Redactor de empresas de elEconomista
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El BBVA y el holding formado por Caixabank y Criteria Caixa recibieron con desconcierto la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) pudiera comprar hasta el 10% de Telefónica. Los planes internos de los principales inversores españoles de la teleco eran diferentes. Y también mucho más sutiles. Por lo pronto, la estrategia inicial de las dos entidades financieras consistía en crear un núcleo duro español capaz de proporcionar estabilidad accionarial en la multinacional que preside José María Álvarez-Pallete. Para ello, bastaría con sindicar las acciones del banco vasco (4,87%) y las del holding catalán (5,90%). Esa participación conjunta alcanzaría el 10,77% del capital, porcentaje al que se podría añadir una pequeña participación de la Sepi.

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La intención de la SEPI de alcanzar hasta el 10% del capital de Telefónica cuenta por el momento con el apoyo de UGT, siempre que el movimiento aporte estabilidad a la compañía. Ese anuncio de la sociedad pública, junto con la posible compra de Saudi Telecom de alcanzar hasta el 9,9% de la teleco, refuerzan el posicionamiento en bolsa de la compañía. Según la central sindical, este fortalecimiento no sólo garantiza la españolidad de Telefónica, sino que debe eliminar las incertidumbres existentes sobre la posible venta de activos de valor de Telefónica hacia terceros actores. Este riesgo, según UGT, evita el riesgo de operaciones realizadas por Telecom Italia, como la venta de su red de fijo a un fondo de inversión.

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El Consejo de Ministros ha autorizado la irrupción de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica, con una participación de hasta el 10%, que en precios de mercado se valora actualmente en poco más de 2.000 millones de euros. Con este movimiento, el brazo empresarial del Ejecutivo se convierte en el mayor accionista de la multinacional de telecomunicaciones. De hecho, al referido 10% que podría alcanzar la SEPI se sumaría el 5% que actualmente dispone el fondo Saudí Telecom (STC), cuya sintonía con Moncloa es completa según explican a elEconomista.es fuentes conocedoras de la situación. “Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”, afirma el Ejecutivo en un breve comunicado, difundido al término del Consejo de Ministros.

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El Grupo Saudi Telecom (STC) ha ingresado esta semana 43,05 millones de euros procedentes de su primer dividendo en Telefónica, fruto de la inversión en la teleco realizada el pasado septiembre. En concreto, el grupo que dirige Olayan Mohammed al-Wetaid adquirió cerca de 287.000 acciones de la multinacional española, equivalente al 4,99% del capital del grupo que preside José María Álvarez-Pallete, una participación que ha puesto en valor a razón de 0,15 euros por título. Esta retribución unitaria por acción supone una rentabilidad del 3,7% a precios actuales, lo que viene a ser la más generosa -junto con Metrovacesa, de 3,8%- de entre el reparto de dividendo del calendario español.

“Un tercio de los ciudadanos ha reducido las notificaciones de sus smartphones, uno de cada cinco limita el tiempo que consume frente a la pantalla y una cuarta parte ha eliminado por completo las aplicaciones y los dispositivos inteligentes”. Los datos forman parte de un estudio de tendencias de Accenture donde se analizan los aspectos tecnológicos que ocuparán a gran parte de la humanidad durante los doce próximos meses. Según los expertos consultados por elEconomista.es, ha llegado el momento de considerar la desintoxicación tecnológica como una opción a valorar por el conjunto del ecosistema para los próximos años. El denominado pantallismo, o dependencia de las pantallas, forma parte silenciosa de las patologías de miles de millones de personas en el mundo.

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Telefónica ha rebajado a poco menos de 4.000 puestos (3.959 empleos) la aceptación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), lo que significa 1.124 menos de los inicialmente previstos (5.124), al tiempo que la compañía ha presentado una propuesta económica que ha encontrado el rechazo rotundo de los sindicatos. En concreto, la teleco ofrece un Plan Social basado en tres tramos para las salidas de los despidos colectivos, en función del año de nacimiento: para las personas nacidas en 1968, un 60% del salario regulador hasta los 63 años y un 30% hasta los 65 años; para las personas nacidas en 1967, 1966 o 1965, un 55% del salario regulador hasta los 63 años y un 30% hasta los 65 años y para las personas nacidas en 1964 o anteriores un 50% del salario regulador hasta los 63 años y un 30% hasta los 65 años.

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Los consejos de Administración y el Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland (Alemania) Alemania han recomendado la aceptación de la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada por la matriz, el grupo Telefónica, el pasado 7 de noviembre sobre el 28% de la sociedad que no controla. Según la declaración motivada conjunta de ambos consejos, la opa de Telefónica Local Services GmbH (de la que Telefónica es el único accionista), tiene las bendiciones de los referidos organismos para transferir todas las acciones de Telefónica Alemania no poseídas directamente por Telefónica a cambio de una contraprestación en metálico de 2,35 euros por acción, equivalente a 1.970 millones.

La futura ley europea de Inteligencia Artificial ofrecerá nuevas fuentes de ingresos a los generadores de contenidos digitales, entre ellos a los editores de prensa online. En concreto, según se desprende de los borradores de la futura normativa, los creadores online podrán etiquetar sus obras con un nuevo sello, denominado option in, que permitirá a las empresas propietarias de herramientas de Inteligencia Artificial acceder libremente a esos materiales para el entrenamiento de Chat GPT, de Open Ai, o las diferentes versiones de Gemini, de Google, entre otros gigantes del sector. De la misma forma, los editores podrían impedir dicho acceso con la etiqueta optout. En ese caso, la inteligencia artificial no podría nutrir sus algoritmos, por ejemplo, con el histórico de las publicaciones de cualquier periódico digital, salvo que decida poner un precio a ese colosal repositorio de contenidos y conocimiento. Por lo tanto, será decisión de los generadores de contenidos si ponen o no en valor sus publicaciones ante los creadores de inteligencia artificial.

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Los efectos colaterales del acuerdo de Digi con Orange-MásMóvil podrían golpear antes de tres años la cuenta de resultados de Telefónica, cuya filial española está llamada a perder a su principal cliente mayorista. En concreto, el operador rumano tiene la opción de migrar sus servicios de roaming hacia la compañía resultante de la fusión Orange España y MásMóvil. Hasta la fecha, el operador de origen rumano mantiene un acuerdo firmado con Telefónica hasta septiembre de 2026 de provisión de servicios de redes móviles, por lo será a partir de esa fecha cuando la multinacional líder del mercado español dejará de ingresar los 300 millones de euros al año que actualmente proporciona Digi, según estimaciones de los analistas. En el supuesto de que Digi rompiera el contrato de roaming con Telefónica antes de 2026, el grupo se vería obligado a indemnizar a su socio por un importe que no ha trascendido.

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Los efectos colaterales del acuerdo de Digi con Orange-MásMóvil prevén golpear antes de tres años la cuenta de resultados de Telefónica, cuya filial española está llamada a perder a su principal cliente mayorista. En concreto, el operador rumano se ha comprometido a migrar sus servicios de roaming hacia la compañía resultante de la fusión Orange España y MásMóvil. Hasta la fecha, el operador de origen rumano mantiene un acuerdo firmado con Telefónica hasta septiembre de 2026 de provisión de servicios de redes móviles, por lo será a partir de esa fecha cuando la multinacional líder del mercado español dejará de ingresar los 300 millones de euros que actualmente proporciona Digi. En el supuesto de que Digi rompiera el contrato de roaming con Telefónica antes de 2026, el grupo se vería obligado a indemnizar a su socio por un importe que no ha trascendido.