El Ministerio de Transporte y Agenda Urbana ha dado el primer paso para limitar los alquileres en provincias como Madrid, Barcelona y Baleares, donde los precios "han subido de forma desorbitada en los últimos años".
Así, el ministro del ramo, José Luis Ábalos, ha anunciado que presentará antes de verano una iniciativa legal para facultar a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamiento para que topen los precios del alquiler de "manera extraordinaria y temporal" en las zonas donde estén tensionados.
"Antes del verano traeré a esta cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado. Se trata de una medida oportuna, ponderada, tasada, y proporcional en la que creo y que defiendo porque, como ministro y como político, debo defender los derechos sociales que garantiza la Constitución", ha asegurado Ábalos durante su comparecencia en el Congreso tras participar en la primera mesa de negociación con Quim Torra y distintos miembros del movimiento independentista.
Las ciudades que más subidas han registrado han sido Madrid, Barcelona y Palma
La iniciativa forma parte del acuerdo de Gobierno firmado con Podemos. "Va a estar todo muy tasado y partiendo de un consenso con todos los agentes. No menoscabará la seguridad jurídica de los contratos ya existentes", explican fuentes del Ministerio. En este punto, señalan que las ciudades que más subidas han registrado han sido Madrid, Barcelona y Palma pero que también podría incluirse en estas medidas extraordinarias Valencia, donde los alquileres han aumentado más de un 15% en los últimos tiempos.
Para fijar que es una zona tensionada, Transporte tomará como punto de partida el Índice de Precios del Alquiler, que se publicará en marzo, y que ofrecerá una radiografía del mercado y la evolución de los precios. Desde el Ministerio se está todavía analizando cuál será el mejor camino para dar luz verde a este mecanismo que permitirá a los gobierno regionales a limitar los alquileres de forma voluntaria. La opción de crear una nueva ley para ello sería un proceso muy largo mientras que aprobar un Real Decreto-ley despierta dudas legales por lo que la posibilidad que se estudia con más interés es presentar un proyecto de ley que modifica la LAU (ley de arrendamientos urbanos).
"Es un problema social extraordinario requiere administraciones audaces que tomen medidas igualmente excepcionales", apuntó Ábalos.
No vender vivienda pública
El ministro ha anunciado la iniciativa tras comunicar que van a presentar este año la Ley de Vivienda estatal con la que buscan "garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada". El objetivo es regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, "evitando prácticas del pasado que no podemos permitirnos que vuelvan a repetirse".
Es decir, Transporte busca que las Comunidades no puedan vender los pisos de protección oficial (VPO), tal y como hizo Madrid. Operación que fue recurrida y anulada por la Justicia.
Madrid, en contra de la limitación
El pasado mes de enero, apenas unos días después de cerrarse el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez adelantó que en la región no se limitarán los precios y se mostró contrario a la intervención del mercado justificando su decisión.
"Estas medidas fuertemente intervencionistas y muy populistas lo que provocan es precisamente una retirada de muchas viviendas del propio mercado y esa contracción de la oferta provoca también un incremento de los precios y de la economía sumergida", advirtió el político. Asimismo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, indicó en sus redes sociales que "en Madrid defendemos la propiedad".
Los políticos madrileños no han sido los únicos que se han mostrado contrarios a este tipo de medidas para frenar los precios del alquiler, desde el sector inmobiliario llevan también meses advirtiendo del impacto real que pueden tener en el mercado y avisan de que se puede producir una fuga de capital si se regula el precio de la vivienda.
Asimismo, los expertos hacen referencia a lo que ha sucedido en otras ciudades europeas en la que se han aplicado barreras al encarecimiento de los precios del alquiler y en las que estas medidas han fracasado, como es el caso de Berlín, donde los precios han seguido subiendo.
El índice para realizar un control del precio del alquiler es una mala noticia para las ciudades que lo apliquen y una buena noticia para las que no.
Fernando Encinar, portavoz de idealista, en reacción al anuncio de Ábalos, apunta que fijar precios solo tendría sentido en las viviendas de alquiler públicas o que han recibido ayudas públicas, pero no en las viviendas privadas. Asimismo, el experto considera que estas medidas rápidamente se notará un aumento de la inversión en las ciudades que eviten esa regulación y por lo tanto de la oferta.
Por el contrario, cree que en las capitales que apliquen la regulación, los actuales inquilinos seguirán pagando lo mismo, "pero los inquilinos del futuro buscarán en un mercado con mucha menos oferta, de peor calidad y con más dificultades para encontrar algo asequible."
Encinar señala que cualquier índice que aporte transparencia es bienvenido y recuerda que en el mercado de compraventa ya hay numerosos índices de fuentes "solventes" como tasadoras, portales inmobiliarios o entes públicos como los notarios o los registradores. "Todos aportan datos fiables que permiten una visión amplia de la realidad del mercado", señala, tras apuntar que "lo más importante es que los ciudadanos tengan cuanta más información mejor para la toma de decisiones".
No obstante, deja claro que utilizar el índice para realizar un control del precio del alquiler es "una mala noticia para las ciudades que lo apliquen y una buena noticia para las que no".
