El Gobierno no se fía de la recuperación. Hay mensajes contradictorios. Por un lado, se muestra optimista porque el paro desciende de manera constante y las cotizaciones sociales alcanzan tasas récord. La afiliación de noviembre, en 19.752.359 cotizantes, es la mayor de la serie histórica, mientras que el desempleo se redujo en 74.381 personas, hasta poco más de tres millones. La mayor caída en un noviembre y la cifra más baja de parados desde 2008. Sin embargo, desde esta semana celebra dos consejos de ministros semanales para centrarse en la recuperación y el propio Sánchez descartó el día de la Constitución su reforma y aplazó los cambios en el Consejo General del Poder Judicial para dedicar todo su tiempo a la economía.
.¿Si van tan bien las cosas, porqué hay que dedicar tanto tiempo a la recuperación? Básicamente porque es mentira. Gran parte del descenso del desempleo se debe a la salida de la economía sumergida de parte de los autónomos y de los empleados de pymes para que pueden cobrar por ceses de actividad ó los Ertes, respectivamente. Así como a la creación de más de cien mil empleos públicos, principalmente, por parte de gobiernos autonómicos y corporaciones locales. Esto es importante, destacarlo.
Asimismo, mecanismos de protección como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el seguro de paro para los mayores de cincuenta ó el de los trabajadores en Erte contribuyen a distorsionar la realidad, de manera que la afiliación a la Seguridad social está en máximos no vistos desde el período anterior a la crisis de 2008, en que el paro bajó al 8 por ciento, casi la mitad de ahora.
Hay cuatro grandes asuntos que preocupan. El primero es la variante ómicron, mucho más fácil de propagarse, pero menos letal que predecesoras como la Delta. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, dejó muy claro que no quiere oír hablar de restricciones a la movilidad ni de cierres de comercios, para no propinar un mayor golpe a los pequeños negocios.
Los gobiernos regionales, afortunadamente, también aprendieron la lección y tampoco están dispuestos a imponer cierres perimetrales de zonas ó de locales ni, incluso, a tomar medidas adicionales como la reducción de aforos.
En este aspecto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue pionera y marcó la senda a seguir. El resto tomó nota de su enorme popularidad. Con elecciones en Castilla y León en primavera y en Andalucía en verano, los políticos deben de andar con pies de plomo porque cualquier metedura de pata provoca un efecto boomerang, que tiene su repercusión en votos.
El mensaje repetido por todos es y será una y cien veces: vacunación, vacunación y vacunación. Con cerca del 90 por ciento de la llamada población diana inmunizada, a la que pronto se sumarán los más pequeños de la casa, y la extensión de los pasaportes Covid para acceder a bares ó restaurantes, el gobierno central y los regionales confían en controlar la extensión desaforada del Covid estas Navidades. O, por lo menos, que hospitalizaciones e ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) se mantengan en tasas aceptables.
La economía va a sufrir un golpe menos severo que en anteriores ocasiones, pero las dificultades persistirán. El nuevo virus no logró cambiar la hoja de ruta de los principales actores institucionales o financieros. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sigue adelante con sus planes acelerados de retirada de estímulos económicos; la OPEP mantiene el aumento de producción de crudo como si nada hubiera ocurrido y China, con sus planes regulatorios de prohibir la cotización de sus empresas extranjeras en mercados extranjeros.
Lo vimos esta semana en las bolsas. La recuperaron de casi dos tercios de las pérdidas generadas por la aparición de ómicron y la posterior consolidación de estas ganancias es un reflejo de los titubeos de la economía.
El Banco de Pekín sorprendió con un movimiento insospechado al liberar reservas bancarias para facilitar la liquidez de los maltrechos negocios dañados por la pandemia y empujar la recuperación, mientras que el BCE y la Reserva Federal tienen cita esta semana para anunciar sus planes. Esperemos que no cometan el error de Trichet en vísperas de la gran recesión, cuando subió los tipos de interés y agravó la crisis mundial.
El segundo factor que inquieta a los economistas y, por ende, a los políticos, es obviamente la inflación, que como insistimos en elEconomista, vino para quedarse un tiempo. Los precios de la electricidad volvieron a marcar récord en cerca de 240 euros el KW/hora.
