Los empresarios y expertos coinciden en señalar los efectos económicos nocivos de sobredimensionar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), y no solo porque, como consecuencia, sus costes laborales repunten muy por encima de la inflación y la productividad, sino porque el impacto para la economía en general es negativo.
Exacerbar la subida del salario mínimo genera desempleo -nada recomendable en una época de desaceleración del crecimiento económico- y propicia el aumento de la economía sumergida, al tiempo que menoscaba la competitividad exterior de la economía española y castiga especialmente a las pymes. No solo se pronuncian en este sentido los expertos consultados por elEconomista. También las organizaciones patronales y los centros de estudio públicos y privados nacionales y supranacionales.
Sucede que el alza del SMI tiene un efecto arrastre sobre las cotizaciones y engrosa los costes empresariales en general, no solo de los trabajadores que se sitúan en esa franja salarial. El alza del 22% protagonizada el pasado enero por el SMI (ahora en 900 euros mensuales en 14 pagas) ha elevado las cotizaciones de forma correlativa y revienta las costuras de las cuentas las empresas, sobre todo las de pequeño tamaño, que moderan sus decisiones de contratación y, en ocasiones, tiene que prescindir de algún trabajador o reducir su jornada. Por eso, las principales patronales desaconsejan la hoja de ruta del PSOE y Unidas Podemos según la cual el SMI subiría gradualmente hasta situarse en 1.200 euros en 2023.
No olvidemos que el alza salarial en convenios se sitúa en el 2,3% y que la última encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística arrojó en el tercer trimestre un alza del 2,2% en los costes laborales, que duplica la inflación subyacente (en el 1% en noviembre) y quintuplica el índice general de precios, en el 0,4 en el mismo mes. Todo ello desequilibra el juego de ingresos y costes y aleja la subida salarial de su referencia: la productividad, que ha caído mientras subían los costes laborales, cuando debían llevar un perfil de crecimiento acorde con ella.
Cierto es que no hay una cifra que asocie un porcentaje de alza del SMI con un número determinado de destrucción de puestos de trabajo porque, como explica el economista jefe de Civismo, las alzas del coste laboral se han operado en el pasado en momentos de crecimiento económico y han impedido empíricamente calcular su impacto en el desempleo. Pero en la tesitura actual, de descaleración económica, lastrar más las cuentas de las empresas tendrá sin duda una consecuencia negativa para el empleo. Algo que no conviene nada a España, máxime tras el reciente rapapolvo de la Comisión Europea, afeando sus grandes cifras macroeconómicas, en especial las de deuda (cerecana al cien por cien del PIB), las de desempleo, donde nuestro país arroja la segunda peor tasa de la UE (13,9%), solo empeorada por la rescatada economía griega, así como las de costes laborales, del 2,2%, frente a una productividad que cae el 0,2% en los últimos registros.
Una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está en la cocina y a las patronales no les gusta nada la idea, y menos todavía si no se pacta en el seno de la Mesa del Diálogo Social. Avisan de que nuevos incrementos, y más si son del calado del último, del 22,3%, son contraproducentes para la economía y para el empleo.
Así lo indican fuentes de la patronal Cepyme. "Es una medida claramente contraproducente para la economía, que puede generar incrementos salariales en cascada y tener efectos negativos en la generación y mantenimiento del empleo y que producirá un aumento de la economía sumergida", avisan.
Además, consideran que "los efectos de la subida del SMI los asumen las empresas, en su mayoría pymes, para las que representa en muchos casos un incremento inasumible de costes, condicionando su capacidad de crear empleo y su propia viabilidad económica. Por eso, consideramos que es un tema complejo y delicado que debería abordarse en el marco del diálogo social, en el que los interlocutores sociales alcanzamos en 2016 un acuerdo de incremento progresivo del SMI condicionado a factores que lo hiciesen compatible con la mejora económica, la competitividad de las empresas y el mantenimiento del empleo".
Se trata de un diagnóstico que, en diversas intervenciones, ha compartido el Círculo de Empresarios, que ha lamentado que el colectivo al que este órgano representa percibe que el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ejecutado en el presente año penalizan la competitividad de las empresas.
¿Y qué opina al respecto la principal patronal española, la CEOE? A pesar del compromiso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aspira a mantener el cargo tras una eventual investidura en 2020, con su socio de Podemos, Pablo Iglesias, de que la subida del SMI se pactará en la Mesa del Diálogo Social, los rumores de que el alza vendrá dada por la insistencia de los sindicatos y de Unidas Podemos en una cifra fijada en unos 1.000 euros -un 11% más que los 900 actuales-, son insistentes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avisó esta semana, tras contactar con Sánchez, que en un momento de desaceleración como el actual y tras la fuerte subida que experimentó el SMI en 2019, este asunto debería "dejarse en manos" de empresarios y sindicatos. "Lo que no vale es que el acuerdo venga dado", precisó también en alusión a lo ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno llegó a un pacto con Podemos para subir el SMI a 900 euros mensuales sin contar con los agentes sociales. En este sentido, Garamendi volvió a advertir de que una subida del SMI a 1.000 euros mensuales "llevaría a mucha más gente a la economía sumergida" y habría actividades que no podrían asumirlo.
