La Audiencia Nacional da una vuelta de tuerca en su investigación sobre el caso de la trama de espionaje de BBVA encargada a José Manuel Villarejo. El juez que instruye la causa Manuel García-Castellón ha ordenado que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional revisar los 2,3 millones de documentos internos del banco presidido por Carlos Torres, el denominado informe forénsic encargado por Garrigues y Uría Menéndez, abogados de la entidad, a la consultora PwC.
La Audiencia se alinea de esta manera con la Fiscalía Anticorrupción, que había puesto en cuestión la transparencia de BBVA en el proceso penal y por ello requieren que un externo analice toda la documentación del banco, principalmente correos electrónicos. La UAI de la Policía Nacional tendrá que chequear si en esos millones de documentos hay cuestiones importantes que el banco ha intentado ocultar al magistrado y los fiscales.
En un auto sobre nuevas diligencias, el juez de la Audiencia Nacional intenta así indagar más en la documentación en poder del banco y que ofreció a cambio de confidencialidad, tras la petición de las algunas acusaciones, como la de Luis Pineda, uno de los afectados de la trama de espionaje. "Por parte de la Unidad de Asuntos Internos, adoptando las garantías necesarias para el manejo de la información, se procederá a una nueva búsqueda conforme a lo interesado por la representación del Sr. Pineda si bien circunscribiendo las palabras clave a los nombres de los encargos encomendados a Villarejo y a los principales investigados en dichos proyectos conforme a la documentación incautada en poder de éste", señala García Castellón.
Uno de los socios de PwC llegó a señalar en sede judicial que a petición de las defensas de BBVA se habían omitido en el rastreo de la documentación palabras como Carlos Torres, que es el actual presidente del banco y que durante los años de los contratos a Villarejo había ocupado altos cargos directivos, entre ellos, el puesto de consejero delegado. Hay que tener en cuenta que los contratos con el expolicía se extiende entre los años 2004 y 2017.
El juez García Castellón, además de hacer esta orden a la Policía, también ha acordado volver a citar a declarar a Juan Béjar, exresponsable del área de riesgos y expresidente de la Operación Chamartín, y a un exdirectivo de su equipo, Julio Arturo Sáenz de Buruaga de la Cruz, actualmente en Grupo Lar, que presuntamente fue clave en la relación con Cenyt (empresa de Villarejo) durante años. Este exdirectivo del banco fue clave en la negociación de BBVA con Prasa, en la que hay sospechas de que el banco pudo beneficiarse del trabajo del excomisario.
El juez, por último, ha descartado imputar a BBVA el delito de organización criminal, pese a las peticiones de las acusaciones. La entidad ya está siendo investigada por los delitos de revelación de secretos, corrupción entre particulares y cohecho.
