Como en Jumanji, la película dirigida por Joe Johnston en 1995 en la que cuatro jóvenes tienen que ir superando pruebas para volver al mundo real, habrá que resolver uno por uno los acertijos de los fiscales del caso BBVA, hasta que se desvele el secreto del sumario. La Fiscalía sorprendió esta semana porque, además de pedir la imputación de la entidad de crédito, aseguraba en su escrito que "alguno de los directivos" recibían dádivas por la contratación de los servicios del comisario Villarejo.
El sospechoso al que apunta el Fiscal, según las conjeturas de la mayoría de los consultados, sería el jefe de seguridad, Julio Corrochano, uno de los ocho directivos llamados a declarar por el juez.
Corrochano actuaba presuntamente de intermediario del propio Villarejo, quien logró contratos con el BBVA, por más de diez millones de euros entre 2004 y 2017. Se embolsaba así una comisión adicional a su remuneración, como uno de los más altos directivos. Una jugarreta que le permitiría cobrar un doble sueldo, al más puro estilo de los espías de las películas, que trabajan para dos a la vez.
Quizá ahora se entienda por qué Corrochano fue el primer directivo relacionado con este caso que prejubiló Francisco González hacia junio del año pasado, para tenerle de su lado, con una indemnización que el banco no hizo pública. Él va presumiendo entre sus amistades que la generosidad de FG le permite mantener su ritmo de vida sin trabajar durante el resto de sus días.
"Se han detectado presiones a algún imputado y ex directivo para tener la boca cerrada"
Pero aquí no acaban los problemas para quien estaba al tanto de la seguridad mundial del BBVA hasta hace unos meses. Hay otra media docena de grandes empresas, algunas de ellas pertenecientes al Ibex, que contrataron los servicios de Cenyt, la sociedad de Villarejo.
Corrochano pudo desarrollar un entramado de relaciones con los jefes de seguridad de otras sociedades, a los que comisionaba por la consecución de contratos para Villarejo. La mayoría de ellos son ex altos cargos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre los que existe una gran camaradería y se intercambiaban información. De esta manera, la red corrupta que menciona la Fiscalía en su escrito sobre el BBV tiene ramificaciones más amplias.
El banco desveló esta semana que ya ha enviado al juez la parte más relevante de la investigación, que encargó hace casi un año. Pero mucho me temo, que la información es poco esclarecedora, porque el propio Francisco González fue el primer interesado en destruir pruebas antes de su salida.
"La Fiscalía intenta que Corrochano confiese si recibía órdenes directas de González"
Por eso, la declaración de Corrochano, que fue quien contrató y gestionaba la relación con Villarejo, es fundamental para la resolución del caso. La Fiscalía intenta con sus acusaciones veladas presionarlo para que cuente si recibía órdenes directas de González.
Pero no le va a resultar fácil. Esta semana se ha conocido otro hecho que apunta a que dentro de la Policía existen intereses contrapuestos. La revelación por fuentes policiales de que el presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y ex director general del área inmobiliaria del BBVA, Antonio Béjar, destruyó documentos justo antes de su declaración ante el juez tiene segundas intenciones.
"Algunos imputados han recibido llamadas intimidatorias de personas próximas al ex presidente"
Béjar fue el único de los imputados que habló ante el magistrado Manuel García Castellón y, además, reconoció que conocía la existencia del contrato con el ex comisario entre 2010 y 2015.
La filtración sobre la destrucción de documentos se produjo en vísperas de que el Ayuntamiento de Madrid apruebe la operación de Castellana Norte, que lleva más de dos décadas congelada. Una clara presión para que mantenga la boca cerrada en adelante.
Algunos imputados han recibido llamadas intimidatorias de personas próximas al ex presidente de la entidad en torno a la fecha de su testimonio ante el magistrado. Curiosamente, todos se abstuvieron de declarar alegando el secreto de sumario, con la excepción ya comentada de Béjar. En otras palabras, existe presión para que los imputados mantengan la boca cerrada.
Villarejo reconoce que contrató los servicios de policías de la Comisaría General de Información para llevar a cabo las presuntas escuchas ilegales. Es decir, que hay funcionarios en activo interesados en que se eche un manto de tierra sobre el asunto, porque corren grave riesgo de ser primero imputados y después despedidos si se descubren sus actividades, por las que cobrarían presuntamente en negro.
"Se sospecha que Corrochano cobraba por los contratos en todo el Ibex con Villarejo"
El Magistrado tiene aún muchos hilos de los que tirar y madeja por desenredar. Hay incógnitas por despejar, si esa red corrupta continúa en activo y a cuántas empresas implica.
Existen evidencias de que hay un tráfico de información sobre directivos y sus quehaceres o sus lealtades y deslealtades, que fluía al margen de las actividades oficiales manejada por Policías activos e inactivos. Ese tráfico de datos no sólo afectaba a los asuntos personales, sino a información relevante de las empresas, que pudo ser obtenida de manera irregular y fraudulenta.
Como en Jumanji, el tablero de juego está lleno de sorpresas que el Juez tendrá que ir desentrañando con ayuda del fiscal. Estamos dando los primeros pasos y habrá muchas sorpresas.
"Orcel acaba la batalla judicial por culpa de las escuchas que hizo a Ana Botín"
Las escuchas ilegales o a escondidas son una moneda de cambio entre los directivos, como se descubrió este viernes en el caso de Andrea Orcel, el ex directivo de UBS que iba a ser fichado como consejero delegado por el Santander.
Orcel acaba la batalla judicial por culpa de las escuchas que hizo a Ana Botín, después de conocer la marcha atrás en la decisión de contratarle. Más allá de averiguar si detrás había un motivo económico, como alega el Santander, o de reparto de poder, como sugiere Orcel, el recurrir a escuchas lo desacredita. Como también lo hace el que después de cobrar una indemnización de 52 millones de UBS por marcharse, ahora pretenda multiplicarla por dos, reclamando una cantidad similar al Santander.
PD.-.En cuanto al Gobierno, nuestra tesis se cumple. Era imposible alcanzar un acuerdo en dos semanas, porque el nuevo socio de Sánchez tendrá que apoyarle también en los Presupuestos, prorrogados el último año. Sin acuerdo presupuestario, el nuevo Gobierno se vería obligado a convocar elecciones de nuevo para intentar tener una mayoría. El período veraniego de casi dos meses que se abre hasta finales de septiembre es mucho más propicio para alcanzar consenso sin la presión de los focos. de los medios de comunicación. De todas formas, Sánchez debería tener presente el dicho de que 'más vale sólo, que mal acompañado'. Mejor ir a elecciones si tiene que entregar el alma al diablo por un puñado de votos.
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