Cataluña, a las puertas de topar el alquiler en 140 municipios

La Generalitat de Cataluña empezará a topar los precios del alquiler a partir de este mes en 140 municipios. El ejecutivo catalán, como anunció Ester Capella, consejera catalana de Territorio, quiere arrancar en cuanto se completen los trámites y autorizaciones que dependen del Gobierno central, y según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo español trabaja para cumplir su compromiso de completar las validaciones este mes. Cuando se ponga en marcha la medida, Cataluña será la comunidad autónoma pionera en aplicar la Ley de Vivienda estatal.

De momento, la Generalitat ya tiene la lista de los 140 municipios que considera tensionados, es decir, en los que hay una elevada dificultad para acceder a la vivienda, y en los que prevé imponer el límite al precio del alquiler. Localidades en las que viven 6,2 millones de personas, un 80,6% de la población catalana, y que se concentran en el litoral catalán, especialmente el de Barcelona y Girona, en el área metropolitana y las capitales de provincia.

Una vez puesto en marcha el tope de precio del alquiler, este no podrá superar el del último contrato vigente en los últimos cinco años una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. En el caso de un gran tenedor -propietario de cinco viviendas o más-, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia de precios del alquiler.

En ese sentido, aunque Catalunya cuenta con un índice propio desde hace años, el Gobierno espera publicar el suyo oficial a lo largo de este mes. La Generalitat considera que el índice final saldrá de una adaptación del índice catalán para armonizarlo con el español, teniendo en cuenta que la Ley de Vivienda contempla un sistema de varios índices.

Junto con el tope del alquiler, Gobierno y Generalitat destacan inversiones de hasta 628 millones de euros en Cataluña en materia de vivienda y repartidos en diferentes planes, entre ellos 52 millones para acometer actuaciones de ayudas para el alquiler.

Con todo, y como es habitual, el tope del alquiler es una medida que ha despertado el interés de los inquilinos, pero también las quejas del sector inmobiliario y los inversores, que no ven en ella más que un parche temporal y contraproducente a largo plazo.

Opiniones contrarias e informes negativos

La reacción más llamativa a la nueva política es un informe encargado a la Cámara de Comercio de Barcelona por la misma Generalitat para analizar el acceso a la vivienda en la región. Aunque, como era previsible, confirma el sobreesfuerzo que realizan los catalanes para encontrar hogar (asegura que el esfuerzo económico para el alquiler está en niveles máximos desde al menos 2001) y los precios elevados del aquiler, también reclama políticas que, en varios casos, son contrarias a las que está impulsando el ejecutivo catalán.

De hecho, el documento considera que las medidas deberían ir encaminadas a aumentar la oferta de vivienda, tanto a través de la iniciativa pública como privada, y por mejorar la red de transporte público para no concentrar la demanda residencial en las grandes ciudades y, sobre todo, en la capital catalana.

De hecho, sobre el tope a los precios del alquiler y la nueva Ley de Vivienda, considera que es una medida que puede ser efectiva a corto plazo en lugares tensionados, pero que a medio y largo plazo tiene efectos perjudiciales. "Si topas los precios combates el síntoma pero no la causa, que es el desajuste entre oferta y demanda, y desincentivas la verdadera solución, que es incentivar la oferta", defiende el autor del documento.

La visión de la entidad choca directamente con la voluntad de la Generalitat. Su apuesta pasaría por aumentar el suelo disponible dedicado a nueva vivienda, política contraria a la desarrollada por el Govern, que acaba de completar una revisión urbanística para impedir la construcción de 67.000 viviendas ya previstas en espacios "sensibles" de la costa y la montaña.

Mientras el documento insiste en que aumentar la oferta de viviendas favorecería a los colectivos más vulnerables (rentas bajas, jóvenes y extranjeros), desde el ejecutivo consideran que son las políticas de control de precios lo que ayudará de verdad.

Desde el sector, como cabría esperar, no han tardado en reaccionar a la medida. Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria, considera que "esta nueva política intervencionista podría reducir la oferta, aumentar los precios y dificultar el acceso a la vivienda a las familias con menor capacidad adquisitiva".

"Es un error mayúsculo intervenir el mercado porque no solo no va a reducir los precios, sino que va a provocar que la gente desplace sus inversiones a otras regiones y que cambien los tipos de contrato, provocando un aumento de precios que dejará fuera del mercado del alquiler a las personas con menor capacidad y solvencia", agrega.

Unsain argumenta que esta limitación de precios podría comportar un cambio en el modelo del alquiler pasando a tener más protagonismo la modalidad de temporada -la utilizada sobre todo por la vivienda destinada a estudiantes y profesionales foráneos y que va al alza- que la modalidad de vivienda habitual.

En su opinión, las políticas deberían apuntar también a remediar problemas como la escasez de vivienda social, que, dice, "es el tipo de hogares a los que pueden aspirar las personas con ingresos más ajustados".

En el punto en el que sí coinciden sector, Gobierno y Generalitat es en la necesidad de crear un pacto de Estado y en la colaboración público-privada para solucionar el problema de la vivienda. Una afirmación genérica que todos comparten, pero que oculta en su fondo un sinfín de aspectos que, según los intereses de cada uno, complican los resultados.