El pacto de los socialistas con la extrema izquierda y los nacionalistas para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno va a tener consecuencias económicas, y no precisamente buenas. De hecho, las malas noticias ya han empezado a producirse. Recientemente, Bank of America publicó la encuesta de gestores de fondos, con un resultado que no podía ser peor para nuestro país. Quienes mueven los mercados financieros internacionales colocaron a España en el último lugar del ranking para invertir internacionalmente.
El segundo jarro de agua fría vino de Moody's y Fitch. Ambas agencias anunciaron que ponían en revisión la calificación crediticia del Reino de España, debido a las incertidumbres sobre la deuda que conllevan los pactos de investidura. El rating que, por ahora, otorga Moody's a la deuda española es Baa1 y el de Fitch es de A-. Si ambas agencias lo rebajan, la calificación del bono hispano se acercaría un paso más al nivel del bono basura.
Las consecuencias de esos dos hechos son, por desgracia, negativas. España es un país que necesita ahorro. La transformación de la economía española no se puede financiar solo con fondos europeos, entre otras razones porque no cubren el 100% de las inversiones que hay que llevar a cabo. Por tanto, el concurso de la inversión privada resulta en todo momento necesario. Pero ¿quién se va a arriesgar a poner su dinero en España si los gestores de fondos advierten de los riesgos de invertir en España?
Este problema no es para tomárselo a la ligera. España necesita llevar a cabo la transformación digital de su economía para aumentar sus niveles de productividad. Por desgracia, la intensidad tecnológica de nuestras empresas es baja, o medio baja. Si no aumenta, será imposible que se produzcan las ganancias de productividad necesarias para mantener el sistema de protección social frente al reto del envejecimiento. Además, la mitad de nuestras exportaciones están en peligro porque, al ser su intensidad tecnológica media baja o baja, tienen que competir con las de los países de bajo coste laboral. En ese terreno salimos perdiendo.
En segundo lugar, está la financiación del sector público. Los planes de Sánchez pasan por gastar más y seguir subiendo impuestos, pese a que la OCDE aconseja lo contrario. Pero el aumento de la presión fiscal no va a generar una recaudación que permita financiar ese mayor gasto. Por tanto, seguiremos abocados a emitir más deuda pública. La cuestión es quién la va a comprar. El BCE ni va a hacerlo, ni va a refinanciar el 100% de la deuda existente. Los grandes gestores de fondo, tampoco. Y si las agencias de rating rebajan la calificación de España, muchos bancos, compañías de seguros y planes de pensiones no podrán hacerlo porque sus estatutos les obligan a invertir en deuda de calidad. Para un país como el nuestro, con una deuda pública del 114% del PIB y con la prima de riesgo al alza, esta situación puede ser muy preocupante.
En este contexto, la Unión Europea va a empezar a exigir a España recortes en el gasto público. El periodo de gracia para poner en orden nuestras cuentas públicas prácticamente ha terminado. Además, nadie en Europa quiere la posibilidad de que Cataluña y el País Vasco lleguen a independizarse. Por esta razón, desde la Unión Europea ya se habla en contra de la ley de amnistía. Si el Gobierno insiste en ella, puede encontrarse con que la UE aplique el mecanismo para preservar la democracia que estableció a raíz de los casos de Polonia y Hungría. Esto implica cortar los fondos europeos para España, agravando así los problemas presupuestarios y de financiación de los planes de modernización. Esto es algo que no hay que perder de vista porque podría desencadenar una crisis de deuda soberana en nuestro país. Lo mismo cabe decir en lo referente a la deuda autonómica, las inversiones empresariales en Cataluña, o cualquier otra cosa que haga subir la prima de riesgo.
Por último, está la cuestión de la dirección de la política económica. Las ideas del gobierno, en este sentido, chocan frontalmente con las del PNV y Junts, más próximas a las del PP y Vox. La cuestión, por tanto, es qué apoyos tendrá el gobierno en este terreno. Sumar no va a apoyar ajuste alguno. Incluso, los propios socialistas tampoco. Pero sin ajustes, la subida de la prima de riesgo es solo cuestión de tiempo.
Y si el Ejecutivo quiere llevar a cabo una política contraria a lo que defienden el PNV y Junts, puede estrellarse, porque pretender que esas medidas no se apliquen en Cataluña y el País Vasco, para conseguir su apoyo, va contra la Constitución y contra las bases de la Unión Europea. Europa, por tanto, no lo permitiría.
En consecuencia, todo indica que el pacto de investidura ha deteriorado la confianza en la economía española. La situación puede empeorar aún más tanto si el gobierno quiere sacar adelante su programa, como si quiere dar largas a los partidos nacionalistas que le han apoyado en la investidura. Por consiguiente, a la economía española le espera, en el mejor de los casos, un periodo sin política económica y, en el peor, de más retrocesos como los que se vienen experimentado desde 2018. Ninguna de ambas cosas es buena, ni por sí mismas, ni por el momento económico en el que nos encontramos.
