Barcelona
El gobierno catalán ha aprobado este martes una nueva regulación de las viviendas turísticas que en la práctica reducirá su número en los municipios donde se produce mayor concentración y la administración catalana considera que no hay oferta suficiente para vivienda habitual. Además, las licencias pasarán a ser temporales, por un periodo de cinco años renovables.
La administración catalana lo regulará a través de nuevas exigencias urbanísticas en 262 municipios, que tendrán como límite otorgar un máximo de 10 licencias para viviendas turísticas por cada 100 habitantes. Actualmente hay 47 localidades catalanas que superan esta proporción -concentradas en la costa y zonas de esquí-, con un excedente de 28.000 pisos turísticos (el 29,5% del total de viviendas de uso turístico en las 262 poblaciones afectadas), por lo que las licencias se deberán repartir en concurso público, según la nueva norma.
En estos 262 municipios hay un total de 95.094 viviendas turísticas y el Govern prevé que en cinco años esta lista se ajuste de acuerdo al nuevo contexto. En toda Cataluña hay algo más de 102.000 pisos de uso turístico registrados, por lo que solo el efecto del excedente de 28.000 licencias por estar en municipios con más de 10 por cada 100 habitantes supone reducir más del 27% del parque, si bien las restricciones pueden ser mayores, según lo que regule cada municipio.
Ahora, los propietarios -incluidos los que tienen licencia actualmente- deberán solicitar a sus ayuntamientos una licencia urbanística que tendrá una vigencia de cinco años para poder operar con uso turístico, y las administraciones locales deberán modificar su planeamiento urbanístico para recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando que tienen suficiente suelo para vivienda permanente (y mientras tanto no podrán conceder nuevas licencias).
Así lo han explicado en rueda de prensa este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, tras el Consell Executiu.
La nueva regulación se ha aprobado mediante un decreto ley y tiene como objetivo dar herramientas a los municipios donde hay un problema de acceso a la vivienda o hay riesgo de romper el equilibro del entorno urbanístico por exceso de viviendas turísticas.
Capella ha explicado que la aparición del fenómeno de los pisos turísticos es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente y que por eso han decidido regular el sector. En este sentido, ha asegurado que el Govern tiene la obligación de utilizar sus competencias y adoptar "medidas urgentes" para evitar que crezcan problemas "de convivencia y gentrificación", informa Europa Press.
Los actuales pisos turísticos
En cuanto a las viviendas que actualmente ya están destinadas a usos turísticos, si el consistorio no les otorga la nueva licencia en un plazo de cinco años deberán cesar su actividad, aunque los propietarios podrán pedir una prórroga de otros cinco años si acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales por inversiones realizadas debido a la pérdida de la licencia.
Las viviendas que operen sin permiso estarán incumpliendo la normativa, y el Govern ha asegurado que habrá sanciones graves, aunque no ha concretado cuáles serán.
De este modo, se pasa de la actual declaración de responsabilidad que debían pedir los propietarios para poder destinar su vivienda a uso turístico a la necesidad de una licencia previa urbanística.
Municipios tensionados
El anexo del decreto incluye el listado de 262 municipios donde se aplicará esta nueva regulación. Unos 134 tienen problemas derivados de la falta de equilibrio en el entorno urbanístico (porque cuentan con más de 5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes), y el resto son ciudades con problemas de acceso a la vivienda (bajo los parámetros de demanda acreditada de vivienda y mercado tensionado).
Del total de los 262, hay 85 municipios que ya han empezado a regular en materia de vivienda para poder limitar los pisos turísticos, como Barcelona -donde no se conceden nuevas licencias desde 2014 y no llega al límite máximo de 10 licencias por cada 100 habitantes-, y todos deberán adaptarse a la nueva normativa a partir de la aprobación del decreto.
Procedimiento
Los municipios que quieran destinar parte del suelo al uso turístico deberán acreditar ante las comisiones de Territorio que hay suficiente suelo destinado al uso residencial a través de un instrumento llamado Memoria social.
El Govern considera que existe un peligro de romper el equilibro urbanístico cuando existen más de 5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, y permitirá a los Ayuntamientos dar licencias hasta un máximo de 10 viviendas por cada 100 habitantes.
Para poder conseguir la licencia, las viviendas que quieran ser turísticas deberán realizar una comunicación a la administración para estar censadas y deberán tener la cédula de habitabilidad, estar amuebladas y que se alquile toda la vivienda completa, no solo una habitación.
Si en un municipio hay más pisos turísticos que 10 por cada 100 habitantes, será el Ayuntamiento el que decidirá qué propietarios consiguen la licencia mediante un régimen de concurrencia competitiva.
El Govern lleva trabajando meses en la normativa y está convencido de que este decreto ley pasará cualquier filtro de constitucionalidad y de derecho europeo.
Rechazo sectorial
Por contra, desde el sector de los apartamentos turísticos auguran judicialización ante lo que consideran una "expropiación sin indemnizar" y una regulación "precipitada, contraria a Derecho y de nula efectividad", en palabras del presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, que compareció ante la prensa también como portavoz de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur).
Alcántara tildó de "irresponsable" la nueva regulación de viviendas turísticas de la Generalitat porque a su parecer pone en riego "al 50% del turismo del conjunto de Cataluña" (según datos del INE, 18 millones de pernoctaciones de los 30 millones que hubo en Cataluña en 2022 fueron en pisos turísticos), los puestos de trabajo que genera y el impacto indirecto que tiene en el comercio y en la restauración.
El sector esgrime que su reducido peso sobre el total de vivienda no influye en los precios, mientras que su actividad genera unos 3.000 millones de impacto económico directo y 25.000 empleos, con un peso del 2,94% del PIB turístico catalán.
También lamenta las restricciones a los pisos turísticos legales, mientras otras modalidades, como el alquiler de pisos por temporada, no tiene limitaciones.
Por su parte, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña han advertido de que los principios del decreto anunciado por la Generalitat para regular los pisos turísticos tienen "un carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país".
También avisan en un comunicado de que "no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración".
"Hay municipios del listado de la Generalitat como Alp, Begur, Cadaqués, Espot, Palafrugell, Pals o Salou, entre otros, en los que es absurdo pensar que el problema se resolverá con este decreto", opinan.
"Dada la inestabilidad jurídica en la que estamos inmersos" -afirman-, lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, informa Europa Press.