El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha dado un primero golpe en la mesa intentar no dejar ningún cabo suelto y retener poder con los cambios del consejo de administración anunciados esta semana, que son el preámbulo de una renovación del órgano rector mayor en 2021. Este movimiento se produce en pleno 'caso Villarejo' y ante las consecuencias que pueden suponer tanto para el banco como para la cúpula la evolución de esta causa.
La salida del único consejero ejecutivo, a excepción del propio Torres y el número dos Onur Genç, ha sido interpretada en distintos círculos financieros como una decisión de para controlar lo máximo posible la entidad y eliminar cualquier amenaza a su trono. Las atribuciones que tenía José Manuel González-Páramo van a ser asumidas directamente por su equipo de gabinete, liderado por Roberto Albadalejo. El que fuera vicepresidente del BCE fue el candidato preferido de este organismo en el proceso de sucesión del expresidente, Francisco González en 2018.
Los otros dos cambios del consejo han afectado a dos históricos, que llevaban más de trece años en la casa, Tomás Alfaro y Carlos Loring Martínez de Irujo, y eran personas de la máxima confianza del anterior máximo responsable, en la actualidad imputado por la trama de las escuchas ilegales a políticos y empresarios entre 2004 y 2017.
Los tres ceses (no renovaciones en el cargo) han sido suplidas por tres extranjeros, cuyo interés por participar en eventuales conflictos o guerras internas a priori parece lejano. Sobre todo, en un momento en que el banco presenta una debilitada reputación por el impacto del caso Villarejo y el denominado clan Neguri -los vascos- pretenden tomar parte de la influencia perdida bajo la presidencia de González durante tantos años.
Uno de los nuevos miembros del órgano rector proviene de la misma consultora en la que Torres comenzó su carrera profesional, McKinsey. Se trata de Raúl Galamba de Oliveria, quien fue director de la filial española de esta firma. Esta coincidencia se valora en el sector como la llegada de otro fiel al presidente a las filas del segundo mayor banco de nuestro país.
Tener atado y bien atado es clave para la supervivencia futura del máximo responsable de la entidad, que apenas lleva un ejercicio en el puesto de mando. El vendaval Villarejo puede hacer que pierda el equilibrio, en función del desarrollo de la investigación judicial. En este sentido, BBVA rechazó la ayuda policial para acelerar el análisis de la documentación en sus instalaciones ofrecida el año pasado por el magistrado García Castellón.
La Audiencia Nacional aún no ha conseguido sacar conclusiones claras. Todo está por esclarecerse. Únicamente tiene los contratos, que fueron firmados en su mayor parte por el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, un sinfín de conversaciones grabadas, y distintos directivos que colaboraron en la trama para que el excomisario realizara los encargos a través de medios ilícitos.
La Fiscalía Anticorrupción, si bien, tiene indicios claros de que Francisco González ordenó la contratación del expolicía y que está detrás de los trabajos llevados a cabo prácticamente durante su periodo de mandato.
Defensa de la entidad
El banco defiende que no es responsable de dichos actos, sino que la culpabilidad de los hechos, de demostrarse, recaería sobre las personas que conocieron y encomendaron las supuestas prácticas irregulares y apunta a varios directivos y exdirectivos, entre ellos, el que fuera consejero delegado Ángel Cano, el exjefe del área inmobiliaria, Antonio Béjar, y Corrochano.
Hasta ahora no señala a su expresidente, pero sí le acusa de haberse lucrado de los encargos para negocios particulares, como la búsqueda de fincas para su adquisición en distintas ciudades del país. Francisco González consiguió, gracias a estos trabajos, comprar un inmueble en Marbella.
No le señala, pero sí mete presión a la causa con correos electrónicos suyos que le involucran directamente en la trama de espionaje, tal y como contiene el sumario judicial, cuyo levantamiento de secreto tuvo lugar a principios de febrero.
Los próximos meses serán claves para resolver el caso y para el propio futuro de Torres
BBVA está imputado desde el pasado verano por cohecho, revelación y descubrimiento de secretos y corrupción en los negocios. El delito más relevante es el primero y obedece a que el banco contrató a Villarejo cuando todavía estaba en activo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a sabiendas. Al menos es lo que considera la Fiscalía, que la entidad conocía la condición laboral del expolicía y que éste utilizaba medios públicos para sus investigación privadas.
El banco niega que entonces supiera que detrás de las empresas de Cenyt estuviera Villarejo y él mismo estuviera en activo. Pero reconoce, según la declaración de su defensa, que desde 2015 sí sabía que mantenía una relación mercantil con el excomisario.
Los próximos meses serán claves para que las incógnitas puedan despejarse. Y también para el futuro de Torres. De momento, el juez ha llamado a declarar a tres directivos de PwC, consultora que ha realizado el informe forensic para el grupo financiero junto con Garrigues y Uría Menéndez, para que testifiquen y despejen algunas dudas sobre el análisis llevado a cabo y otras cuestiones. Pero el reloj corre a favor del presidente del banco, porque la Justicia en España es lenta.
