La oferta del fondo australiano IFM sobre el 22,9% de Naturgy está generando una honda preocupación en el seno del Gobierno. La operación, de la que no fue informado con anterioridad el Ejecutivo, ha provocado diferencia de opiniones en Moncloa, ya que puede dejar en manos de fondos extranjeros prácticamente todo el sector de la distribución de gas del que depende la mayor parte de la industria.
La situación ahora mismo es de máxima prudencia. Nadie quiere dar un paso en falso. Por eso, todos los implicados se limitan a asegurar en público que se estudiará la operación con el máximo detalle. En el Gobierno son conscientes de que una decisión de este calibre se debe tomar al máximo nivel y por eso quieren esperar a conocer los detalles de la oferta planteada por IFM.
Desde el fondo australiano se asegura que hay intención de mantener una reunión con el Gobierno para darle a conocer sus planteamientos pero, hasta el momento, rechazan indicar quiénes o cuándo podrían participar en la misma.
Ante este escenario, las opiniones en el seno del Gobierno están divididas. Por un lado, se encuentran los que consideran que a las puertas de un momento de recuperación económica rechazar la inversión de 5.000 millones que plantea el fondo australiano podría alejar a los posibles inversores externos. En esta línea se encontrarían, según fuentes consultadas por este diario, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaño, así como las vicepresidentas de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Por otro lado, aparecen aquellos que están en contra de dejar en manos de fondos uno de los sectores estratégicos para la economía nacional. Dentro de este grupo, aparecen el jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, así como la titular de Industria, Reyes Maroto, y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. En cualquier caso, dentro de este grupo, tampoco hay unanimidad a la hora de optar por un veto total como el planteado recientemente en Francia a la oferta por Carrefour o imponer condiciones para la entrada de modo que pueda quedar garantizado el interés general.
Moncloa sabe que la decisión que tome la Junta de inversiones extranjeras supondrá un mensaje claro a los inversores
La posición más clara en el Gobierno ha sido la de Podemos, que ha mostrado su clara oposición a la operación al asegurar que dudan de que beneficie el interés general, pero a diferencia de lo que pasó a principios de enero con la subida de la luz y las reclamaciones de crear una eléctrica pública, ahora guardan silencio.
Moncloa sabe que la decisión que tome la Junta de inversiones extranjeras supondrá un mensaje claro a los inversores y, de hecho, el primer accionista de la gasista, Criteria, tampoco se ha pronunciado abiertamente sobre la operación a la espera de poder pulsar el sentimiento del Gobierno.
Los asesores de IFM han mantenido ya contactos con el Ministerio de Industria para poder iniciar la solicitud de los permisos para estas inversiones, aunque por el momento no se ha llegado a cursar todavía la petición oficial.
A la espera del folleto
La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que recibir primero el folleto de la operación para poder iniciar todas las peticiones formales ante las diversas autoridades, entre las que figuran organismos reguladores de México.
Según los expertos consultados por este diario, la tramitación de la oferta se podría ir hasta octubre, ya que el organismo deberá estudiar el folleto de la oferta, despejar cualquier duda que pudiese existir sobre una concertación de los fondos CVC y GIP con IFM y dar luz verde a la operación cuando ya esté completamente aprobada por el Ejecutivo.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, dejó claro este jueves que había sido informado de la operación poco antes de su presentación oficial, pero que no tuvo conocimiento de los detalles económicos hasta su formalización.
Las afirmaciones de Reynés dejan claro que el directivo, al igual que Criteria, no tuvieron margen de actuación frente a los fondos CVC y GIP, que aceptaron con rapidez la propuesta de IFM de no acudir a la opa. La entrada de IFM permite a ambos fondos tener un horizonte de salida mucho más cierto si deben vender su participación, puesto que el fondo australiano toma participaciones de control en las compañías que posee como Aqualia.
Criteria, por contra, está acorralada y tome la decisión que tome necesitará pactar con los fondos para mantener su peso específico en la compañía.
Otro de los puntos clave a la hora de tomar decisiones es el vencimiento este próximo mes de octubre de la concesión del gasoducto Magreb-Europa. La medida además cuenta con un fuerte interés por parte de Portugal, puesto que también recibe gas desde esta instalación.
