Las principales patronales españolas tienen claras las prioridades de los empresarios de cara al 2020 y por ello reclaman al nuevo Gobierno mesura y análisis en la toma de decisiones que afecten a la marcha del empleo como el posible incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) o la subida del impuesto de Sociedades.

España afronta un 2020 en el que poner en marcha unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que permitan dejar atrás las Cuentas que en 2018 aprobara Cristóbal Montoro, va a ser todavía más difícil. Desde enero entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, un episodio de la Carta Magna que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea, como el ajuste estructural anual del 0,65% al que obliga Bruselas en 2020 o a tener que rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% que marcan las reglas de Bruselas, algo prácticamente posible. De ahí que expertos consultados por este medio alerten de que, en la situación actual, cualquier gasto en el que quiera incurrir el futuro Ejecutivo a través de los Cuentas corre el riesgo de ser recurrido y judicializado.

Los empresarios y expertos coinciden en señalar los efectos económicos nocivos de sobredimensionar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), y no solo porque, como consecuencia, sus costes laborales repunten muy por encima de la inflación y la productividad, sino porque el impacto para la economía en general es negativo.