La separación de poderes

Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

Promulgada la ley, se procedería a la elección de esos doce vocales por el nuevo método y cabe suponer que el PP se negará a participar en semejante enjuague. En consecuencia, todos ellos saldrían de una negociación interna oficialista. Tantos designados por el PSOE, tantos por Podemos y una porción para cada uno de los aliados separatistas: PNV, ERC y Bildu.

Un ataque frontal contra la separación de poderes, una invasión impresentable que politizaría hasta el hartazgo a la Justicia.

Estocada al Consejo General

Y, como ha escrito Ignacio Varela, "el adefesio resultante sería un Gobierno de los jueces compuesto por dos clases de vocales de legitimidades disímiles: doce delegados del oficialismo y ocho procedentes del periodo anterior. Si, como se ha anunciado, la operación legislativa se consumara prohibiendo que los vocales con el mandato caducado puedan ejercer sus principales competencias (por ejemplo, la designación de magistrados), el paso siguiente sería inhabilitar en la práctica a esos ocho residuos del pasado pluralista y dejar operativos únicamente a los doce nacidos de la Nueva Mayoría Progresista. Estocada hasta la bola".

Si Sánchez sigue hasta el final por este camino, la independencia de la Justicia se destruiría en contra del conjunto de jueces, fiscales y de una parte relevante del Parlamento, y con posibles castigos de la UE en nuestro peor momento económico y social, cuando el apoyo europeo es vital.

En primer lugar, no debería aceptarse que el Gobierno interviniera en una negociación que la actual ley pone en manos del Parlamento. En segundo lugar, debería derogarse la ley actual (de 1985) que el PSOE nunca debió promover.

El Gobierno no para de echar la culpa del bloqueo al PP y éste no para de repetir que no quiere a Podemos en la mesa de negociación, y Sánchez tiene tres jueces en su Gobierno que no pueden estar de acuerdo con esta invasión. Es más, se sabe que Campo, el ministro de Justicia, ha estado negociando sotto voce con el PP esa renovación y, al parecer, enterado Iglesias del apaño, ha montado en cólera y la experiencia de estos meses indica que las cosas que dice Iglesias tienden a hacerse realidad.

Para cualquier demócrata, defensor de la separación de poderes, la solución vendría de la mano de una ley que dejara en manos de jueces, fiscales y usuarios de la Justicia la elección de todos los componentes del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues los colegios de abogados.

Previamente habrían de eliminarse las asociaciones judiciales, que con su existencia no han hecho más que dividir la Judicatura, y más teniendo en cuenta que la Constitución prohíbe la sindicación de jueces y fiscales.

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Joaquín Leguina

Estadístico

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