Golpe judicial al expresidente de BBVA, Francisco González (FG), en el caso de espionaje. La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del exbanquero de archivar la causa del espionaje a Sacyr contra él. BBVA, presuntamente, contrató las labores del excomisario de Policía José Manuel Villarejo entre 2004 y 2005 para evitar la entrada de la constructora en el capital de la entidad financiera y proteger la presidencia de González.
La defensa de FG solicitó este invierno el archivo de esta causa, por la que se le imputa cohecho y revelación de secretos, al considerar que se había superado el plazo de prescripción de diez años. Según los criterios de prescripción de la Audiencia Nacional, la resolución que irrumpe el plazo de prescripción es la citación como investigado, que González recibió el 14 de noviembre de 2019 y, por tanto, habrían pasado 14 años y nueve meses.
Sin embargo, según informan a elEconomista.es fuentes cercanas al proceso judicial, la Audiencia Nacional ha aceptado la impugnación de las partes afectadas por el espionaje y mantiene imputado a FG por el caso Sacyr. Tal y como ya adelantó en su día este diario, los espiados por Villarejo en el marco de la operación contra Sacyr se opusieron rotundamente al archivo de la causa contra el expresidente del banco al considerar que los delitos no pueden prescribir porque se llevaron a cabo de manera continuada.
Es decir, después del espionaje a la constructora, BBVA, con González en la presidencia, continuó contratando los servicios de las empresas de Villarejo para nuevos encargos. Entre otros, estuvieron los presuntos espionajes al expresidente de Martinsa Fadesa, el constructor Fernando Martín, y al expresidente de Colonial, Luis Portillo, ambos en 2009, o tres años después, los presuntos espionajes a la cúpula de la asociación de consumidores Ausbanc. Las fuentes consultadas señalan que la entidad financiera repitió durante trece años los mismos procedimientos y con los mismos objetivos: contratar al excomisario de Policía puesto que, como tal, tenía acceso a medios que otras personas no tienen como son las herramientas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Dudas sobre el 'forensic'
Por otro lado, las defensas de los espiados han conseguido que el magistrado de la Audiencia Nacional les dé acceso al forensic, el informe que realizó BBVA sobre los espionajes. Este documento fue elaborado por PwC y monitorizado por el bufete Garrigues. Los afectados pidieron el acceso al forensic al considerar que se elaboró con falta de neutralidad y quisieron saber qué datos, sesgos y criterios se usaron para su elaboración. Los espiados consideran que el forensic es la principal defensa del banco, ya que se elaboró bajo el objetivo de librar del caso a la actual cúpula, con Carlos Torres en la presidencia. Asimismo, cuestionan su imparcialidad ya que el despacho Garrigues, que monitorizó el informe, es el mismo que lleva la defensa del banco en el proceso judicial.
Pagos por más de 10 millones
La instrucción del caso de presunto espionaje que lleva a cabo desde 2019 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, arrojó que el banco se sirvió de los servicios del excomisario desde 2004 y hasta 2017, por los que pagó más de 10 millones de euros. Solo por la investigación a Sacyr, BBVA pagó 500.000 euros en 2004.
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