Barcelona
El Govern retoma su actividad con nuevas medidas para agrandar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y, de paso, contentar a su socio parlamentario ERC. Este martes, en el primer Consell Executiu celebrado tras el parón estival, el gobierno autonómico aprobará un contrato-programa para que la Hacienda catalana tenga más facilidades a la hora de ampliar su plantilla.
A través de un decreto ley, se modificará el régimen jurídico de la ATC para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la llamada financiación singular, que eventualmente debería llevar a que la Generalitat recaude todos los impuestos en Cataluña. Esta reforma legal implicará la aprobación de dicho contrato-programa, que entre otros aspectos dotará al organismo fiscal de plena autonomía en materia de personal.
La medida, anunciada el pasado julio, ha sido pactada expresamente entre PSC y ERC. "El objetivo es que la ATC disponga de las herramientas jurídicas y organizativas necesarias para ejercer con plenas garantías, de manera eficaz y eficiente, las nuevas competencias resultantes de la aplicación del nuevo sistema. Para hacerlo, el decreto ley modificará el Libro segundo del Código Tributario de Cataluña, aprobado en el año 2017 y que regula la Administración tributaria de la Generalitat", explicó el Govern hace un mes.
Este contrato-programa permitirá crear cuerpos tributarios con perfiles profesionales ajustados "a las necesidades reales de la agencia". En concreto, se habilitarán dos cuerpos tributarios de nuevo cuño: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. Asimismo, el nuevo documento abordará las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros asignados y las actividades que desarrollará la ATC.
En definitiva, el decreto dará a la Agencia Tributaria regional un marco competencial para organizarse internamente, hasta el punto de que permitirá que sea este ente quien participe de la negociación colectiva con sus trabajadores.
No es la primera vez que la Generalitat recurre a los contratos-programa para agilizar el papeleo de sus entes. Organizaciones dentro del perímetro público, como Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ya cuenta con esta fórmula.
Nuevo plan director
Antes de abandonar los despachos a finales de julio, el Govern también presentó el nuevo plan director de la ATC. La letra de este documento contradice los acuerdos de investidura alcanzados entre republicanos y socialistas respecto a un punto capital del despliegue de la financiación singular: la gestión autonómica del IRPF.
Si el pacto que llevó a Salvador Illa hasta la Generalitat mantenía que la Administración autonómica debía empezar a gestionar la renta de las personas físicas en 2026, la última hoja de ruta de la ATC aplaza la asunción de las primeras funciones (no todas) respecto al IRPF hasta 2028, último año del mandato de Illa. En todo momento, el documento habla de una gestión en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Hasta que no llegue esa fecha, el organismo regional se limitará a ofrecer asistencia a los contribuyentes, como ya ha hecho en la última campaña de la renta.
Este planteamiento no ha gustado en ERC. La formación independentista que lidera Oriol Junqueras intentó quitar importancia a este planteamiento al señalar que estaba incluido en un "documento técnico". Pero, en paralelo, batallará en el Congreso de los Diputados para conseguir el traspaso del IRPF a la Generalitat. La semana pasada, Junqueras exigió más esfuerzos al Govern respecto al despliegue de la financiación singular si desea alcanzar un acuerdo de presupuestos para 2026.
Este cambio de guion no quita que el incremento de efectivos se vea como una necesidad por parte de las autoridades catalanas, sea cual sea el ritmo de evolución de la ATC en el futuro inmediato. De hecho, en la última campaña del IRPF ya se fichó a un contingente adicional de 102 trabajadores temporales para trabajar mano a mano junto a la AEAT.