La inversión sostenible vivió en 2020 un año espectacular, atrapando como nunca antes lo había hecho la atención de los inversores. La pandemia de Covid-19 destapó nuevas necesidades vinculadas a la S del acrónimo ESG (que hace alusión a las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés), por ejemplo las sanitarias, las ligadas al empleo o a la exclusión
Respecto a la E, al medio ambiente, el foco ya estaba allí, y, de hecho, seguirá estándolo. La Comisión Europea -líder global en la implantación de políticas en favor de la inversión responsable- ha puesto el cambio climático en el centro de su Plan de Acción sobre Finanzas sostenibles. Este plan, presentado en marzo de 2018, establece tres claros objetivos: la reorientación de flujos hacia inversiones sostenibles, la integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos y, en tercer lugar, la transparencia y el largoplacismo.
Si 2020 fue un buen año para estos activos, 2021 sigue mostrando, en cifras, que la fiebre de la sostenibilidad no ha hecho más que comenzar. Solo en Europa, el 51% de las captaciones netas durante el primer trimestre se han dirigido a esta clase de productos, según los datos de Morningstar, acumulando entradas de dinero por valor de 120.000 millones de euros (ver gráfico), un 18% más que a finales del año pasado. Y esto ha llevado su patrimonio hasta los 1,3 billones, hasta representar el 12% del total de fondos de inversión europeos. A nivel global, Bank of America estima que 4 de cada 10 dólares de las entradas de capital mundial ya se destinan a ESG.
Un mercado en crecimiento
En España, el 35% de las gestoras ya está apreciando un aumento de la demanda de productos sostenibles, y casi el 90% de ellas tiene claro que ese interés aumentará "a corto o medio plazo". Así lo revela una reciente encuesta del Observatorio Inverco en la que han participado gestoras que representan más del 85% del patrimonio total invertido en fondos domésticos. Los fondos de este tipo empiezan a convertirse en casi un fetiche para los inversores, forzando incluso el cierre de algunos productos.
Del sondeo del Observatorio Inverco también se desprende que el 81% de las entidades considera que el conocimiento y valoración del inversor retail de los fondos con sesgo ESG ha mejorado, aunque una mayoría considera que todavía existe una diferencia entre la visión del minorista y del institucional.
El crecimiento para este tipo de productos en España es considerable, teniendo en cuenta que, según los datos de VDos correspondientes al primer trimestre de este año, por el momento los fondos ESG solo representan el 3,6% del patrimonio en fondos nacionales: aglutinan activos por unos 10.600 millones de euros, de una tarta de 295.000 millones, aproximadamente.
No es menos rentable
Una reciente encuesta de Deutsche Bank entre 2.100 clientes en 10 países -casi la mitad de ellos, en España- revela que el 75% de ellos considera que debe tener un "impacto positivo en el planeta" con sus inversiones. Pero si algo ha demostrado la inversión responsable en los últimos tiempos en que, en contra de lo que se creía hace apenas unos años, no detrae rentabilidad; de hecho, permite limitar los riesgos que se asumen, y reducir las caídas en caso de que se produzcan descensos generalizados.
Por mencionar algunos datos concretos, en 2020 -un año histórico para los mercados financieros, que sufrieron uno de los desplomes más rápidos de su historia- el MSCI Europe se dejó un 5,4%, mientras que su homólogo sostenible, el MSCI Europe ESG Leaders Index, se anotó un 7%. La caída de este segundo índice durante el crash de marzo también fue algo menor en el caso del indicador responsable, ya que se situó en el 34%, frente al 35,4% que se hundió el MSCI Europe.
Según un estudio de La Financière de l'Échiquier, en un año tan complejo como 2020, los criterios ESG fueron "un claro factor de rentabilidad superior"
Las diferencias a favor de los índices sostenibles se notaron, en 2020, mucho más en Europa que a nivel global. El MSCI World subió un 14,1%, y su homólogo sostenible, el MSCI World ESG Leaders Index, un 13,5%. Los descensos durante el Covid crash rondaron, en ambos casos, el 34%.
