El Banco Central Europeo (BCE) vigila la idoneidad de la cúpula de BBVA ante el escándalo de espionaje por el caso Villarejo. El organismo supervisor europeo ha solicitado al banco que preside Carlos Torres información sobre el papel de los altos directivos de la entidad en la trama, según informan fuentes del sector financiero. Entre los documentos que pide, también están las conclusiones de la investigación interna (conocida como informe forensic) que realizó el banco para esclarecer la contratación de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo y que entregó a la Audiencia Nacional a finales de este verano. Precisamente, el banco ha realizado algunos despidos de directivos a raíz de los hallazgos del forensic, como el del expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, o el del exresponsable de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu.
Sin embargo, BBVA ha rechazado dar esta información amparándose en que el caso está bajo secreto de sumario y ha instado a la institución que preside Christine Lagarde a que se remita al magistrado Manuel García Castellón, que instruye el caso Villarejo, para que sea éste quién decida si compartir la información.
Fuentes de BBVA, aseguran que comparten "todo" con el supervisor, pero, en este caso, al ser una instrucción penal bajo secreto de sumario, la entidad no puede interferir en la investigación judicial. Desde el grupo señalan que trasladaron esta restricción al supervisor, ya que, dicen, la única manera en la que pueden compartir los hallazgos es si lo autoriza el juez. Así, según adelantó la Cadena Ser, el BCE ya se ha remitido al juez García Castellón para solicitarle información.
Según fuentes del sector, este paso por parte del supervisor europeo se produce después de que el secreto de sumario se haya dilatado tanto en el tiempo. Por tanto, el organismo ha decidido acudir directamente al juez, ya que puede haber información que afecte a temas de gobernanza de los que el BCE deba de estar informado, especialmente después de que hayan pasado cinco meses desde que se imputara a BBVA como persona jurídica por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y corrupción en los negocios. Las mismas fuentes apuntan a que el supervisor no está preocupado por problemas de solvencia ni liquidez del grupo financiero, pero sí por el impacto que pueda tener el caso en materia de gobernanza.
Las herramientas de Lagarde
Cabe recordar que el BCE, dentro de su función supervisora, puede exigir cambios en la cúpula de la entidad si considera que la gobernanza es inadecuada. Fuentes del organismo supervisor ya apuntaron este verano que, en el caso de que el juez imputara a la entidad o a algún alto cargo del banco, el BCE analizaría si existen problemas en la supervisión o en gestión de la entidad y si la conclusión es afirmativa, podría pedir la reorganización del equipo de gobierno de BBVA, lo que directamente implicaría salidas de la cúpula de la entidad. No obstante, si en un primer análisis el supervisor europeo no determina fallos en la gestión del banco, el segundo paso sería esperar a conocer el resultado de la sentencia para tomar medidas. Sin embargo, en estos momentos, la institución se encuentra sin información para poder llevar a cabo su trabajo.
Una de las últimas imputaciones que realizó el magistrado García Castellón el pasado mes de noviembre fue la de Juan Asúa, consejero de cabecera de Carlos Torres, que aun mantiene su cargo en la entidad.
Revisión del secreto de sumario
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidirá el próximo 4 de enero si prorroga o no el secreto de sumario en la pieza separada que investiga la contratación por parte de BBVA de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo para realizar presuntas labores de espionaje. En el caso de que el juez decida no prorrogar el secreto, el sumario no tiene por qué necesariamente levantarse ese día, sino que podría ocurrir en días sucesivos o incluso a final de mes. No obstante, si García Castellón prorroga el secreto, volverá a revisar esta decisión el próximo 4 de febrero, según informan fuentes jurídicas. Un hecho que se revisará los días 4 de cada mes, fecha en la que vence el secreto.