El que era presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) hasta el pasado viernes y exresponsable del área de Inmobiliario del banco, Antonio Béjar, rompe el silencio que hasta ahora cubría el caso de espionaje.
El exdirectivo aportó ayer lunes al magistrado del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, información relacionada con la contratación por parte del banco del excomisario de policía José Manuel Villarejo. Béjar puso a disposición del juez la documentación que tenía al respecto, relacionada con el área que encabezó en la entidad.
El cambio de postura del exdirectivo de la entidad, ahora proclive a testificar en el caso, coincide con la decisión del magistrado de imputar a BBVA como entidad jurídica. García Castellón, atendiendo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del pasado miércoles, comunicó ayer a la entidad su imputación en la trama por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Asimismo, el magistrado ha rechazado la petición de BBVA de personarse como afectado en la causa y ha instado a la entidad a que nombre un representante para citarle a declarar.
Béjar ya anunció el pasado viernes su predisposición a colaborar con la Justicia, después de que fuera llamado a declarar ese mismo día por la destrucción de documentos e información de DCN a finales de junio, presuntamente relacionada con el excomisario. El directivo aseguró que la información que se ordenó destruir no tenía relación con el expolicía y anunció su intención de aportar nuevos datos a la causa.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado que impusiera una fianza de 500.000 euros al exdirectivo para eludir la prisión, pero García Castellón prefirió esperar a conocer la información que iba a aportar para tomar una decisión al respecto.
Marcha atrás a las medidas
No obstante, este lunes, y tras ver el Ministerio Público el cambio de actitud de Béjar y los documentos presentados, retiró la petición de medidas cautelares para el ahora expresidente de DCN. Cabe destacar que, a pesar de la marcha atrás de Anticorrupción, el directivo permanece imputado en la causa por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
El consejo de administración de DCN, firma cuyo mayor accionista es BBVA con casi el 75 por ciento del control, decidió destituir el pasado viernes por la noche a Béjar de la presidencia de la compañía, coincidiendo, apenas horas después, con que el aún presidente hubiera mostrado su disposición a colaborar en el caso Villarejo. Desde la empresa se limitaron a mandar un escueto comunicado de dos líneas y, fuentes próximas a la misma, aseguraron que la decisión se tomó "en beneficio" de la compañía.
Precisamente, el Ayuntamiento de Madrid dio ayer en el pleno luz verde a la conocida como Operación Chamartín, desarrollada por DCN, tras más de dos décadas de bloqueo.
Con la excepción de Antonio Béjar, el resto de directivos y exdirectivos imputados en la causa, vinculados a BBVA, se acogieron a su derecho a no declarar en relación con la trama cuando fueron citados por el juez las primeras semanas de julio. De hecho, el expresidente de DCN ya entonces se distinguió del resto de colegas investigados, al contratar a su propio abogado -en este caso, el que fue juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez-, y no aceptar la defensa que le ponía la entidad financiera, como a la mayoría de exdirectivos. El consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015, Ángel Cano, también llevó su propia defensa, el abogado de Jones Day, José Bonilla.
Claves de la investigación
Anticorrupción señaló en su informe que los "pagos presuntamente ilícitos" realizados a la empresa de Villarejo "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal". Según la Fiscalía, "alguno" de los directivos investigados "habría percibido dádivas del entorno del grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones".
Las contrataciones a Villarejo, siempre según Anticorrupción, habrían tenido por objetivo el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de naturaleza patrimonial y "carácter ilícito". Estas labores realizadas por el excomisario serían incompatibles con la condición de funcionario policial en activo que tenía (delito de cohecho activo).
Además, en el desarrollo de la prestación de servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas, mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
