Bruselas
La ley de amnistía y el cumplimiento del Estado de Derecho en España ha protagonizado uno de los más acalorados debates del pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo este miércoles. En un diálogo impulsado por los populares europeos el comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró que estudiará el texto legislativo con "detenimiento" y de manera "independiente y objetiva" para determinar si cumple con el derecho de la Unión Europea.
"La Comisión Europea seguirá muy de cerca está cuestión", ha asegurado el comisario belga que ha añadido que lo hará también en el contexto de la presentación del informe del Estado de Derecho de 2024. Pese a todo, Reynders considera que se trata de una "situación interna de España" que debe dirimirse "según su orden constitucional".
Tras escuchar las intervenciones de los eurodiputados cerca de hora y media, el comisario de Justicia ha indicado que el debate y el análisis del proyecto de ley de amnistía "tendrá lugar primero en España", en el "marco constitucional español" y en el "Parlamento español". Posteriormente, la Comisión Europea analizará el texto "que haya sido depositado ante el Parlamento para contrastar su compatibilidad con el derecho comunitario".
"El Estado de Derecho nis une de manera independiente y objetiva", ha aseverado el comisario de Justicia, que ha agregado que Bruselas efectuará este análisis sobre el proyecto de ley, "con respecto a las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria" y "todos los textos que sean llevados a cabo en el marco de la formación de Gobierno de España". Pero avanzó "concluiremos el análisis una vez el texto haya sido aprobado".
El debate arrancó, no obstante, con la intervención de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno, manifestando sus limitaciones en calidad de presidencia del Consejo de la UE. Ha defendido que la ley no ha sido aprobada en el Parlamento español, por lo que un debate en tales circunstancias en la Eurocámara es inusual y ha reiterado las garantías con las que cuenta España, como el Tribunal Constitucional para controlar que se cumple con el Estado de derecho.
Consideró que el debate se ha politizado, ante la perspectiva de las elecciones europeas de la próxima primavera, y ha incidido en que la competencia es nacional, no europea.
El líder de los populares europeos, Manfred Weber, inició el turno de palabra de los grupos parlamentarios para expresar su "desolación" por la "abolición del Estado de Derecho en España". Si bien Weber ha puntualizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido elegido, recordó que no hablaba de amnistía poco antes de elecciones, pese a haberla sacado adelante finalmente.
Se personó como la voz de "una mujer catalana y española" en el debate la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat para criticar el pacto "entre Sánchez y un prófugo de la justicia" así como el intercambio de la ley de amnistía a cambio de 7 votos para gobernar. "El estado de derecho asiste impotente al deterioro de nuestra democracia", según ha considerado.
Por su parte, la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García, ha respondido a los ataques de los populares que lo que supone una gran amenaza es "No asumir los resultados electorales del 23 de julio y la mayoría parlamentaria" y ha afeado que "el mayor ataque al Estado de derecho es la alianza con la extrema derecha".
"Donde antes hemos dicho Polonia e Hungría, hoy decimos España", ha iniciado su intervención El eurodiputado y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez. Ve la ley de amnistía como un intento por parte de Sánchez de "aferrarse al poder" y considera que el pacto con los catalanes los convierte en "una casta intocable", dejando en última instancia la decisión "correcta" en manos de la Comisión Europea.
El eurodiputado de Junts, Toni Comín, también huido de la justicia contrapuso a Weber que los mismos hechos que habían sido juzgados por la justicia española, fueron dictaminados por la justicia alemana como que "no era rebelión, no era sedición, no era ni siquiera desórdenes públicos". En su lugar, "dijeron que era ejercicio de derechos fundamentales", aseguró.
