La herencia que ha dejado Francisco González (FG) a Carlos Torres en BBVA puede ser más tóxica de lo que en un principio se esperaba. El 'caso Villarejo' es una amenaza para el nuevo presidente, por lo que el banco ya ha empezado a cortar cualquier tipo de lazo porque las consecuencias son impredecibles.
La declaración de su representante legal, Adolfo Fraguas, en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional el jueves es el primer paso contundente de la entidad en la estrategia de intentar cortar ese cordón que ata la era actual con la de FG.
Fraguas apuntó ante el juez Manuel García Castellón directamente contra directivos que ya no están en la cúpula e incluso se atrevió a insinuar la implicación de los presuntos delitos al anterior máximo responsable. Un mensaje de sálvese quien pueda, porque el asunto podría llevarse por delante a una parte relevante del cuerpo de altos mandos del banco desde principios de este siglo.
Este ataque a FG, en las dependencias de la Audiencia Nacional, contrasta con la defensa que BBVA había realizado hasta este momento de la etapa precedente, en la que Villarejo practicó supuestamente las masivas escuchas ilegales a políticos, empresarios y periodistas para sus intereses. Una defensa que en algún momento llegó a chirriar. Torres ha sostenido en algún momento que su antecesor en el cargo era para él una "guía" y una "referencia".
El banco cree y, así lo pone de manifiesto una y otra vez, que de haberse cometido irregularidades éstas son de carácter individual y que corresponden única y exclusivamente a los directivos. El problema es que entre los acusados hasta la fecha hay elevados ejecutivos en la cúpula, que han logrado permanecer a la era post-FG, cuyo mandato duró más de dos decenios hasta el pasado 31 de diciembre, cuando abandonó el sillón de manera anticipada.
La reciente imputación en el caso de Juan Asúa, asesor principal de Torres, es una advertencia de tal magnitud que hace necesaria una renovación amplia de la cúpula del banco. El consejo de administración y la alta dirección está repleta de personas que pueden verse afectadas por la investigación en los próximos meses. La entidad defiende que sobre Asúa como al resto de imputados no pesa una acusación formal, por lo que no va a mover ninguna ficha. Tan solo han sido despedidos dos, el que fuera responsable del área inmobiliaria, Antonio Béjar, él único que está colaborando con la Justicia activamente, y el que fuera director del área jurídica, Eduardo Arbizu, tras las indagaciones internas. La espada de Damocles está encima de todos los colaboradores estrechos de FG y que hoy siguen con la confianza plena de Torres.
Próxima junta, clave
En los mercados financieros se da por hecho que la próxima junta de accionistas será clave para la reestructuración amplia del consejo de administración, en el que se sientan algunos vocales desde el año 2002, año en el anterior presidente se hizo con el control total tras la salida de la vieja guardia vizcaína -el denominado clan Neguri-.
Este colectivo de inversores, apoyados por el PNV, están moviendo los hilos para provocar su vuelta a la esfera financiera con el respaldo del gobierno socialista a través de una operación de fusión de BBVA con la nacionalizada Bankia. Se trataría de una de las exigencias que estaría planteando la formación vasca para dar su ok a la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras estas ofensiva se prepara el banco seguirá sometido a presión, porque la Justicia tardará en esclarecer los sucedido.