La Unión Europea hace caso omiso a los requerimientos de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera para reformar la tarifa y ésta no parece encontrar una alternativa para contener el coste de la energía. Además, los cuellos de botella, en el suministro de algunos productos, sobre todo de alta tecnología, van a seguir a lo largo de este año, lo que provocará que unos 30.000 empleados del automóvil sigan en expediente de regulación.
Uno de los más afectados es el sector del automóvil, que en nuestro país aporta casi el diez por ciento del PIB, junto con el turismo extranjero, que continúa en tasas inferiores al 50 por ciento de las alcanzadas en 2019.
Las restricciones adoptadas por algunos países como el Reino Unido, al exigir PCR ó períodos de aislamiento, es un impedimento para los desplazamientos y está provocando ya la anulación de reservas para estas Navidades. El inesperado frenazo a la recuperación española en el segundo y tercer trimestre de este año provino del turismo internacional y se teme que éste no despegue tampoco hasta bien entrado 2022.
Con el pinchazo del automóvil y del turismo, que juntos suman alrededor del 20 por ciento del PIB nacional, es imposible que nuestra economía despegue. Aquí está la tercera gran preocupación de Gobierno, porque las amenazas de movilizaciones en el campo ó los transportes durante estas Navidades puede agravar las tensiones inflacionistas por la carencia de algunos productos, pero su peso en la economía es minoritario.
Por último, hay un elemento que inquieta más que el resto, los fondos Next Generation EU, que no terminan de echar andar y en los que el Gobierno había fiado buena parte del impulso a la actividad durante este año y el que viene: El dinero no está llegando a las empresas ni a la economía real.
La semana pasada compareció en público la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyer, para anunciar que España se convertía en el primer país europeo en recibir la aprobación a un paquete de reformas, que abría la puerta al desembolso de 10.000 millones de euros adicionales, y ésta, los 27 autorizaron el Perte del automóvil, con 3.000 millones. Una pieza fundamental en el avance de nuestra industria del automóvil hacia la electrificación, conseguido gracias a los esfuerzos y la excelente gestión del secretario general de Industria, Raúl Blanco.
Pero la realidad es que el paquete de reformas aprobado es sólo un primer paso. El desembolso de hasta 27.000 millones, que debería impulsar 2,5 puntos el PIB a lo largo de 2022 depende de la propuesta que se presente a finales de año e incluye aspectos tan relevantes como la sostenibilidad de las pensiones, que acaba de recibir un duro varapalo por parte de la OCDE, o la modificación de la reforma laboral aprobada en la anterior legislatura para combatir la temporalidad y el desempleo juvenil.
En el visto bueno a estas iniciativas jugará un papel fundamental la actitud que adopte el nuevo gobierno del socialdemócrata germano Olaf Schol. Y, sobre todo, de su ministro de finanzas, Christian Lindner, conocido como "el halcón liberal" por su defensa del rigor fiscal y presupuestario.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asegura que el 60 por ciento de los 9.000 millones adelantados en otoño por la UE están comprometidos. Pero lo cierto es que la maraña burocrática de la administración pública impide que los fondos lleguen a sus destinatarios finales. El problema está en el mecanismo diseñado desde Moncloa para su distribución. La mitad de los fondos va destinados a las comunidades autónomas, donde sufren una dilación adicional. Entre otras cosas, porque los gobiernos regionales solicitan una cogobernanza para poder utilizar el dinero en las partidas que consideren más oportunas, en lugar de que sean preasignados.
El grado de ejecución de los fondos de cohesión europeos recibidos entre 2014 y 2020 es de sólo el 36 por ciento, la mitad que los países de norte de Europa. Si no se logra desatascar el reparto de este dinero, el riesgo de que la recuperación se dilate es elevado.
El problema del Gobierno es político, porque Sánchez contaba con que la economía fuera viento en popa durante este año para llegar en plena forma a 2023 y convocar elecciones. Ahora todo puede quedar en agua de borrajas y, encima, el PSOE no despega en las encuestas mientras que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se dedica a construir una alianza de izquierdas con sus socios de Gobierno. ¡Pues sí que es para estar preocupados!
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