El plan del Ministerio de Trabajo para reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales inicia, a partir de esta semana, un complejo periplo parlamentario, en el que solo existe una certeza. Si el propósito de la vicepresidenta Yolanda Díaz tuviera éxito, España, lejos de seguir la tendencia imperante en la Unión Europea, se convertiría en un caso extremo, de acuerdo con la comparativa que los datos de Eurostat y de EU Eurofound permiten establecer. No en vano contaría con el segundo límite legal más restrictivo al tiempo de trabajo de todo el club europeo, con excepción de las 35 horas imperantes en Francia desde principios de este siglo.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acumula en este ejercicio un incremento más, por encima del 4% interanual en el caso de 2025, que ha llevado a esta remuneración hasta los 16.576 euros brutos anuales, repartidos en catorce pagas. Como resultado el SMI ya supera el 70% del sueldo promedio en más de la mitad de las comunidades autónomas y no hay visos de que haya alcanzado su techo. No en vano Trabajo ha llegado a reconocer su pretensión de que incrementos de esta cuantía se automaticen ejercicio tras ejercicio, y no sea necesario esperar al debate entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y los agentes sociales.

El argumento, muy difundido por el Gobierno, sobre la supuesta invulnerabilidad de nuestro país ante la ofensiva arancelaria de Trump, corre el riesgo de verse desmontado por los efectos indirectos que la guerra comercial tendrá en mercados clave para industrias españolas como la turística.

No es en absoluto casual que, en el Top 10 de los países más señalados por los aranceles recíprocos aprobados por Trump figuren cinco economías asiáticas, entre ellas, algunas caracterizadas por una muy baja renta per cápita como Tailandia, Camboya o Vietnam. Si, pese a su escaso peso global, Washington las pone en el punto de mira se debe a que, a través de ellas, propina un severo castigo a su verdadero objetivo en el Lejano Oriente: China.

La magnitud de la guerra comercial que el presidente Donald Trump amenaza con desencadenar a partir de este miércoles tendrá una envergadura hasta ahora inédita en este tipo de conflictos. Es por ello que la imposición de aranceles recíprocos (aunque podrían tener un diseño final más agresivo) a todos los países con los que comercia EEUU pone en el disparadero, de forma directa, a cerca de dos billones de euros en exportaciones ahora en circulación solamente en el ejercicio 2025.

El traspaso parcial de la gestión de las bajas laborales traumatológicas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social está aún lejos de ser una realidad. Esa situación ya genera "malestar", según revelan a elEconomista.es fuentes relacionadas con la negociación, las cuales hablan de un "costoso y no previsto retraso" en la que se planteó como una respuesta necesaria al cada vez más urgente problema del absentismo en España.

La ausencia de nuevos Presupuestos Generales para 2025 supone una insospechada ayuda para el presidente Pedro Sánchez, en particular para sus planes de elevar el gasto español en Defensa sin someter esa medida al control del Congreso, sobre los que será interpelado este miércoles, durante su comparecencia en la Cámara. El análisis de las Cuentas todavía vigentes del año 2023 revela la existencia de un artículo formulado en 2021, de carácter excepcional pero aún plenamente activo, que deja las manos libres a Hacienda para reasignar créditos entre ministerios. Las únicas limitaciones para esta operación se ciñen a contar con la aprobación del Consejo de Ministros y a respetar el último techo de gasto no financiero aprobado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jugó deliberadamente a la ambigüedad esta semana en cuanto a los plazos y las cuantías con las que se plantea incrementar el gasto militar español. Ahora bien, la propuesta inicial de Bruselas sobre los parámetros a los que deben aspirar los Estados miembro, recogida en el llamado Libro Blanco sobre Defensa, se muestra mucho más clara. El esfuerzo demandado por el Ejecutivo comunitario equivaldrá, en el caso español, a un total de 24.000 millones de euros desde ahora hasta el año 2029.

La ambición que domina en la UE, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a la hora de incrementar su gasto en Defensa, ha contagiado a Pedro Sánchez. Hasta el punto de que el presidente del Gobierno se comprometió esta semana a alcanzar el objetivo de elevar el desembolso militar al 2% del PIB antes de 2029, y acortar así notablemente el plazo que Moncloa se fijaba a sí misma. Aún está por concretarse hasta qué punto Moncloa estrechará los tiempos. No obstante, las fuentes políticas consultadas anticipan que el compromiso de Sánchez será "exigente" y demandará un aumento de las partidas destinadas a los Ejércitos en el entorno de los 10.000 millones de euros anuales.