
Resulta difícil felicitar las Navidad en estas fechas tan señaladas y complicadas a la vez, teniendo en cuenta que 70.000 ciudadanos han perdido la vida por el coronavirus, que más de un millón de ciudadanos están en Expedientes de Regulación de Empleo (Ertes), sin saber si podrán reincorporarse a su trabajo; que alrededor de 600.000 autónomos echaron el cierre a sus pequeños negocios ó que hasta un tercio de las pymes puede dejar de existir en los próximos meses.
Como consecuencia de estas dramáticas cifras laborales, 190.000 personas hacen cola a diario sólo en la ciudad de Madrid para poder llevarse algo a la boca, de los que 33.000 son niños y 12.000 lactantes, según las cifras de Banco de Alimentos. Muchos, además, son ciudadanos de clase media, que jamás pudieron sospechar que se encontrarían en una situación así. Debe de ser frustrante para una familia levantarse cada mañana sin tener para alimentar a sus hijos.
Los casi 200.000 millones gastados en Ertes e ICOs para proteger a las empresas y el empleo han amortiguado la bajada del poder adquisitivo hasta sólo el 3 por ciento anual, frente a casi el 12 por ciento de caída del PB, cuatro veces más. El domingo, 27 de diciembre, comenzará la distribución de la vacuna de la farmacéutica Pfizer en nuestro país. Su reparto aún permanece en secreto por motivos de seguridad y también porque no está organizado. La vacuna debería poner fin a esta tragedia por la que atraviesa la economía mundial. Pero aún nos queda medio año de sufrimiento, como mínimo. Con una deuda en el 120 por ciento del PIB y un déficit del 11 por ciento, las finanzas públicas entrarían en shock si la crisis se alarga por cualquier circunstancia imprevista.
A los españoles les preocupa la crisis ó la pandemia, pero el futuro del Rey sólo al 0,4 por ciento
Los fondos para la recuperación de la Unión Europea, que estarán disponibles desde el 1 de enero, permitirán ganar en productividad, pero no recortarán la tasa de paro real, que con Ertes y ceses de actividad, supera el 21 por ciento de la población activa. El Gobierno empieza a reconocer que su desembolso está sujeto a tres condiciones, que aún no cumplimos: la reforma de las pensiones para hacerlas sostenibles, el mantenimiento de las reglas básicas de la reforma laboral y la defensa de la unidad de mercado. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que lo peor está aún por venir. Las cifras de desempleo, en la actualidad en 3,8 millones, pueden acercarse a los cinco millones cuando acaben los Ertes y los créditos ICO, según las previsiones más pesimistas.
¿Si la situación es tan dramática, por qué no se escribe más en los periódicos ó se muestra en la televisión? Por la contra propaganda de la coalición de Gobierno, que va destapando polémicas para desviar la atención de los ciudadanos. Uno de esos temas es la Monarquía. El jueves, día de Nochebuena, millones de españoles estarán pendientes del tradicional discurso del Su Majestad el Rey Felipe VI.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, animó hace unos días a discutir sobre el futuro de la institución monárquica durante las cenas y celebraciones, que tendrán lugar después del discurso en los hogares. El debate público gira en torno a si debe mencionar los escándalos de su padre el Rey Emérito y pedir perdón por ello y por el mensaje después del 1-0, que le reprochan los independentistas; si exigirá ejemplaridad como hizo en su proclamación, con el caso Noos en plena explosión, que salpicó a su hermana la Infanta Cristina y a su cuñado Iñaki Urdangarín o si, en última instancia, se debe introducir algún cambio en la regulación actual de la Institución.
¿Para qué cambiar de una Monarquía Constitucional a la república bananera de Pablo Iglesias?
