El Gobierno español se plantea bloquear el intento de opa del grupo australiano IFM sobre la energética Naturgy, al considerar que puede ser perjudicial que un activo estratégico de este calibre quede en manos extranjeras.
El Ejecutivo ya mostró sus reticencias sobre la operación hace dos semanas, puesto que dejaría a la primera gasista española en manos de tres fondos internacionales. De hecho, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó en rueda de prensa que en Moncloa tendrán la última palabra sobre la operación, puesto que cualquier compra de una participación superior al 10% en una empresa estratégica debe contar con la aprobación del Consejo de Ministros.
Además, cabe recordar que el Ministerio de Industria, del que depende la Dirección General de Comercio Internacional e Inversión Exterior, plantea a todos los inversores extranjeros un cuestionario tipo para que notifiquen los detalles de sus planes en España. En este caso, exigirá a IFM que especifique los objetivos económicos de su inversión para los próximos tres años, el equipo directivo y consejeros de la compañía o las perspectivas de empleo en España al acabar dicho periodo para la compañía tanto en el propio país como en el extranjero.
En este sentido, fuentes gubernamentales han señalado a Bloomberg que el impacto económico de la pandemia hace más necesario que nunca la protección de las empresas nacionales.
Por otra parte, hay que tener en cuenta a los actuales tenedores del accionariado. Criteria Caixa, que posee el 24% de la energética, aún no ha concretado qué acciones tomará, pero podría quedar relegada a ser un accionista minoritario frente al dominio de los tres fondos -IFM, GIP y CVC- que dominarían la mitad del consejo de administración.
El grupo australiano IFM presentaba a finales de enero una opa sobre el 22,69% de Naturgy, es decir, sobre 220 millones de acciones de la compañía, en una operación que ascendería a 5.060 millones de euros a abonar en efectivo. Los detalles los desglosó el pasado viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien desde ese momento dispone de 20 días hábiles para aprobar la oferta, aunque el plazo puede alargarse.
En bolsa, la compañía se dejó hoy un 3,83% hasta los 20,35 euros por acción, notablemente por debajo de los 23 euros por título ofrecidos por IFM. Pese a ello, la energética española se revaloriza casi un 6% en el parqué desde que se anunció la operación.
