Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC

Benjamí Anglès Juanpere. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC Tiempos aciagos para Hacienda en el terreno judicial. Acaba de publicarse una nota del Tribunal Constitucional declarando que las modificaciones del Impuesto de Sociedades introducidas en su día por el ministro Montoro, que limitaban determinadas compensaciones y deducciones perjudicando a no pocos contribuyentes que vieron negada la posibilidad de reducir sus cuotas tributarias, son inconstitucionales. El alto tribunal recuerda, por enésima vez, que el tipo de norma utilizada -el decreto-ley- no se puede utilizar para alterar los elementos esenciales de los tributos, lo cual ya era conocido por todos.

Que llevamos meses con los precios disparados y una subida de la inflación que no se veía en años es algo que todos sabemos y padecemos. Es evidente que una fuerte subida del coste de bienes y servicios, por encima de salarios y beneficios empresariales, nos hace a todos más pobres y nos obliga a replantearnos nuestros gastos y quizás nuestro estilo de vida.

En plena tramitación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos para el año 2024, ya han empezado a sonar las alarmas de las subidas generalizadas de los impuestos municipales para el próximo año. Ya viene siendo habitual que, después de las elecciones locales, los nuevos consistorios aprovechen para subir significativamente sus ingresos tributarios el primer año de mandato, ya sea para poder sacar adelante todas las promesas hechas en campaña o para reducir las deudas de los anteriores equipos de gobierno. En todo caso, el hecho de que las siguientes elecciones municipales no sean hasta dentro de cuatro años, también ayuda a adoptar esta decisión.

Opinión

Aunque a la vista de las actuales cifras de ocupación parezca que las actividades de hostelería y restauración se han recuperado, no podemos olvidar que todas ellas arrastran aún los efectos de la pandemia del Covid19, especialmente por el largo período de cierre forzoso de los locales durante el confinamiento obligatorio de la población. Eso las actividades que siguen abiertas, porque muchas no lo lograron.

Opinión

Ya ha empezado la campaña de renta y vuelven las dudas de qué hacer si se tienen criptomonedas. El consejo es declarar y tributar como con cualquier otro activo, y más tras la reciente aprobación del desarrollo reglamentario de las obligaciones de declarar la tenencia y las operaciones realizadas con monedas virtuales.

Sin duda, los abonados a las series de televisión tienen en la plusvalía municipal una gran historia, ya que, además de ser el cuento de nunca acabar, se producen giros en la trama que mantienen entretenidos a sus seguidores.

Cuando aún no se han recuperado los ayuntamientos del palo del Tribunal Constitucional de 2021 sobre el cobro indebido de la plusvalía municipal, en aquellos casos en los que no se ha generado ninguna ganancia por la venta de un inmueble, ahora el Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia anulando el tipo impositivo especial del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que el Ayuntamiento de Madrid venía aplicando a los aparcamientos, y declarando que tendría que aplicarse el tipo general de menor cuantía, de modo que las cuotas a pagar serían significativamente inferiores.

Ante el desconcierto del respetable, tenemos nueva faena del Tribunal Supremo, que acaba de brindar una sentencia fallando que los intereses de demora, que paga Hacienda cuando acuerda una devolución de ingresos indebidos, son una ganancia patrimonial para los contribuyentes que los perciben, de modo que están sujetos al Impuesto de la Renta.

Tras meses de duras negociaciones y de tira y afloja entre los socios comunitarios, finalmente los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han acordado por unanimidad aplicar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales que superen los 750 millones de euros de ingresos anuales. Este acuerdo llega tras el alcanzado en similares términos por la OCDE el año pasado, y tendría que entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2023.

A través de la propuesta de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y a las entidades de crédito, el Gobierno quiere introducir el nuevo Impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Con este nuevo impuesto, se pretende complementar el actual Impuesto sobre el patrimonio, cedido a las Comunidades Autónomas, y aplicar un nuevo gravamen al patrimonio neto de las personas físicas cuando sea superior a los 3 millones de euros.