El presidente Pedro Sánchez se afana, en los últimos días, a la hora de establecer un cordón sanitario en torno a su Gobierno, asegurando que los escándalos de corrupción que han aflorado se circunscriben al Partido Socialista. La realidad, sin embargo, evidencia que los diferentes ministerios, entre ellos cinco marcadamente económicos, que componen el Gabinete de Sánchez se estrellan, desde el inicio de la legislatura, con graves dificultades para sacar adelante leyes clave para sus estrategias. La causa estriba en la falta de solidez de sus apoyos parlamentarios o de los sectores afectados. Tan compleja situación tiene todos los visos de que se enquistará aún más ante el descontento que los casos Koldo, Ábalos, Cerdán... provocan en los socios del Ejecutivo de coalición.

Agosto de 2026 sigue marcado a fuego en el calendario de la Comisión Europea como el tope temporal para que los Estados miembro reciban y ejecuten las transferencias y créditos Next Generation. Ahora bien, ante lo apurado del calendario para países como España, cuya demora es ya notoria, el Ejecutivo comunitario hace gala de realismo y ofrece varias opciones para que los proyectos ligados a los NextGen no se retrasen aún más o queden bloqueados sin remedio. Entre ellos, figura la autorización de que esas iniciativas sean financiadas por otro tipo de fondos comunitarios ya en funcionamiento y que exigen menos requisitos para su despliegue.

La interinidad presupuestaria en la que está sumida España desde el año pasado, para la que no hay un fin previsible en pleno 2025, no implica que las cuentas del sector público estén exentas de controles y límites. Muy al contrario, la regla de gasto –fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria– mantiene plena vigencia pese al caso omiso que hace de ella el Estado. En concreto, la Administración central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8%, frente al límite del 2,6% que establece la mencionada norma.

Desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado a principios de este año, todo debate sobre la reforma de la financiación autonómica está contaminado por la quita de deuda que Hacienda ofreció a los territorios en dicha reunión. No en vano, desde febrero, nada se ha avanzado en la reformulación de esa condonación –mucho menos en la reunión de ayer– y sigue levantando ampollas entre las Consejería de Hacienda por la desigualdad que provoca.

El retraso en los pagos de las Administraciones, el fenómeno conocido popularmente como las facturas ocultas en los cajones, resurge en España. El registro más exhaustivo y actualizado de estas obligaciones contraídas y no subsanadas –elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda– muestra cómo iniciaron el año 2024 con un montante acumulado de más de 6.000 millones de euros. Esa cifra implica un incremento del 45% con respecto al año 2019, cuando sumaban 4.237 millones de euros adeudados a empresas, pero también a ciudadanos en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones.