Barcelona
La Generalitat ha debido ceder en cinco aspectos para poder tramitar en el Parlament la normativa catalana que limitará los pisos turísticos, de manera que el PSC ha rebajado las trabas a estos alojamientos y ha forzado a ERC a buscar consensos para contar con apoyos suficientes para aprobar la regulación a través de un proyecto de ley, y no como el decreto propuesto por el Govern.
Además de este cambio en la tramitación, que prevé que la nueva ley se apruebe antes del 31 de marzo tras incorporar enmiendas, los socialistas han introducido cinco medidas:
- Los ayuntamientos afectados por la regulación se reducen de los 262 planteados por la Generalitat a los 140 de mercado tensionado aprobados por ley.
- Se elimina el máximo de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, y será cada ayuntamiento el que decida el tope según su modelo turístico. Además, el resto de municipios lo podrá decidir también si así lo considera necesario, según informa Europa Press.
- Las licencias de cinco años serán prorrogables automáticamente.
- Los ayuntamientos podrán escoger el instrumento de planeamiento para regular.
- Se evaluará un aumento de la tasa turística para que la recauden los ayuntamientos.
Con estos cambios, el pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el decreto del Govern de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico con los votos a favor de PSC, ERC, CUP y los comuns, y el voto en contra de Junts, Vox, Cs y PP, mientras que la tramitación como proyecto de ley ha prosperado gracias a los votos de PSC, ERC, Junts, Vox, Cs y PP y el 'no' de CUP y comuns.
Recelos del 'Govern'
La consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha explicado que el Govern ha acordado con el PSC tramitar el decreto como proyecto de ley con modificaciones que asegura que no son del agrado del Ejecutivo catalán, por lo que ha sostenido que trabajarán para que en la tramitación del proyecto de ley, el texto vuelva "adonde no debería haber salido".
Pero no lo tendrá fácil. El diputado del PSC, Òscar Ordeig, ha reclamado a Capella aclarar si cumplirá el acuerdo para tramitarlo como proyecto de ley y modificar el decreto: "Hemos entendido que la consellera decía que había un acuerdo, pero que trabajarían para volver al texto original", y ha añadido que los acuerdos son dificultosos, pero hay que defenderlos y respetarlos, ha reclamado.
Joan Canadell (Junts) ha criticado que el decreto del Govern no resuelve el problema de la vivienda, considera que pone en riesgo la actividad económica de municipios que viven del turismo, afecta a la autonomía municipal y crea inseguridad jurídica: "El Salvador (Illa) lo salvará, salvará el enésimo desastre político", ha lamentado en alusión al acuerdo de ERC y PSC para tramitarlo como proyecto de ley.
Desde la CUP, Montserrat Vinyets ha celebrado que se dicte el decreto porque son conscientes, ha dicho, de "la presión del 'lobby' del sector que ha sufrido el departamento" de Territorio, aunque ha señalado que intentarán que no se rebajen los términos del texto e incluso que limiten aún más los pisos turísticos.
La diputada de Vox, Isabel Lázaro, ha asegurado que es necesaria una regulación de los pisos turísticos, pero que le corresponde al Estado hacerlo, y ha acusado al Govern de culpar del problema "a las personas físicas y jurídicas que para salir adelante han invertido su capital" en esta actividad económica.
Susanna Segovia (Catalunya en Comú) ha reclamado a los grupos parlamentarios responsabilidad para hacer las modificaciones necesarias poniendo por delante la defensa del derecho a la vivienda, y ha criticado que PSC y Junts se escuden en la autonomía municipal para criticar el decreto: "Tal vez recibir la carta de Airbnb que recibimos todos los grupos parlamentarios un poco de peso también tiene".
Joan Garcia (Cs) ha acusado a la consellera de hacer un "discurso ortodoxo de turismofobia", ha criticado que el Govern defienda, según él, que la situación de crisis de precios de la vivienda sea culpa del sector turístico, que ha instado a no criminalizar, en sus palabras, y ha cuestionado que el Decreto dé seguridad a los propietarios.
El popular Daniel Serrano ha sostenido que el PP estudiará la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ya que considera que este decreto "limita el derecho de propiedad sin indemnizar a los afectados, lo que suscita dudas sobre su constitucionalidad".
Rechazo del sector
Precisamente desde Federatur, su presidente, David Riba, y el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, han coincidido en que el decreto de medidas urgentes aprobado este miércoles por el pleno de Parlament sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico es "malo" para la economía pese a los cambios introducidos, y han defendido interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el TC.
Riba ha asegurado textualmente que el decreto no va a resolver el problema de la vivienda en Cataluña, y Alcántara ha criticado que el decreto es "turismofóbico" y que se ha hecho sin contar con el sector.
Por su parte, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha valorado en un comunicado que la limitación de pisos turísticos "era necesaria" y ha abogado por cumplirla. Asimismo, ha insistido en que "sin una regulación ambiciosa de los alquileres de temporada, la regulación de pisos turísticos se quedará a medio camino".
Limitaciones a obra nueva
También este miércoles, la Generalitat ha completado la revisión del planeamiento urbanístico que impedirá la construcción de 67.000 viviendas en espacios "sensibles" de la costa y la montaña.
El Departamento de Territorio lo enmarca en la lucha contra la urbanización excesiva, que ha culminado con la aprobación definitiva del Plan director urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles del litoral entre Malgrat de Mar (Barcelona) y Alcanar (último pueblo de Tarragona).
El PDU analiza el planeamiento de los 41 municipios situados en este tramo de costa -con la excepción del área metropolitana de Barcelona, que tiene competencias propias-, identifica aquellos ámbitos en los que todavía se podría construir y los revisa bajo criterios modernos de sostenibilidad. Fruto de esta revisión, se propone impedir la construcción de 43.600 nuevos pisos en este tramo de costa, el 41% de los posibles.
Una vez analizado cada ámbito donde todavía se podría construir, se ha decidido mantener 102 sectores tal y como están en el planeamiento municipal; modificar algunos de los parámetros de 157 sectores, desclasificando directamente otros 76 sectores.
Los ayuntamientos deben revisar y rehacer sus planes de ordenación urbanística municipal (POUM), adaptándolos a las nuevas directrices, un proceso a menudo largo y dificultoso para los municipios. Por ejemplo, de los 41 municipios que abarca este PDU, existen 30 (el 73%) que no están adaptados al planeamiento territorial moderno, de los que 19 tampoco se han adaptado a la Ley de urbanismo de 2002.
A menudo, según destaca la Generalitat, los ámbitos donde el planeamiento municipal en vigor aún permitiría construir son fruto de criterios antiguos que no se avienen con los cambios sociales experimentados desde su aprobación.
A este PDU hay que sumar otro similar aprobado en el año 2021 para el litoral gerundense, que impidió cerca de 15.000 viviendas, así como otro específico para el Alt Pirineu del año 2020, que impidió la construcción de 8.500.
Sumando estos dos planes directores al que se ha aprobado hoy, el Departamento habrá desclasificado 3.300 hectáreas, la mitad de la superficie que estaba clasificada, equivalente a "cinco Eixamples de Barcelona", ha detallado la consejera de Territorio. En total, se habrá evitado la construcción de unos 67.000 nuevos pisos, cifra equivalente al actual parque de viviendas de la ciudad de Lleida.
"Evitamos las urbanizaciones dispersas, que significan consumo de suelo, de agua, congestión de tráfico y desarraigo", ha explicado la consejera, Ester Capella. "Apostamos por las tramas urbanas, por las ciudades y pueblos compactos que generan arraigo y núcleos de población", ha enfatizado.
