El pasado miércoles, el INE hacía público el indicador adelantado del incremento del IPC que ascendía al 10,2%. Hacía décadas que no soportábamos una inflación tan elevada. Pero aún resulta más preocupante el dato de la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, y que ascendió al 5,5%, incrementándose seis décimas en el último mes. Esto no sólo es un problema español. Ayer viernes, el indicador adelantado de Eurostat dejaba un IPC armonizado en la Eurozona del 8,6%, con una inflación subyacente también algo inferior a la española y en el 4,6%. Por cierto, el IPC armonizado español sería ligeramente inferior quedándose en el 10%. Como habíamos advertido en El Economista reiteradamente, la inflación estaba fuera de control y no sólo era un problema energético.
Lo peor de todo es que también es un problema energético, tanto coyuntural como estructural. Según Eurostat, el incremento de precios energéticos en Europa en junio alcanzó el 41,9% interanual, pese a las rebajas de impuestos y bonificaciones puestas en marcha por los Estados. Un incremento de este calibre supone, en primer término, trasferir masivamente rentas a los países exportadores de gas y petróleo, incluyendo Rusia. En segundo lugar, este drástico incremento del coste energético que soportan las empresas, o se traslada a precios, o las empresas quebrarán o reducirán empleo. Y esta dinámica previsiblemente se mantendrá, en lo que se refiere a gas y petróleo, mientras la guerra de Ucrania continúe.
El precio del carburante depende fundamentalmente de cuatro factores:
En primer lugar, del precio del crudo, que no está, precisamente en máximos históricos, y que tiene recorrido al alza conforme se endurezcan las sanciones a Rusia. En segundo término, de la cotización del dólar frente al euro. Hace unos años un euro valía 1,5 dólares, mientras que ahora está cercano a la paridad. En la medida en que Estados Unidos sí está elevando los tipos de interés, además de reduciendo los dólares en circulación, mientras que Europa va mucho más lenta. Por eso, el euro se podría depreciar, aún más, frente al dólar, lo que llevaría a importar inflación, especialmente en el gas y en el petróleo.
El tercer factor es el margen de refino. Aquí tenemos un déficit de capacidad de refino a nivel mundial. Además, Rusia también exporta refino, y si se extienden las sanciones, el refino incrementará su precio. Y, por cierto, como la demanda de diésel es superior a la de gasolina, se está produciendo el fenómeno de que el diésel, que paga 12 céntimos de euro menos de impuestos, tiene un precio que ha llegado a superar el de la gasolina. Además, el proceso de refino exige pagar derechos de CO2 en Europa, derechos que están cada vez más caros. Estos derechos también se pagan cuando se quema gas para producir electricidad, incrementando su coste.
Queda el último factor, los impuestos y el margen comercial, que sí son factores internos sobre los que se puede actuar. Pero, los factores internacionales, en un mercado mundial, van en sentido contrario.
En la cuestión del gas, el problema es más simple: el principal proveedor de gas a Europa, especialmente a Europa Central y Oriental es Rusia. Alemania ya prevé un corte de gas en otoño y se intenta preparar. Esto no es un problema económico, o, mejor dicho, es un problema económico gravísimo, porque Alemania, y otros países, no pueden suplir el gas ruso para calefacción en invierno. Ante esto, habrá que dejar de quemar gas para suplirlo por carbón en la producción de electricidad, pero no será suficiente. En estas condiciones, continuar con el cierre de las centrales nucleares en Alemania es algo sumamente complicado de explicar, y profundizar en unos errores gravísimos que nos están repercutiendo a todos los europeos, y que ya comentamos aquí hace unos meses.
El gas, y también los derechos de CO2, elevarán los precios de la electricidad. Los mercados de futuros ya reflejan incrementos del precio del gas, y también, en buena parte de Europa, de la electricidad. En la medida en que se desligue, con el tope al gas, la tarifa eléctrica de los precios del gas, esto podría tener un efecto positivo, de reducción de precios. Sin embargo, esto dependerá fundamentalmente del gas que se necesite para atender la demanda de electricidad. Probablemente, con esto sólo podamos aspirar a que los incrementos sean menores en España y Portugal.
Por otra parte, a medio y largo plazo, no se están realizando inversiones suficientes en exploración y refino de hidrocarburos, o incluso en exploración de gas. La razón es que, con la previsión de la transición ecológica, estas inversiones no se podrían amortizar. Si decidimos que en 2035 ya no habrá automóviles con motores de combustión interna, esto afectará no sólo a las ventas de automóviles hoy, y aún más en el futuro, pero todavía más a las fábricas de automóviles y la inversión en fuentes de energía no renovables, que no deberían tener demanda en el futuro y no se podrían amortizar. La transición ecológica es necesaria, pero tiene un coste en forma de inflación que ya estamos empezando a pagar.
Con este panorama en los precios energéticos, e incluso en algunos países de Europa Central Oriental el simple abastecimiento energético, en los próximos meses parece sumamente complicado que la inflación se modere. Un pacto de rentas, es decir limitar el crecimiento de márgenes empresariales y salarios, podría reducir los, ya iniciados e inevitables, efectos de segunda ronda. Pero, esto supone asumir el empobrecimiento general de este shock económico y esto no es fácil. Por otra parte, la subida de tipos de interés encarecerá la financiación, lo que deprimirá la inversión y el empleo. Este proceso de normalización monetaria, que van con mucho retraso en Europa, es inevitable para frenar la inflación, pero supondrá disminuir, aún más, el crecimiento económico.
Este proceso inflacionario, además de la mejora del empleo y del cumplimiento tributario, está llevado a una recaudación fiscal récord. Además, el gasto público sólo está creciendo al 3,2%. Esto nos está permitiendo reducir el déficit público, uno de los desequilibrios más importantes de la economía española. Sin embargo, en otoño, las decisiones de aumentos de salarios y pensiones supondrán un test importante, no sólo para los resultados de las empresas y los presupuestos públicos, sino también para el reparto de la carga fiscal a familias y empresas. De eso hablaremos otro día.
Pero, seamos conscientes de que estos niveles de inflación reflejan que estamos empezando a pagar la transición ecológica, que no es gratis. También reflejan que empezamos a pagar la crisis del Covid, que la política monetaria de los Bancos Centrales sólo difirió, que ya es mucho. Por último, con la inflación, sobre todo energética, también estamos pagando la factura económica de la Guerra en Ucrania. No es barata, pero mucho más caro lo están pagando otros, en defensa, también, de nuestra seguridad y libertad.
