Madrid
El pasado miércoles, el gobierno de la Generalidad de Cataluña aprobó un Decreto-Ley para "fortalecer" la Agencia Tributaria de Cataluña, de tal forma que pueda estar en condiciones de gestionar la "financiación singular", más conocida como cupo catalán. Este "fortalecimiento" consiste en la creación de dos nuevos cuerpos de funcionarios, agentes e informáticos, dar más autonomía presupuestaria y prever un contrato-programa para la Agencia Tributaria de Cataluña. En resumen, un aumento permanente de gasto público en Cataluña para la realización de unas funciones, que, en estos momentos ya desarrolla la Agencia Tributaria del Estado, y que, sin una modificación legal sustancial, no puede desarrollar la Agencia catalana. Lo primero que sorprende de esta decisión es que Cataluña no tiene presupuestos. No hay prioridades de gasto aprobadas en el Parlamento, pero, vía decreto-ley, se aumenta el gasto para asumir la gestión de nuevos impuestos. Además, la Generalidad de Cataluña ha tenido que recurrir a ampliaciones de crédito porque el presupuesto prorrogado se le ha quedado corto.
Por otra parte, el año pasado la administración autonómica catalana tuvo un déficit de 1.224 millones de euros, el segundo déficit autonómico más elevado después de Valencia (y en términos relativos, es decir en porcentaje del tamaño de su economía, el cuarto después de Valencia, Murcia y el País Vasco). Esto quiere decir que los aumentos de gasto permanente, como el de montar una Agencia Tributaria para gestionar la "financiación singular", implicarán más déficit, lo que supondrá, en principio, aumentar el endeudamiento de la administración autonómica más endeudada, la Generalidad de Cataluña. Hay una diferencia en el campeonato del déficit autonómico: Valencia y Murcia son las comunidades más infrafinanciadas de España, mientras que Cataluña está financiada por encima de la media, 3.822 euros por habitante, frente a la media del régimen común de 3.399 euros (datos del Ministerio de Hacienda de 2022). Es cierto que la esta sobrefinanciación catalana está bastante justificada, tanto porque asumen competencias que no tiene otras comunidades como la policía o prisiones, como porque ha subido impuestos. Pero, como explicamos el profesor Fernández-Villaverde y un servidor, en nuestro libro "La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía" (La esfera de los libros 2025), lo que tiene Cataluña es un problema endémico de exceso de gasto, y por eso está tan endeudada. Desde luego, no existe un límite al gasto, como lo prueba el caso del País Vasco, de lejos la comunidad mejor financiada de España, y que, el año pasado tuvo un déficit del 0,63% de su PIB, incluso superior al catalán en términos relativos. Decidir si se quiere tener más gasto público, y en consecuencia soportar más impuestos, o, por el contrario, menos gasto con menores impuestos, es la esencia del federalismo fiscal y de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Pero, aumentar el gasto público, pretendiendo que sean los demás los que lo paguen, no es ni federalismo fiscal sino la búsqueda injustificada del privilegio territorial. En el caso del "fortalecimiento" de la Agencia Tributaria de Cataluña, esta búsqueda del privilegio tiene dos agravantes. El primero es que el catalán de a pie no se va a beneficiar en nada de este aumento del gasto público. El segundo problema es que este organismo, de momento duplicado y superfluo en buena medida, sólo puede complicar la gestión tributaria, y eso se acaba traduciendo en peores servicios a los contribuyentes honestos, y, sobre todo en más fraude fiscal, como lleva advirtiendo, con criterio y conocimiento técnico, la Asociación de inspectores de Hacienda. Otra cuestión importante en este Decreto-Ley de fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña es quién lo paga realmente. En principio, la financiación correría a cargo del presupuesto de la Generalidad de Cataluña. Pero, el punto de partida de la financiación singular es un aumento "sustancial" de la financiación de la Generalidad, que evidentemente iría a cargo de los contribuyentes del resto de España. Para que esta financiación singular o cupo para Cataluña avance, sería necesario que el Congreso aprobase una reforma sustancial de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la ley de cesión de tributos a las mismas, entre otras leyes. Esta modificación podría tener problemas de constitucionalidad, porque no hay una habilitación constitucional expresa para calcar el régimen foral, que sólo está previsto para los denominados "territorios históricos", es decir, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Pero, dejando aparte esta cuestión, esta reforma podría no aprobarse, o incluso en el futuro, revertirse. Eso sí, la estructura burocrática, y su coste, ya estaría creada, y eso sería aún más complicado de revertir.
Aunque no se aprobase el cupo para Cataluña, no sólo el contribuyente catalán soportará este aumento de gasto, porque se financiará aumentando la deuda autonómica catalana. Pero, Cataluña no puede financiarse en los mercados, sino que lo hace a través de los mecanismos de financiación del Estado. Por una parte, el Estado se financia a un coste menor que las Comunidades Autónomas, que lo hacen en el mercado como Madrid. Esto supone una subvención implícita del resto de los contribuyentes a las Comunidades más endeudadas, a través de los menores intereses del FLA. Pero, además, recientemente se ha anunciado un proyecto de ley para condonar una parte de la deuda de las CCAA con el Estado, y una de las Comunidades más beneficiadas sería, precisamente, Cataluña. Otro día hablaremos del proyecto de condonación de deuda, que supone un traspaso de la deuda desde las comunidades más endeudadas hacia los contribuyentes del resto de España, que serían los que asumirían el coste real de una parte del gasto autonómico. Desde un punto de vista de justicia, esto puede tener sentido si se financian gastos de servicios públicos fundamentales como sanidad o educación de comunidades infrafinanciadas, pero no, al menos en mi opinión, si lo que se financia es el exceso de gasto en estructuras de protoestado, como una Agencia Tributaria para cobrar unos impuestos sobre los que no se tiene competencia. Y, en cualquier caso, la condonación de deuda debería ser extraordinaria, sometida a requisitos de control de gasto, y ser el punto final de la reforma de la financiación autonómica. Esto es comenzar la casa por el tejado.
Para concluir, en 2017, la Generalidad de Cataluña, entonces presidida por Puigdemont, intentó un golpe a la Democracia, que finalmente no prosperó. Una de las razones fue que la administración autonómica no contaba con una Agencia Tributaria capaz de cobrar los principales impuestos, aunque lo intentó. El resultado de todo esto fue una fuga de empresas que no se ha revertido. Ésta, a su vez, fue la razón fundamental de la pérdida de peso económico de Cataluña en los últimos años. Recordemos, que Creo que estos factores, el impacto en el crecimiento económico, y la escasa lealtad institucional demostrada, deberían tenerse también en cuenta cuando se valora el cupo para Cataluña, que se sustenta en dar las llaves de la caja a la Generalidad de Cataluña. Deberíamos tenerlo en cuenta, aunque sólo sea porque algunos promotores del cupo catalán, ERC y Junts, también lo fueron del golpe de 2017 y siguen diciendo que "ho tornarem a fer" (lo volveremos a hacer).