El Tribunal Supremo avala la decisión de anular la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid al fondo Goldman Sachs y Azora por 201 millones de euros. Concretamente, el Alto Tribunal ha rechazado los recursos de casación presentados por el Gobierno Regional y la gestora española a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación. La venta de las 32 promociones que estaban bajo el paraguas de la antigua IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) se remonta a 2013, cuando la Comunidad de Madrid, presidida en ese momento por el popular Ignacio González, traspasó 2.935 casas de protección pública en alquiler.
Estos activos se encuentran ahora dentro de la cartera de viviendas de la empresa Encasa Cibeles, que esta participada por Goldman Sachs, que controla cerca del 98% del capital, mientras que Azora tienen una posición minoritaria, si bien, es la encargada de gestionar todas las viviendas.
Rachid Bouikouy, uno de los inquilinos de estos pisos, interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que en mayo del pasado año falló a su favor, anulando la transmisión del contrato de alquiler del demandante y poniendo en juego toda la operación de venta del resto de las viviendas.
En el auto emitido este jueves, al que ha tenido acceso elEconomista, se argumenta que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar el lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA".
Además, el Supremo señala que que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de interés casacional". En este sentido, desde la Comunidad de Madrid se solicita que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado, aspecto que rechaza el Supremo por no tener relación con el fallo del TSJM.
"Esta cuestión no ha sido tratada en la sentencia de apelación recurrida que confirma el fallo de la sentencia del Juzgado que contiene un doble pronunciamiento anulatorio: uno, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otro, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente", argumenta el Alto Tribunal.
Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid sí que se mostró claro en este aspecto en su sentencia el pasado septiembre en la que consideraba que la adjudicación de estas viviendas no se justificó debidamente ni recibió la aprobación del Consejo de Administración del IVIMA, lo que supondría la nulidad de la operación. De este modo, el auto emitido el jueves por el Supremo puede animar a los antiguos inquilinos a presentar nuevos recursos.
