El Estado se garantiza ingresar dividendos en todo momento con la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, algo que no estaba asegurado del todo si el grupo nacionalizado hubiera seguido en solitario o se hubiera elegido otro compañero de viaje. Para el grupo de origen catalán es una "prioridad" el reparto de ganancias entre sus accionistas, ya que es una fuente esencial para nutrir de recursos las inversiones en Obra Social de su socio mayoritario, la Fundación laCaixa. Esta institución, que controlará el nuevo campeón nacional si fructifican con éxito las negociaciones, destina unos 500 millones al año a proyectos benéficos.
Tal es la prioridad que CaixaBank ha sido la única entidad que aprobó en junta general una entrega de dinero a los inversores con posterioridad a las recomendaciones del BCE a todo el sector para que cancelara este tipo de entregas, con el fin de retener capital con el que afrontar la crisis que se avecina. Así, el banco ha abonado este año, con cargo a los resultados de 2019, 420 millones a sus accionistas. Eso sí, para contentar al organismo supervisor, redujo la cuantía a la mitad y bajó el pay out al 24,6% (7 céntimos por cada título, frente a los 15 céntimos previstos).
La intención de CaixaBank, antes del proyecto de integración con Bankia, era desembolsar en 2021 el 30% de las ganancias de 2021. El consejero delegado y futuro primer ejecutivo del conglomerado resultante de la unión, Gonzalo Gortázar, hizo hincapié en esta cuestión a finales de julio y dejó claro que el banco no iba a cambiar su posición al respecto. "Daremos dividendo en metálico, dividendo de verdad", resaltó, cerrando así la puerta a un reparto a través de títulos como anunció el Santander. En este sentido, confió además en que el BCE levante las limitaciones a finales del presente ejercicio.
El plan de integración que se está ultimando en estos momentos incluirá, con toda probabilidad, una política de retribución al accionista. Un punto clave que no solo es fundamental para CaixaBank, sino también para Bankia, ya que es una herramienta para que el Estado recupere una parte de las ayudas inyectadas en el pasado al grupo nacionalizado, que ascienden a 24.000 millones.
Hasta la fecha y, a pesar de que Bankia sí ha distribuido dividendos, las arcas públicas no han recibido ningún tipo de reembolso por el rescate, ya que estos recursos han ido destinados al saneamiento de la matriz BFA y a costear las elevadas indemnizaciones a los inversores que acudieron a la salida a bolsa de 2011 y que compraron preferentes de antiguas cajas de ahorros que configuraron la entidad durante la crisis financiera.
Así, por ejemplo, con cargo a 2019, este año Bankia ha podido entregar 220 millones a BFA (que no al Frob, que es propietario al 100% del holding), gracias a que su junta dio luz verde al dividendo apenas días antes de que el BCE anunciara los vetos. Pero, en la misma junta, el presidente José Ignacio Goirigolzarri puso en suspenso los próximos desembolsos, incluido un cargo extraordinario de más de 1.500 millones para que se pudiera llevar a cabo el primer reembolso del dinero público recibido, poniendo en duda así el proyecto para distribuir hasta 2.500 millones entre 2018 y 2020.
Venta de la participación
El dividendo es la segunda vía con la que Estado cuenta para recuperar las ayudas de manera parcial. La otra es la venta de su participación del 62%. Un porcentaje que se verá diluido hasta el 15% en el grupo resultante de la absorción por parte de CaixaBank y que se venderá, previsiblemente, en el medio y largo plazo, una vez el mercado refleje la capacidad potencial del nuevo campeón nacional.
El Gobierno, al menos su presidente, Pedro Sánchez, consideró este lunes que la operación de fusión "tiene elementos muy positivos", porque permitirá "maximizar"la participación estatal, confiando en una subida de la capitalización de ambas entidades una vez se unan. Pero, indicó que "estamos lejos de recuperar todas las ayudas".
Ya desde hace tiempo, el Ejecutivo ha dado por perdida una parte significativa del rescate debido a la caída de su cotización, lo que ha impedido vender paquetes de acciones en el mercado, pese a las promesas reiteradas del exministro Luis de Guindos. Solo en dos ocasiones el Frob ha desinvertido títulos. Lo hizo en 2014, al colocar un 7,5% del capital, y en 2017, cuando pasó a inversiores institucionales otro 7%. Por ambas recaudó 2.100 millones, pero estos fondos se quedaron en BFA para tapar agujeros.
Ante dicha imposibilidad el Gobierno ha tenido que ampliar el plazo para privatizar por completo la entidad en varias ocasiones y, previsiblemente, lo tendrá que hacer de nuevo. Pero en este caso, las urgencias ya no serán las mismas al contar con una participación de no control en el grupo que se cree con CaixaBank. La fecha para culminar la salida del Frob del capital de Bankia expira a finales de 2021.
