Opinión

La separación de poderes

  • El modo en que se afronta la reforma del CGPJ pone en riesgo las ayudas europeas
  • El PSOE nunca debió apoyar la ley de 1985 que es la que ahora se aplica
El CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, es el gran objetivo de las maniobras políticas de Podemos.

Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

Promulgada la ley, se procedería a la elección de esos doce vocales por el nuevo método y cabe suponer que el PP se negará a participar en semejante enjuague. En consecuencia, todos ellos saldrían de una negociación interna oficialista. Tantos designados por el PSOE, tantos por Podemos y una porción para cada uno de los aliados separatistas: PNV, ERC y Bildu.

Un ataque frontal contra la separación de poderes, una invasión impresentable que politizaría hasta el hartazgo a la Justicia.

Estocada al Consejo General

Y, como ha escrito Ignacio Varela, "el adefesio resultante sería un Gobierno de los jueces compuesto por dos clases de vocales de legitimidades disímiles: doce delegados del oficialismo y ocho procedentes del periodo anterior. Si, como se ha anunciado, la operación legislativa se consumara prohibiendo que los vocales con el mandato caducado puedan ejercer sus principales competencias (por ejemplo, la designación de magistrados), el paso siguiente sería inhabilitar en la práctica a esos ocho residuos del pasado pluralista y dejar operativos únicamente a los doce nacidos de la Nueva Mayoría Progresista. Estocada hasta la bola".

Si Sánchez sigue hasta el final por este camino, la independencia de la Justicia se destruiría en contra del conjunto de jueces, fiscales y de una parte relevante del Parlamento, y con posibles castigos de la UE en nuestro peor momento económico y social, cuando el apoyo europeo es vital.

En primer lugar, no debería aceptarse que el Gobierno interviniera en una negociación que la actual ley pone en manos del Parlamento. En segundo lugar, debería derogarse la ley actual (de 1985) que el PSOE nunca debió promover.

El Gobierno no para de echar la culpa del bloqueo al PP y éste no para de repetir que no quiere a Podemos en la mesa de negociación, y Sánchez tiene tres jueces en su Gobierno que no pueden estar de acuerdo con esta invasión. Es más, se sabe que Campo, el ministro de Justicia, ha estado negociando sotto voce con el PP esa renovación y, al parecer, enterado Iglesias del apaño, ha montado en cólera y la experiencia de estos meses indica que las cosas que dice Iglesias tienden a hacerse realidad.

Para cualquier demócrata, defensor de la separación de poderes, la solución vendría de la mano de una ley que dejara en manos de jueces, fiscales y usuarios de la Justicia la elección de todos los componentes del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues los colegios de abogados.

Previamente habrían de eliminarse las asociaciones judiciales, que con su existencia no han hecho más que dividir la Judicatura, y más teniendo en cuenta que la Constitución prohíbe la sindicación de jueces y fiscales.

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forum Comentarios 7

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FELIX
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Todo ésto viene en el manual de primero de socialismo del siglo XXI. Nos llevan a una dictadura planificada totalitaria. Un paso más.

Puntuación 7
#1
No hay ni un solo Gobierno social-comunista en Europa.
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Tampoco lo hay en el Mundo Libre.

Aquí sí.

Y tiene estas fatales consecuencias.

Y los integrantes son una colección de ineptos de lo peor del psoe y comunistas tropicales bananeros. Son datos objetivos. Hay uno que hasta ha puesto un ministerio a una.

Todo alejadísimo de una Socialdemocracia moderna europea.

Qué puede salir bien?

Sr.Leguina, tiene mucha razón.

Puntuación 6
#2
Usuario validado en elEconomista.es
MiguelA
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Tiene usted mucha razón. Buen artículo.

Puntuación 5
#3
yomismo
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El problema es que el poder judicial es una parte de la Soberania, y la Soberania Nacional recae en el Pueblo español, segun establece la Constitucion. Por tanto, seria incompatible con la Constitucion (y con la democracia) que un poder del Estado (el judicial) estuviera exclusivamente en manos de sectores profesionales o coorporativos (jueces, fiscales y abogados). El pueblo tiene que participar directa o indirectamente en la eleccion del organo de gobierno los jueces por imperativo constitucional y democratico

Puntuación -7
#4
forrest gump
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Los fascistas del futuro se llamaran a si mismos antifascistas, Sir Wiston Churchill

Puntuación 6
#5
HABLEN !.
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Sres de la Comisión Europea, por favor, HABLEN YA ! No esperen a que el bulldozer de esta chusma comunista destroce nuestro estado de derecho, digan ya que no van a dar ni un Euro a este desgobierno comunista, HABLEN !.

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#6
Usuario validado en elEconomista.es
pvallejuelo
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Totalmente de acuerdo y al #4- Yo mismo le indico que tendría razón si etuviesemos en DEMOCRACIA y los parlamentarios representasen a los ciudadanos pero desgraciadamente padecemos una partitocracia y los parlamentarios SOLO REPRESENTAN A LOS PARTIDOS

Puntuación 0
#7