Hostelería de España ha pedido al bufete Écija Abogados estudiar la presentación de recursos ante los tribunales en toda España para levantar los cierres y restricciones en el sector. La decisión se adopta después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitiera ayer un auto por el cual ha aceptado la medida cautelar instada por las asociaciones de esta comunidad autónoma solicitando la reapertura de los establecimientos.
Emilio Gallego, secretario general de la patronal a nivel nacional, explica que "el recurso contencioso administrativo se presentó considerando el grave quebranto económico, de difícil reparación, ocasionado a la hostelería, en caso de no poder ejercer la actividad, no resarcible con una hipotética indemnización futura". Y todo ello, además, según insiste, después de que "se haya demostrado que la apertura de la hostelería no provoca una subida de contagios, y que las medidas adoptadas son eficaces".
Medidas injustificadas
Hostelería de España considera que los cierres y restricciones aprobados por las distintas comunidades autónomas no están justificados y que el hecho de que no se determine un periodo concreto provoca inseguridad jurídica.
Con cerca de 100.000 establecimientos cerrados y unas pérdidas en el último año de 65.000 millones de euros, el 50% del total de su negocio, la hostelería española ha decidido asimismo dar un paso adelante en defensa de sus derechos y reclamar indemnizaciones por el cierre forzoso decretado tras el Estado de Alarma decretado el 14 de marzo del año pasado.
La patronal del sector ha llegado a un acuerdo con la plataforma Indemniza y el despacho Écija Abogados, que trabaja también en los recursos ante las autonomías, para presentar las reclamaciones, aunque hay muchos más bufetes y organizaciones que están trabando en procesos similares.
Caída de ventas
El problema de fondo es que ante la tercera oleada del coronavirus y las nuevas restricciones decretadas, la crisis del sector se está agravando. "Hay autonomías donde se vuelve a registar una caída de ventas de hasta el 80% en algunos casos. Es lo que está pasando ante las restricciones en Castilla y León, Andalucía, Cataluña o Cantabria, entre otras", aseguran desde la patronal.
A finales del pasado mes de octubre, con la segunda oleada del coronavirus, fueron varias las comunidades que decretaron cierres totales y, sin embargo, hasta el 22 de diciembre, dos meses después, el Gobierno no aprobó un plan de choque, con gran decepción para el sector, al carecer de subvenciones directas. ¿Cuándo llegarán las ayudas a la hostelería? Estas son las comunidades que ya las han liberado.
Ese plan ha incluido reducciones fiscales, apoyo para los alquileres, la inclusión del sector entre las actividades con exoneraciones en los Ertes o subvenciones para la actividad a través de los fondos de desarrollo regional. Pero el Gobierno dejó fuera las ayudas directas como el sector demandaba por 8.500 millones de euros.
Un millón de empleos
Con todo ello, la repercusión sobre el empleo ha sido inmediata y los hosteleros temen que el virus acabe en breve con alrededor de un millón de puestos de trabajo, teniendo en cuenta toda la cadena y la debacle ante la falta de turistas, clave en el crecimiento del sector. "No se puede decir a una empresa que cierre, limitarle su trabajo y no tener medidas de acompañamiento directo, como en muchísimos países de Europa, nos llevan al desastre", ha reiterado en numerosas ocasiones en los últimos meses el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
Demanda en Cataluña
Los hosteleros catalanes también han llevado a los tribunales las restricciones en la región, donde desde julio han sufrido grandes limitaciones y periodos de cierre. Desde el 21 de diciembre solo pueden servir en el local desayunos y comidas con aforo reducido y franjas horarias acotadas, y tras la mejora de los indicadores epidemiológicos de la tercera ola reclaman poder volver a abrir en la franja de las cenas.
Mientras tanto, el 21 de enero la Federación de locales de restauración y ocio nocturno (Fecasarm) presentó demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra las diversas resoluciones dictadas por la Generalitat.
Adjuntaron el resultado de una prueba piloto realizada en la Sala Apolo de Barcelona, que "demuestra que un local de ocio nocturno o de restauración, con medidas preventivas y de seguridad es un espacio seguro"
Entregaron dos informes periciales realizados por consultoras que inciden en que la principal fuente de contagios que provienen del ámbito social han sido reuniones de familiares y amigos, con una aportación media del 74% de los brotes y del 68% de los contagios, mientras que la aportación del sector de la restauración y del ocio nocturno han sido un 3% y un 1% de media, respectivamente.
Además, adjuntaron el resultado de una prueba piloto realizada en la Sala Apolo de Barcelona, que "demuestra que un local de ocio nocturno o de restauración, con medidas preventivas y de seguridad es un espacio seguro" y que el cierre ha promovido la celebración de fiestas ilegales sin medidas de seguridad. La demanda defiende que las medidas impuestas por la Generalitat han sido del todo "desproporcionadas, arbitrarias, discriminatorias, ineficaces e incluso contraproducentes".
Por su parte, la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl) también ha anunciado que estudia llevar a los tribunales las restricciones en esta comunidad tras el fallo de la justicia vasca. El presidente de Hosturcyl, Fernando de la Varga, ha asegurado a elEconomista que el fallo no sólo es un motivo para felicitar a los hosteleros del País Vasco sino "que supone un punto de inflexión a nivel estatal porque lo que viene a reconocer es que la hostelería no es el lugar donde se transmite el virus, que no hay nada científicamente demostrado, y defiende lo que siempre hemos dicho, que no somos los agentes causantes".
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