BBVA no dio información al Banco Central Europeo (BCE)sobre los hallazgos y descubrimientos de la investigación interna -forensic- que llevó a cabo para esclarecer el caso Villarejo amparándose en que la causa estaba bajo secreto de sumario. El organismo europeo requirió información al respecto a la entidad a inicios de este verano y, ante la negativa del banco, en septiembre se vio obligado a dirigirse al magistrado de la Audiencia Nacional requiriéndole los documentos que no le facilitó la entidad bajo el argumento del secreto sumarial. Sin embargo, el propio banco aseguró en varios documentos y correos electrónicos fechados entre julio y septiembre de 2019 que la investigación interna no estaba afectada por el secreto de sumario.
BBVA, a través del director de Talento y Cultura de la entidad Antonio Casas, requirió en varias ocasiones al expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y exjefe de Riesgos del banco, Antonio Béjar, imputado en la causa, la información que tuviera respecto a la contratación de Cenyt, el holding empresarial de José Manuel Villarejo. Béjar alegó el 28 de julio de 2019 en un correo electrónico a la entidad que la información que le requerían suponía desvelar gran parte del contenido de su declaración ante la Audiencia Nacional en unas diligencias declaradas secretas y que tenía que pedir permiso al juez para ello. A lo que el directivo del banco contestó que sí podía hacerle llegar dicha información porque "los hechos consignados surgen de la investigación interna, no del sumario, y por tanto no están afectados por el secreto de sumario".
Concretamente, BBVA remitió al exjefe de Riesgos el 26 de julio de 2019 un escrito de cuatro páginas en la que le comunicaba todos los hechos irregulares que el banco, dentro de la investigación interna, había encontrado por entonces contra él y que demostraban su participación activa en los proyectos de investigación encargados a las firmas de Villarejo. Cinco días más tarde (entre medias se dio el intercambio de emails arriba descrito), BBVA le comunicó la ampliación de cargos contra él y le dio un plazo de 64 horas, hasta el viernes 2 de agosto,para que le contestara. Entre las explicaciones que pedía era conocer la información que presuntamente tenía en su poder sobre Cenyt y que no había aportado a BBVA, pero, que sí iba a aportar al Juzgado. Así, el banco le volvía a pedir contestación al respecto y justificaba: "permítale reiterarle que usted sí puede contestar al pliego de cargo dentro del expediente laboral abierto, dado que los hechos consignados en el mismo surgen de la investigación interna, no del sumario, y por tanto no están afectados por el secreto de sumario, y si usted decide no contestar para su mejor defensa en el procedimiento penal, es una decisión personal perfectamente respetable, pero que no deriva de exigencia legal de permiso alguno". Finalmente, Béjar contestó al banco el 16 de septiembre pese a reconocer que no tenía permiso del juez.
A pesar del hincapié que la entidad le hizo a su ya exempleado de que la investigación interna no estaba sujeta al secreto de sumario, su argumento fue totalmente distinto ante los requerimientos del BCE. De hecho el supervisor europeo pidió el 6 de septiembre de 2019 la información al juez Manuel García Castellón, bajo la explicación de que "por la información recibida de BBVA", el secreto sumarial, "afectaría también a los hallazgos y descubrimientos de la investigación interna forensic".
Idoneidad de la cúpula
El BCE alegó que necesitaba las conclusiones que se desprendieran del forensic para llevar a cabo sus tareas de supervisión. "Entre esas tareas, está la de supervisar el cumplimiento de los las normas relativas a las estructuras de gobernanza, así como de los requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión de entidades de crédito, tanto a nivel individual como colectivo", esgrimió el organismo europeo al magistrado.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, defendió el pasado 31 de enero, en cuanto a la decisión del BCE de pedir a la Audiencia Nacional el informe forensic, que el banco mantiene una relación "intensa y fluida" con sus supervisores, con los que siempre comparte "toda la información". No obstante, aseguró que en este caso concreto, no podían trasladarle ninguna información, porque el procedimiento está declarado secreto. "Cuando trasladamos toda la documentación relevante obtenida en la investigación interna a la Audiencia Nacional, ante la petición del BCE, que es la petición lógica del supervisor en un caso como este, le dijimos en julio que no podíamos hacerlo por el secreto judicial, que teníamos que pedir autorización al juez. A partir de ahí, a principios de septiembre el BCE le pidió acceso a esa información al juez, esos son los hechos", explicó entonces Torres.
