El 35% de las gestoras ya está apreciando un aumento de la demanda de productos sostenibles, y casi el 90% de ellas tiene claro que ese interés aumentará "a corto o medio plazo". Estas son algunas conclusiones de una encuesta del Observatorio Inverco en la que han participado gestoras que representan más del 85% del patrimonio total invertido en fondos domésticos.
Del sondeo también se desprende que el 81% de las entidades considera que el conocimiento y valoración del inversor retail de los fondos con sesgo ESG (ambiental, social y de gobernanza, por sus siglas en inglés) ha mejorado, aunque una mayoría considera que todavía existe una diferencia entre la visión del minorista y del institucional.
En lo relativo a los cambios normativos, el 85% de las entidades valora positivamente la entrada en vigor -el pasado 10 de marzo- del reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad (según el cual, entre otras cosas, las gestoras deberán aclarar a sus clientes si sus productos integran o no los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, y cómo lo hacen). Consideran que "promoverá una adecuada gestión de riesgos", pero casi seis de cada diez entidades reconocen que todavía falta "definición".
El sondeo pone de relieve las incoherencias en el calendario de aplicación de este reglamento: pese a haber entrado ya en vigor, las normas técnicas necesarias para implementarlo (RTS, por sus siglas en inglés) aún no están listas. El 76% considera que debería haberse esperado a aprobarlas antes de exigir la aplicación de estos principios, "y evitar así confusión al inversor y más gastos de adaptación a las entidades", denuncian.
Falta información
Casi dos tercios de las entidades coinciden en que la ausencia de información sobre sostenibilidad en las empresas en las que invierten y la falta de un marco jurídico definitivo son los principales retos de las gestoras para adaptarse a este nuevo paradigma, mientras que un 38% también alude al coste de adaptación. Casi ocho de cada diez gestoras utilizan enfoques de terceras entidades para analizar las inversiones en cartera y estimar en qué medida éstas son sostenibles o cumplen diversas métricas ESG.
