Los organismos supervisores, el Banco de España y el BCE, han mostrado sus reticencias al proyecto de fusión que están negociando BBVA y Sabadell por el 'caso Villarejo'. La evolución de la causa podría suponer un efecto adverso para el nuevo grupo resultante, que sería el segundo de nuestro país a muy poca distancia con CaixaBank-Bankia. Pese a los recelos mostrados por los reguladores, según destacan distintas fuentes a este periódico, el grupo liderado por Carlos Torres ha dado un paso al frente y ha decidido lanzar la integración con el banco catalán gracias a la venta de su filial de Estados Unidos, que le aportará un exceso de capital de al menos 7.100 millones de euros.
El Banco de España y el BCE temen que finalmente Torres termine siendo imputado por el espionaje masivo encargado por BBVA a Villarejo entre 2004 y 2017. Hay que tener en cuenta que el presidente del banco azul fue la mano derecha de Francisco González como consejero delegado en la última etapa de los encargos al excomisario. Concretamente ostentó este cargo durante dos años y medio, ya que ascendió al puesto como número dos en la primavera de 2015.
Además, recientemente el juez de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Policía que rastree toda la investigación interna realizada por el banco sobre esta trama, ya que PwC (el encargado de llevar a cabo este análisis) eliminó en su búsqueda el papel del propio Torres con una retirada de su nombre. El actual presidente ha descartado en distintas ocasiones cualquier implicación.
Su imputación causaría un impacto negativo tanto en la entidad como en el sector y, de producirse en plena integración con el Sabadell, podría generar consecuencias adversas en la operación. La primera consecuencia sería su dimisión. Se prevé que Torres se mantenga como número uno del nuevo grupo, aunque no se descarta que el presidente del banco catalán, Josep Oliu, permanezca con algún tipo de cargo (copresidencia) de manera temporal de fructificar las conversaciones que iniciaron hace unos meses para la unión de ambas entidades.
Las mismas fuentes destacan que el paso adelante del banquero salmantino con la integración es precisamente buscar una cierta protección ante la causa judicial del 'caso Villarejo', ya que con la transacción se generaría un grupo financiero más potente cuya estabilidad es más que necesaria para España en este momento de máxima incertidumbre por la crisis del coronavirus.
Petición de fusiones
Las reticencias o recelos de los supervisores no impedirán, a priori, que la fusión se materialice si ambas entidades llegan finalmente a un acuerdo definitivo una vez se lleven a cabo los procesos de 'due diligence' y establezcan todas las condiciones, entre ellas, los precios de la ecuación de canje. Los reguladores han venido insistiendo en la necesidad de que la banca lleve a cabo un proceso de consolidación para asumir los efectos de la pandemia y reduzcan costes de forma acelerada, lo que supone un punto a favor para que la transacción siga adelante pese a los riesgos.
La intención de ambas partes es poder llegar a un pacto antes de que finalice este año, pero su ejecución no se producirá al menos hasta bien entrado 2021. BBVA pretende tener el dinero de la venta de su franquicia de EEUU antes de ejecutar la integración y el cierre definitivo de la desinversión no espera hasta dentro de seis o nueve meses, según avanzó el lunes.
Desde que saltó a la palestra el 'caso Villarejo' los supervisores han advertido sobre las consecuencias reputacionales y operacionales para BBVA. El banco siempre ha negado que esta causa haya tenido algún tipo de impacto, a pesar del goteo de imputaciones y de relatos sobre lo sucedido. Entre los imputados se encuentra el que fuera su presidente durante casi veinte años, Francisco González.