"Estoy al cien por cien de acuerdo", indica el presidente de la Asociación de Trbajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, a elEconomista. "Subir el SMI en la medida en la que se quiere subir es una barbaridad. Haría un daño terrible al empleo y generaría más economía sumergida. En todo caso, se debe pactar con sindicatos y con patronales". En este sentido, Amor avisa de que hay que aprender del impacto de la última subida en el mercado laboral. "Claro que se ha notado. Se ha reducido la creación de empleo. Y para los que dicen que esta subida supone una inyección para la economía, que recuerden que los beneficios de las empresas no han subido un 33% en los últimos dos años", como sí lo haría el salario mínimo si se aprobara su incremento a los 1.000 euros para 2020. "Este tipo de subidas se tienen que conectar con la productividad", concluye. Por otro lado, fuentes de la patronal española indican que, "sin entrar en cifras, lo que reclama la CEOE es que cualquier modificación del SMI se negocie en el diálogo social y que se respeten los acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva. No todos los sectores y empresas pueden asumir los mismos incrementos de los costes laborales y eso debe tenerse en cuenta".
Las polémicas sobre la subida del salario mínimo han sido numerosas desde que se anunciara la medida. Tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como el Banco de España alertaron de su impacto negativo en la generación de puestos de trabajo, aunque es cierto que el organismo que preside José Luis Escrivá se lo pensó y consideró que, ante la falta de evidencias al respecto, retiraba su queja.
Este no es el caso del Banco deEspaña, que se mantiene en sus trece. A principios de este año, pronosticó que la subida provocaría que 125.000 personas podrían perder su puesto de trabajo como consecuencia de la subida del SMI, una teoría que mantiene a pesar de que estas cifras, dentro de la estadística, no se han podido corroborar aún. En este sentido, insisten en que su efecto solo se podrá constatar a largo plazo. De hecho, de cara a una futura subida, el supervisor ha avisado de su posible efecto negativo. Y no es el único. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, afirmó ante la última subida del SMI que los salarios no se pueden elevar por decreto, sino que tienen que reflejar un aumento de la productividad, por lo que "no es una idea muy buena", porque es demasiado "rápida, brusca y puede provocar pérdidas de empleo".
Además, no está claro que la subida del 22% del SMI aumente las rentas totales de los asalariados, quizás sí de los que mantengan el empleo, pero "habrá gente a la que no se le renueven contratos o incluso se les rescindan. Es el problema de hacer las cosas por decreto, habría que tener más cuidado con eso".
Mientras, el Gobierno va a haciendo sus primeros análisis sobre el impacto de la subida salarial. En el correspondiente informe, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social asegura que no se percibe impacto alguno sobre el empleo, salvo en el caso del empleo doméstico y agrícola. De hecho, la economía española ha absorbido "muy bien" la elevación del SMI.
El análisis, que se presentó a la AIReF, resaltó que el empleo de personas que cobran el SMI había aumentado, al igual que lo ha hecho el número de personas que cobran más que el SMI. . No obstante, admitió que la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales ha causado problemas en el sector agrario y en el de empleadas de hogar.
Lo reconoce el Gobierno
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó recientemente que 13.000 personas han dejado de cotizar al sistema de empleadas del hogar, porque, al mejorarse los salarios de otras ocupaciones, han abandonado el empleo doméstico. El problema, ha añadido, es que estas personas han sido sustituidas por otras en situación irregular y, por tanto, no cotizan al sistema. "Esto lo sabe todo el mundo, incluso las organizaciones que trabajan con personas inmigrantes", resaltó Granado, tras afirmar que lo que pasa es que este problema "no se puede controlar a través de la Inspección de Trabajo, entre otras cosas, porque el domicilio sigue siendo inviolable". Respecto a los problemas que se han detectado en el sector agrario tras el alza del SMI, Granado recordó que cuando mejoran el empleo y las retribuciones la gente vuelve a abandonar el empleo agrícola y busca trabajo en servicios.
En este sentido, reconoció que se está notando alguna disminución en el número de horas declaradas. "Es posible que a una persona a la que antes le pagaban dos horas más con un SMI con una base declarada de 150 euros inferior, ahora le paguen las horas según el salario mínimo y en vez de pagarle dos horas más siga haciendo dos horas, pero le paguen solo una", ha explicado.
Esto supone, según Granado, que hay una parte de trabajadores que en lugar de haber visto incrementar su salario un 22%, como consecuencia de la subida del SMI, solo han mejorado sus retribuciones "un 11, un 12, un 13 o un 14%".
