El Banco Santander y Andrea Orcel, el banquero procedente de UBS que iba a contratar como consejero delegado del grupo cuyo proceso se frustró el pasado enero, agudizan la batalla judicial. La entidad le acusa de grabar conversaciones que mantuvo con la presidenta del grupo, Ana Botín de manera poco ética e inmoral.
A raíz de las filtraciones a la prensa de la demanda interpuesta por Orcel al banco, en la que se reproducen conversaciones con miembros de la cúpula de la entidad, el grupo ha emitido un comunicado en el que apunto a la grabación de "conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander". Según la entidad, esto confirma que la decisión adoptada por el consejo de Banco Santander "fue la adecuada".
Batalla judicial
La batalla judicial del banco y Orcel en los tribunales va a centrar el motivo principal del asunto en si el documento de contratación que el Santander puso sobre la mesa era un contrato oficial o una carta de oferta provisional. Mientras el italiano mantiene que se trató de un contrato oficial y por tanto acusa al Santander de incumplirlo y le reclama 102 millones de euros como compensación, la entidad cántabra apunta a que se trató de una oferta inicial supeditada a varios aspectos, como el compromiso de Orcel a bajar la compensación que perdía por su marcha de UBS, y la aprobación del consejo de administración del banco, de la Junta de Accionistas y de la idoneidad del candidato por parte del Banco Central Europeo (BCE).
En esta carta inicial, según relata el Santander, el banco se comprometió a pagar un máximo de 35 millones de euros al italiano, bajo la premisa de que esta cantidad se vería reducida de una parte porque el banquero se iba a comprometer a rebajar sus pretensiones sobre la cuantía que debía cobrar como compensación de lo que perdía por salir de UBS y, también por que el banco de inversión, asumiría otra parte del coste.
"Orcel aseguró que lograría reducir su indemnización negociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía"
"Orcel aseguró que lograría reducir el buyout (indemnización) negociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía. Incluso pidió a Banco Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida", alega el grupo español. Sin embargo, la entidad asegura que no le consta que Orcel llegar a remitir esta carta a UBS a pesar de que le facilitó el borrador de la misma.
Asimismo, el banco añade que el banquero italiano, "lejos de realizar todo lo posible para que UBS le abonara una parte significativa de las retribuciones diferidas […] rechazó destinar a reducir el importe del buyout los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento".
Es decir, Orcel, en vez de restar a esos 35 millones de euros los casi 14 millones que obtuvo de su anterior banco, trató de incrementar la cuantía pidiendo al Santander tres millones de euros más en concepto de intereses y dividendos, según apunta el comunicado de la entidad.
Orcel acusa de forma velada en la demanda interpuesta contra el Santander, que la presidenta Ana Botín inició las conversaciones de contratación por su cuenta
Por otro lado, Orcel acusa de forma velada en la demanda interpuesta contra el Santander, que la presidenta Ana Botín inició las conversaciones de contratación por su cuenta y riesgo sin ponerlo en común con los órganos competentes por la entidad. El banco niega este extremo y asegura que Botín valoró al italiano como consejero delegado del grupo tras conocerse que Rodrigo Echenique dejaría sus funciones ejecutivas a finales de 2018 y valorar que el actual consejero delegado, José Antonio Álvarez, pasaría a sustituir a Echenique, e involucró en esta decisión a las comisiones de nombramiento y retribuciones del grupo en el mismo momento en el que se confirmó su interés.
"El nombramiento de Orcel se realizó de buena fe y después de llevar a cabo un sólido proceso de gobierno corporativo que involucró al consejo de administración en su conjunto y, específicamente, a las comisiones de nombramientos y retribuciones, órganos que se reunieron en trece ocasiones durante el proceso para el nombramiento y para la posterior decisión de no seguir adelante", defiende el grupo.
Fichaje frustrado en cuatro meses
El Banco Santander anunció el pasado mes de septiembre el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado del grupo y, cuatro meses después, en enero, comunicó la marcha atrás del proceso. La entidad alegó que el coste que tenía que afrontar por el fichaje del banquero italiano era demasiado alto, en torno a unos 50 millones de euros, difícilmente de justificar ante el consejo de administración y los accionistas del banco.
Cabe destacar que el grupo, además, está dentro de un proceso de recortes por la integración del Banco Popular y hace escasamente un mes aprobó una Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que recortaría 2.223 empleos. Ante una situación así, resultaba injustificable para el agrupo afrontar un coste de unos 50 millones de euros por el fichaje de Orcel, cuando aún ni siquiera había demostrado lo que era capaz de hacer en la entidad.
A la par, UBS, finalmente ha ofrecido una compensación de 52 millones de euros al banquero en concepto de jubilación por estar siete años al frente del banco de inversión, puesto que no se marchó a trabajar a ningún banco competidor. Se desconoce si Orcel ha aceptado o rechazado dicha cantidad. No obstante, el banquero, y tras la decisión de su antiguo banco de compensarle, continúa la batalla para obtener 102 millones de euros del Santander.
