Madrid
España afronta un 2020 en el que poner en marcha unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que permitan dejar atrás las Cuentas que en 2018 aprobara Cristóbal Montoro, va a ser todavía más difícil. Desde enero entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, un episodio de la Carta Magna que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea, como el ajuste estructural anual del 0,65% al que obliga Bruselas en 2020 o a tener que rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% que marcan las reglas de Bruselas, algo prácticamente posible. De ahí que expertos consultados por este medio alerten de que, en la situación actual, cualquier gasto en el que quiera incurrir el futuro Ejecutivo a través de los Cuentas corre el riesgo de ser recurrido y judicializado.
De esta manera, lo que hasta ahora era un mandato de Bruselas pasa ahora a ser un dictado constitucional. "El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros", reza el artículo que ahora entra en vigor y que convierten en ley nacional las cifras de cumplimiento europeas. Lo que antes era externo al ordenamiento juríridco español, ahora es interno.
Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo y socio de Cremades y Calvo-Sotelo, alerta de las graves consecuencias legales de esta situación. "Entran en vigor los porcentajes específicos que dictaba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es algo que ahora se recoge con unos requisitos cuantificados, con lo que hay una prescripción legal específica y son techos de déficit y endeudamiento que no pueden dejar de cumplir. El semestre europeo fija unas orientaciones vinculantes. Si se tiene un déficit por encima de un porcentaje. ese déficit se tiene que corregir con los Presupuestos, así como el déficit estructural", en cuya formación ha tenido mucho que ver una medida "totalmente extraordinaria", como el rescate bancario.
"No te puedes meter entre pecho y espalda semejante reducción, entre otras cosas porque tienes un montón de deuda prorrateada". Todo esto provoca que "no se pueda aprobar una Ley de Presupuestos. En esta situación, se podrían impugnar medidas de gasto que apruebe el Gobierno y que tuvieran como consecuencia incurrir en un déficit o en deuda. Con este cambio, me puedo llevar por delante un contrato de una línea de alta velocidad si este contrato supusiera un incremento del déficit o de la déuda pública. De entrada no puede incrementar el volumen neto de deuda pública, eso sería radicalmente nulo".
Las directrices de Bruselas sobre las finanzas españolas pasan a ser dictado constitucional
Esto llevaría a una situación dramática en algunos gastos del Estado. "Los préstamos a la Seguridad Social, por ejemplo, para permitir cuestiones como la paga extra de las pensiones, son imposibles" y afirma que "ninguna entidad que se precie le dejaría dinero a la Seguridad Social si no se asegura que esto está debidamente cubierto por una previsión presupuestaria que tenga cubiertos los máximos de déficit y de endeudamiento.
En su opinión, "nos la vamos a tener que coger con papel de fumar. Los déficits que están acumulados tienen que corregirse. Otra cosa es el nivel de apretura que tengamos. Además, todo tiene que ser realista. Los incrementos impositivos que se plantean son imposibles. Todo gasto tiene que estar justificado con ingresos".
Sin hacer los deberes
En el fondo, el problema está en que no se hicieron los deberes. "Durante estos años las Administaciones Públicas estaban obligadas a haber reducido su endeudamiento a los porcentajes que indica la ley orgánica. Eso no se ha producido, con lo cual arrastramos todo este endeudamiento. Ha habido tímidos intentos, pero no se ha logrado". "La situación es imposible, no se podría cumplir en un ejercicio una reducción de la deuda de tal calado como para estar dentro de los límites que marca la normativa europea, indica Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.
Sin embargo, este experto no cree que el impacto legal vaya a ser tan elevado como prevé Ruiz Ojeda. "Será siempre un efecto condicionante político" que, bajo su punto de vista, va a servir para que el Estado pueda presionar más a las regiones para cumplir con sus metas de déficit. En cualquier caso, alerta: "No creo que se vayan a ver recursos contra la Ley de Presupuestos, porque se metería al Tribunal Constitucional en un barullo, del que no sería capaz de salir. Son concepto inmanejables para esta estancia", afirma.
