelo de financiación autonómica como a financiación de deuda. En los tres primeros trimestres de este año, la inyección del Estado a Cataluña es de 12.527 millones (incluyendo 1.487 millones de los fondos europeos React), lo que supone el 39% del total de lo que se reparten las autonomías acogidas a mecanismos de liquidez.
El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, reprocha que Cataluña recibe un trato injusto tanto en financiación como en inversiones, y pretende reducir el déficit fiscal del Estado con Cataluña y elevar el margen de déficit autonómico para ganar "soberanía financiera". Según sus cálculos, el déficit fiscal actual asciende a entre 18.000 y 20.000 millones de euros, frente a los 17.000 que estimaba la Generalitat en 2016, y reclama que el techo de déficit autonómico para 2022 sea del 1,1%, como este año, en vez del 0,6% que el Estado ha enviado en su planificación a Bruselas, un salto que supone una diferencia de "casi 1.000 millones" de margen de gasto para Cataluña.
Traspasos y fondos europeos
En materia de traspasos, el programa de Gobierno sellado entre PSOE y Unidas Podemos para el Ejecutivo de coalición ya prevé al menos estos previstos en el Estatut: la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo y la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional. Asimismo, el Gobierno español contempla ampliar el traspaso de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de la Justicia. Pero la Generalitat quiere ir más allá, y reclama controlar la gestión del Puerto y el Aeropuerto de Barcelona, Rodalies y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), incluyendo la transferencia de sus partidas económicas asociadas.
Además, este año hay una novedad en la que el Gobierno catalán quiere tener protagonismo: los fondos europeos para la recuperación, que aspira a cogestionar con el Estado para tener voz y voto en la selección de proyectos impulsados desde Cataluña, y no limitarse a gestionar lo que el Gobierno central decida.
Aragonès ha sido claro al respecto: el apoyo de ERC a los PGE de 2022 dependerá de lo que prevean para Cataluña y del papel que el Gobierno deje jugar a la Generalitat en la gestión de la lluvia de millones comunitaria que debe contribuir a la reactivación económica postpandemia. Y todo eso es lo que debe tratar la comisión bilateral Estado-Generalitat, mientras que la negociación del conflicto político queda para la mesa de diálogo prevista para septiembre.
