Benja Anglès Juanpere, profesor de la UOC
El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona y considera ajustada a derecho la tasa por el servicio de recogida de residuos generados en domicilios particulares aprobada en 2020 por el gobierno municipal de Ada Colau. La cuota de esta tasa no venía determinada por la cantidad de basura generada sino por el consumo de agua de cada domicilio, lo que en su día provocó una gran oposición que terminó ante los tribunales.
El alto tribunal considera que el principio de quien contamina paga, atendiendo a la normativa aplicable en el momento de la aprobación de la tasa, no exigiría la determinación previa e individualizada del volumen de residuos generados por cada individuo sujeto a la tasa, a los efectos del cálculo de la cuota tributaria, sino que conociendo el consumo de agua de cada vivienda sería suficiente.
Explica la sentencia que, dado que el consumo de agua depende, entre otros factores, del número de personas que habitan en un domicilio y de su nivel de renta, ambos serían indicios explicativos racionales y suficientes de la generación de residuos. Por ello, estima razonable que la tasa atienda al consumo de agua como criterio válido para determinar la producción de residuos domésticos.
No obstante, se trata de una victoria fútil, ya que en 2022 se aprobó la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular. De acuerdo con esta ley, de origen comunitario, las entidades locales tienen que aprobar, en un plazo de tres años, una nueva tasa que permita establecer un sistema de pago por generación, el cual refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Es decir, en 2025, o antes, los ayuntamientos tendrán que establecer una nueva tasa por el servicio de recogida y tratamiento de basuras que tenga en cuenta, en el momento de determinar la cuota, la generación de residuos de cada domicilio. De este modo, cada hogar contribuirá en función de la generación efectiva de residuos, haciendo realidad la máxima de quien más contamina, más paga.
Pues bien, la norma europea que da origen a la ley española rechaza que el cálculo de los residuos pueda realizarse a partir del consumo de agua, poniendo fin a la tasa de Barcelona, e introduce el concepto de pago por generación que puede utilizar diferentes métodos para conocer la cantidad de residuos generados.
Por ejemplo, existe el método puerta a puerta, que pone el foco en el peso de los residuos, así como en la frecuencia de la recogida en cada domicilio. Y también existen los contenedores inteligentes, que calculan el peso y la frecuencia de uso mediante la identificación de los usuarios, ya sea con tarjetas magnéticas o códigos de barras.
En cualquier caso, allí donde se aprueban las nuevas tasas, los contribuyentes ya están notando la subida de las cuotas con el argumento de que los nuevos sistemas de recogida, más sofisticados, tienen un coste más elevado. Sin embargo, el objetivo de la ley es fomentar la recogida selectiva, el reciclaje y la reducción de los desechos generados por los ciudadanos, de modo que la nueva tasa también tendría que "premiar" aquellos contribuyentes que generan menos residuos con una cuota a pagar mucho menor.
Estamos de nuevo ante el debate de la verdadera finalidad de los llamados "impuestos verdes" que, más que favorecer las conductas y actividades poco o nada contaminantes, en realidad serían una nueva fuente de ingresos tributarios con poco impacto en las políticas contra el cambio climático.
Por todo ello, la nueva tasa de basuras no tendría que contemplar únicamente los mayores costes de implementar sistemas más personalizados de recogida de residuos, sino también las reducciones de la cuota que tendrán aquellos contribuyentes que generen menos basura y cómo se aplicarán, de forma que puedan y sepan cómo hacerlo.
Dado que el importe de la tasa depende de cada ayuntamiento, ya se verán los métodos y cálculos de cada uno, y cuantas terminarán de nuevo ante los tribunales. Mientras tanto, tendremos que seguir reciclando por el bien del planeta porque, por el bien de nuestros bolsillos, parece que aún no toca.