Los directivos de la consultora PwC acudieron ayer a la Audiencia Nacional a declarar como testigos por el caso Villarejo. Allí, los responsable de esta firma, que han elaborado un informe forensic sobre el caso de espionaje del BBVA encargado al expolicía, indicaron que el banco, a través de su socio jurídico Garrigues, limitó y censuró la documentación a analizar.
Así, fuentes conocedoras de la situación explican que el directivo de la consultora, Javier López Andreo, informó al juez Manuel García Castellón y a la Fiscalía Anticorrupción que solo ha podido analizar el 10% de la documentación que propuso para realizar el análisis de lo sucedido. Solo este volumen, añadió, contó con la validación del bufete de abogados que lideraba los trabajos y que está ayudando en la defensa de la causa a la entidad. BBVA está imputado por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
En la declaración, a la que han acudido varios responsables de PwC, López Andreo no pudo concluir por falta de tiempo y ha sido aplazada hasta el mes de marzo. En ella, informó de que en su investigación llegaron a detectar millones de impactos en forma de correos electrónicos, mensajes varios o documentos relacionados con esos contratos con Villarejo de los que la firma Garrigues y el banco solo autorizaron el análisis de una parte de ellos que no superaba ni el 10% del total.
Instrucciones
De hecho, el representante de PwC señaló al juez que recibió instrucciones de Garrigues para no profundizar en la investigación del supuesto espionaje al entonces presidente de Sacyr, Luis de Rivero, y a otros directivos de la compañía, que en el argot del BBVA eran conocidos como "grupo hostil", que trató de tomar el control de la entidad y poner en peligro la presidencia de Francisco González.
Hay que tener en cuenta que los contratos de BBVA con el expolicía comenzaron en 2004, con el objetivo de que investigara al presidente de la constructora, sus accionistas y a parte del Gobierno de aquel entonces, que impulsaron dicha operación de adquisición.
Debido a este encargo, Villarejo interceptó las comunicaciones telefónicas y realizó seguimientos irregulares a dicho grupo hostil, entre los que destacan la exvicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, y el exjefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Miguel Sebastián.
Según fuentes jurídicas consultadas por Ep, López de Andreo explicó que el banco puso a su disposición miles de documentos y fue el bufete Garrigues, que coordinaba los trabajos, el que pidió delimitar la investigación a un número menor y profundizar en unos u otros aspectos. Fue así como quedaron excluidos los documentos relativos al espionaje a los implicados en el asalto de Sacyr y también a los relacionados con Ausbanc.
La entidad salió al paso de las declaraciones del socio de PwC. Fuentes de BBVA señalaron que al inicio de la investigación, PwC ofreció a Garrigues y a Uría un mapa de calor con todas las líneas de investigación que proponían realizar y que suponía la revisión de un total de 2,3 millones de puntos. Según las estimaciones proporcionadas por la propia consultora, el tiempo de ejecución de esta revisión ascendía a dos años.
Nuevas líneas de actuación
En este contexto y ante la necesidad de dar respuesta a los requerimientos judiciales, "los abogados proporcionaron a la firma forensic unos criterios de priorización que maximizaban la posibilidad de obtener información relevante para el caso", indican las mismas fuentes, que añadieron que "esto suponía dar prioridad en la revisión a unos 205.000 hits". Y remarcan que "en ningún momento se descartó la revisión del resto y que la investigación sigue en curso". Es más, indican, "se han añadido líneas adicionales como consecuencia de peticiones del propio juez, lo que avala el rigor del procedimiento".
En el sumario del caso, BBVA señala que guardaba la mayoría de la información relacionada con el espionaje en una nave en Azuqueca de Henares (Guadalajara). El banco tiene allí casi dos millones de cajas con documentos, de las que se encontraron 32.676 cajas vinculadas a la investigación. PwC ha podido analizar a 5.637 cajas.