Uno de los temas más comentada es la posibilidad de modificar el Real Decreto por los que don Juan Carlos mantuvo "los honores, distinciones y reconocimientos oficiales" como Rey tras la abdicación en su hijo Don Felipe. Una buena idea si con ello se consiguiera el cese de la campaña de acoso y derribo al anterior jefe del Estado y, por ende, a la Monarquía. La propuesta estuvo sobre la mesa, pero finalmente se descartó después del fracaso de la última iniciativa. Desde el Gobierno se presionó al Rey para que promoviera la salida de su padre del Palacio de la Zarzuela, tras más de cuarenta años de reinado, y luego su marcha al extranjero. La maniobra, sin embargo, sirvió para poco. Muchos la consideran un error, porque Don Juan Carlos ahora tiene más difícil la vuelta a España. Ni siquiera ha podido regresar por Navidad para estar con su familia.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, encargada de preparar el discurso con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, presiona para introducir la mayor transparencia posible. La redacción del texto final corresponde a la Casa del Rey y la función del Gobierno es la de su supervisión posterior. Calvo sería partidaria de alguna mención al anterior jefe de Estado mediante alusiones indirectas, a fin de separar la figura de Felipe VI de la de su padre.
Sin embargo, el Gobierno hace poco hincapié en sus mensajes y olvida con demasiada frecuencia que Felipe VI rompió con su padre, renunció a su herencia, le retiró la asignación anual apartándolo de la vida pública y emprendió una reforma interna de la Casa del Rey, en la que se controla hasta el último céntimo de gasto en su protocolo o en su personal. ¿Qué más puede hacer? Es mezquino utilizar los errores o presuntas ilegalidades del Rey Emérito para perjudicar la Institución, cuando ya no está al frente y se ha puesto a disposición de la Justicia para aclarar lo que sea preciso. No se hace en ningún otro caso, Ni en el Tribunal Constitucional, ni en la Jefatura del Gobierno, ni por supuesto en la empresa privada. Tampoco es justo sentenciar a un Rey, que devolvió las libertades y la democracia a nuestro país en 1981 por los errores que cometió en los últimos años.
Iglesias está interesado en atacar a la Monarquía para remontar en las encuestas y para afianzar sus lazos con los republicanos de Puigdemont y Oriol Junqueras, sobre todo con éste último, con el que pretende formar un gobierno tripartito tras los comicios autonómicos del 14-F en Cataluña. Hace un uso partidario. Pero, sobre todo, con su persistente ataque al Rey intenta esconder el escándalo de Neurona, que se acrecienta a medida que pasan los días. Las declaraciones recientes del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y del personal que trabajó en la última campaña electoral, coinciden en reconocer que desconocían que la consultora no tenía ni un solo empleado a su cargo, lo que apunta a su utilización como tapadera para desviar fondos a México.
Pedro Sánchez debería darse cuenta de que bailar el agua a Iglesias en estos asuntos es muy peligroso y perjudica a sus intereses y a los del Estado. Los españoles están preocupados por la evolución de la pandemia, por el desempleo, por su futuro, pero no por la Monarquía. Tezanos quiso ahondar sobre la polémica en el último CIS, que para su sorpresa muestra que sólo el 0,4 por ciento está preocupado por el futuro de esta Institución. Afortunadamente, en el Gobierno empiezan a dar marcha atrás tras comprobar que el mensaje no cala en los ciudadanos.
Atacar al Rey es socavar los cimientos de la Constitución y del Estado, pero sobre todo de la unidad nacional. Cualquier atisbo de que España puede fragmentarse en varias repúblicas, descoordinadas y enfrentadas entre sí, produciría un efecto catastrófico en la economía y más en el momento actual, con las cuentas públicas y la pandemia aún fuera de control. Es algo que tampoco se dice y es necesario advertir con claridad.
No hay más que echar un vistazo a los libros de historia para conocer el caos y la ingobernabilidad en la I y la II república. Una de las exigencias de la Unión Europa es la promoción de la unidad de mercado, como hemos visto. Sánchez debería tomar las riendas del poder económico, como ha hecho esta semana con la congelación del Salario Mínimo Interprofesional ó la promesa de acabar con la prohibición de los desahucios en mayo, como defendía su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, frente a las propuestas disparatadas de Iglesias. Las monarquías occidentales son un signo del progreso y de la sociedad de bienestar en toda Europa. La riqueza de los españoles se ha multiplicado varias veces desde la Transición, que pilotó con gran maestría y desparpajo Don Juan Carlos. ¿Para qué vamos a cambiar una monarquía constitucional por una república bananera, como la de Chaves ó Maduro?, ¿Para acabar en la ruina y la pobreza absolutas? Desde elEconomista, les deseamos ¡Feliz Navidad!