BBVA señala en su informe de Gobierno corporativo que de la documentación relevante obtenida de la investigación forensic, todavía en curso, que se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y son la base del sumario instruido, "no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad (Carlos Torres), ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco".
El informe, remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), apunta a que en la declaración del representante legal del banco, Adolfo Fraguas, ante el juez y los fiscales por petición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, BBVA defendió "la inexistencia de responsabilidad penal alguna de la entidad" y señaló además que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo es exigible legalmente desde el año 2010.
El juez imputó el pasado verano a BBVA en la trama por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, además de por corrupción en los negocios. Según el informe del banco, de momento el procedimiento penal se encuentra en fase "incipiente" de instrucción, por lo que no es posible predecir su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el grupo, "incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación" de la entidad.
Por otro lado, la entidad recuerda que ha reportado los avances de la investigación de la contratación de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo, desde enero de 2019 y de forma recurrente, a los órganos sociales del banco, tanto en lo que respecta a las comisiones del consejo de administración a las que se atribuyen competencias sobre estas materias (Comisión de Auditoría y Comisión de Riesgos y Cumplimiento) como al propio consejo de administración en pleno. "Dichos órganos han impulsado y supervisado los procesos de investigación interna, determinando la plena cooperación de la entidad con la Justicia y el desarrollo de una política de transparencia", asevera.
Refuerzo de control interno
Según la entidad, los órganos de administración del banco han adoptado distintas medidas de refuerzo de los sistemas de control interno de la entidad entre los que destaca el establecimiento de una dependencia jerárquica directa de los responsables de control interno y auditoría interna del consejo de administración, la aprobación de nuevas políticas y la mejora de procesos de subcontratación y compras, y el refuerzo del modelo de prevención del delito.
Cabe destacar que según las declaraciones de los distintos imputados en la causa, como el exjefe de Riesgos, Antonio Béjar, o el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, evidencian que fallaron los controles internos del banco. Corrochano aseguró que los servicios de contabilidad no verificaban si los proveedores (en este caso Cenyt) habían realizado el servicio y les bastaba con la confirmación del entonces jefe de Recursos Humanos y Medios, Ángel Cano.
Asimismo, Béjar, aseguró que se saltaron controles en la contratación como los procesos de homologación y filtrado de los proveedores. "Si no se hizo así es porque tenían autorización del presidente (entonces Francisco González) para hacerlo sin control", señaló en su declaración. También aseguró que falló el servicio jurídico del banco y auditoría interna. "Si auditoría interna, en 13 o 14 años nunca verificó que se ha hecho bien, si no existe un informe de auditoría interna de una firma que trabajó para el banco durante 13 o 14 años, es porque alguien le ha dicho que no haga ningún informe", señaló en el testimonio al que ha tenido acceso este diario.
Cinco investigados en el banco
Por otro lado, el banco admite en el informe de Gobierno corporativo que hay "determinados directivos y empleados del grupo" actuales que están imputados, así como miembros de una esta anterior. Entre los directivos que aún trabajan en la entidad investigados están Inés Díaz Ochagavia, actual jefa de Seguridad; Nazarío Campo Campuzano, jefe de equipo de Seguridad Corporativa de BBVA; Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial del banco en España; Juan Asúa, asesor de presidencia de la entidad y Eduardo Ortega, directivo de servicios jurídicos.
