Madrid
El BBVA y el holding formado por Caixabank y Criteria Caixa recibieron con desconcierto la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) pudiera comprar hasta el 10% de Telefónica. Los planes internos de los principales inversores españoles de la teleco eran diferentes. Y también mucho más sutiles. Por lo pronto, la estrategia inicial de las dos entidades financieras consistía en crear un núcleo duro español capaz de proporcionar estabilidad accionarial en la multinacional que preside José María Álvarez-Pallete. Para ello, bastaría con sindicar las acciones del banco vasco (4,87%) y las del holding catalán (5,90%). Esa participación conjunta alcanzaría el 10,77% del capital, porcentaje al que se podría añadir una pequeña participación de la Sepi.
Con esos supuestos, se aseguraría la españolidad en el consejo de la multinacional y, por lo tanto, se podría contrarrestar un eventual incremento hasta el 10% de Saudi Telecom (STC), fruto de la posible conversión de los derivados de los derivados del grupo árabe en títulos con pleno derecho.
Todas las cábalas saltaron por los aires en cuanto el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la adquisición de hasta el 10% de Telefónica por parte de la Sepi. Ese porcentaje permitía al brazo inversor del Gobierno equilibrar el poder máximo al que puede aspirar STC y sin necesidad de terceros.
Pese a la sorpresa del pasado martes, los accionistas de Telefónica asumían que, en cualquier momento, la Sepi podría comprar una participación en Telefónica. Así lo reconoció la empresa pública en un hecho relevante el pasado 31 de octubre, documento donde la sociedad estatal valoraba la entrada en la teleco, pero entonces sin especificar el porcentaje. Ahora bien, aquella posible compra de acciones en Telefónica quedaba condicionada a una monitorización previa y un "análisis exploratorio interno", pero sin presuponer necesariamente dicha adquisición.
Apenas mes y medio más tarde, el Gobierno anunció un nuevo paso previo a la irrupción efectiva de la Sepi en Telefónica, cuyo porcentaje aún sigue siendo una incógnita. Lo único que se conoce es que la ofensiva de la Sepi en el grupo de telecomunicaciones podría cifrarse en el 10%, por lo que podría limitarse a un 5, un 6 o un 7%, por ejemplo. Por lo anterior, el coste de la desprivatización de Telefónica podría superar levemente los 2.000 millones de euros.
Tras el golpe en la mesa del Gobierno del pasado martes, los bancos desbarataron sus estrategias defensivas para hacer causa común con la Sepi, en calidad de futuro entrante. En las últimas horas, según ha podido corroborar este periódico, "reina la tranquilidad en el seno del consejo de la teleco", una vez que BBVA y el holding formado por Caixabank y Criteria Caixa prevén acoger amistosamente a la Sepi. La figura del presidente de Telefónica también aporta cohesión al consejo, una vez que Álvarez Pallete ha empezado a construir con STC un futuro con intereses empresariales compartidos, en torno al plan estratégico 2023-2026, anunciado el pasado noviembre.
Fuentes conocedoras de la situación reconocen a este periódico que el fondo soberano propietario de STC mantiene excelentes relaciones con el Gobierno español, con negocios en otros sectores de actividad, como metro de Riad, el AVE al Haramain o la construcción de buques encargados a Navantia. Esa afinidad estratégica entre estados -Arabia Saudita y España-, animaría a STC a aliarse con con los accionistas españoles en caso de una opa hostil por parte de cualquier otro inversor extranjero.
La sindicación de las acciones de las dos entidades alcanzaría el 10,77% del capital