Según el estudio sobre la Compatibilidad entre la ISR y la Rentabilidad, de la boutique francesa La Financière de l'Échiquier (LFDE), que analiza el comportamiento de sus fondos en un año tan complejo como 2020, los criterios ESG fueron "un claro factor de rentabilidad superior". En concreto, la cartera compuesta por las compañías con las mejores calificaciones ESG registró una rentabilidad del 15%, frente al 0,2% de la integrada por los valores con las peores calificaciones. Además, los componentes de esa primera cartera necesitaron 264 días para recuperar sus niveles previos al crash, frente a los 323 sesiones que tardaron en conseguirlo las peores en ESG.
Un 'tsunami' regulatorio
El pasado 10 de marzo entraba en vigor uno de los hitos del antes mencionado Plan de Acción europeo: el Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad, que tendrán la mayor parte de su despliegue a lo largo de este año y del próximo. Según explica Carlos Magán, socio de AFI, "la nueva normativa obligará a gestores y asesores a incorporar la valoración de los aspectos ESG en el proceso de toma de decisiones de inversión". No fuerza a las entidades a ofrecer productos responsables, pero los expertos coinciden en que no hacerlo perjudicará su reputación.
En lo que respecta a la oferta de producto, esta normativa establece unos requisitos mínimos para identificar a los productos financieros, diferenciando entre aquellos que presentan características de sostenibilidad (que encajarían en el artículo 8 del Reglamento) y los que tengan un objetivo de sostenibilidad (recogidos en el artículo 9). Definir qué es sostenible y qué no se ha convertido, en palabras de Magán, en "una necesidad en un sector en el que el apellido sostenible se empieza a aplicar a un excesivo número de productos, alimentando el posible efecto green washing".
Qué implica la 'taxonomía'
Tras la entrada en vigor de esta norma clave, recientemente se han producido otras novedades que también afectarán a la forma de trabajar de las entidades en lo que a inversión sostenible se refiere. A mediados de abril vio la luz, por parte de la Comisión Europea, el esperado Acto Delegado en clima, que supone un paso importante en lo relativo a la taxonomía verde. Detrás de esa denominación de taxonomía se encuentra una clasificación de actividades empresariales, que establece si éstas realizan o no "una contribución sustancial" a alcanzar objetivos ambientales. En base a ella, cada entidad puede calcular en qué medida sus fondos están alineados con dicha taxonomía, teniendo en cuenta las empresas en las que invierten. Y el inversor puede comparar varios fondos verdes entre sí, sabiendo cuál de ellos es más verde.
Lo que se ha sacado adelante ha sido solo una parte de la taxonomía ambiental, la que corresponde solo a 2 de los 6 objetivos en base a los cuales quieren clasificarse las actividades económicas: los de mitigación y adaptación al cambio climático. "En los próximos meses veremos los otros 4 objetivos cubiertos", comentaba, tras realizarse ese anuncio europeo, Roberto Fernández Albendea, responsable de RSC y reputación de Iberdrola, en el Encuentro Anual Ofiso 2021.
También está pendiente la elaboración de una taxonomía social, que clasificará las actividades que realizan una contribución sustancial a los objetivos sociales. A finales de este año la Comisión debería publicar un primer informe sobre la misma.
El obstáculo al que se enfrenta esta taxonomía es que las cuestiones sociales (relativas a las condiciones laborales de los trabajadores, la relación con los proveedores y clientes, o la cadena de suministro) no siempre son fáciles de medir. Según Verónica Sanz, responsable de Análisis de Spainsif, "la taxonomía social presenta un problema que la verde no tenía; la verde se basa en ciencia, algo que no ocurre en aspectos sociales". Lluís Peralta, gestor de fondos en GVC Gaesco, añade que "los indicadores sociales son, por definición, más complejos que los ambientales". Solo en lo relativo a las prácticas laborales, GRI [la Global Reporting Initiative, organización que impulsa la elaboración de memorias de sostenibilidad] identifica 15 indicadores. "Algunos son medibles, como la ratio de accidentes en el trabajo, pero otros requieren un esfuerzo significativo medidos de forma homogénea", advierte.
