Bilbao
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto permitir a los bares y restaurantes de Euskadi reabrir en los municipios que se encuentran en 'zona roja' por la alta incidencia de la covid-19, a pesar del decreto del Gobierno vasco que lo prohíbe.
El Tribunal concluye que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad, ya que también aumentaron la movilidad y las reuniones familiares.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha adoptado esta medida cautelar solicitada el pasado 4 de febrero por los hosteleros vascos, a través de un recurso en el que reclamaron que se eliminara la medida decretada por el Ejecutivo de clausurar bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes en los que la tasa de incidencia acumulada de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes.
El alto Tribunal ha decidido, de forma provisional, aceptar la reclamación de las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, a la espera de entrar en el fondo del asunto y tomar una decisión definitiva. Pese a la posibilidad de su reapertura, determinada por el TSJPV, los establecimientos hosteleros deberán mantener otra serie de restricciones y obligaciones establecidas por el decreto del Gobierno vasco, como el cierre a las 20.00 horas y apertura a las 6.00 horas, mantener un aforo reducido del 50%, garantizar la distancia de metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes, la agrupación de clientes por mesa con un número máximo de cuatro clientes, y la prohibición de consumir en barra o de pie.
"Grave quebranto económico"
El auto por el que el TSJPV adopta esta medida cautelar, y por lo tanto provisional, a la espera de entrar en el fondo del asunto, señala que, "ciertamente, en los muy numerosos municipios de la denominada 'zona roja', el cierre de las actividades hosteleras es total hasta que salgan de esa situación, con lo que, al carecer de ingresos, se genera un grave quebranto económico" para los bares y restaurantes.
"Es notorio y resulta muy difícil la reparación ante la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual", asevera. En todo caso, el tribunal admite que, desde el punto de vista de los intereses en conflicto, no se puede obviar que la situación pandémica en actual por la alta incidencia de la covid-19 exige medidas que dificulten su expansión.
La resolución judicial alude al informe de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco de 3 de febrero de 2021, que recoge "que la incidencia mínima" del virus se produjo el 27 de diciembre de 2020, "iniciándose después una escalada que lleva a la situación actual que, al parecer, se encuentra en una ligera bajada".
"Lo cierto es que para esa fecha, con importantes limitaciones, la hostelería llevaba abierta 15 días. No es un periodo muy amplio, pero sí supera los 10 días de aislamiento actualmente exigidos para positivos y contactos de positivos, y los 14 días de incidencia acumulada, sin que tal incidencia se elevase lo más mínimo", apunta.
