La imposibilidad de devolver las ayudas públicas ante las malas perspectivas han forzado a Bankia a cambiar su posición y abrirse a explorar una fusión con CaixaBank. En los últimos años, pese a las presiones de los reguladores y de los mercados, la cúpula del grupo nacionalizado se había opuesto a una integración, pero este verano la postura cambió.
Aunque el Gobierno ha dicho que buscará optimizar la recuperación de las ayudas a Bankia si se cierra la fusión con CaixaBank, la entidad no ha podido en ocho ejercicios devolver ni un euro al Estado, y la baja rentabilidad, una de las peores del sector, y el deterioro de la cotización hacían impensable cualquier reembolso en el corto y medio plazo. De hecho, el Gobierno ya había renunciado a llevar a cabo colocación en bolsa de su participación del 62%.
Este año la cotización de la entidad acumula una caída del 38% como consecuencia de la crisis de la pandemia, lo que ha disminuido la valoración de las acciones en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a algo menos de 2.000 millones. Una cantidad que dejaba unas pérdidas latentes de 22.000 millones para las arcas públicas.
La hoja de ruta diseñada por el presidente José Ignacio Goirigolzarri era confiar en una recuperación, aprovechando las distintas ampliaciones aprobadas para que el Estado dejara de estar presente en su capital (vence en 2021) y, según el último plan, repartir un dividendo de 2.500 millones, a través de un reparto ordinario y una partida extraordinaria.
Pero, este proyecto quedó suspendido en marzo, tras estallar la crisis del coronavirus, y después de que el BCE prohibiera la distribución de ganancias a los bancos para acumular reservas con las que hacer frente a la pandemia.
Ya mucho antes de la crisis sanitaria, el Estado había renunciado a recuperar todas las ayudas depositadas en Bankia en la anterior crisis, pero la evolución de los acontencimientos ha ido retrasando sine die que, al menos una parte, se pudiera ir reembolsando.
Problemas
En el camino Bankia se ha ido encontrando con distintas piedras en el camino, que le han impedido hacer devoluciones efectivas. La primera fue las indemnizaciones que tuvo que pagar, por más de 1.800 millones, a los accionistas minoritarios que acudieron a la salida a bolsa de 2012; posteriormente, los pagos que ha tenido que llevar a cabo por las preferentes; después, la bajada de los tipos de interés a terreno negativo, que ha lastrado sus cuentas de resultados; y, ahora, una crisis de consecuencias impredecibles.
Aunque en los ocho años que han pasado desde la nacionalización, Bankia ha pagado dividendos y el Frob ha vendido paquetes de títulos, por un valor conjunto de 3.300 millones, el dinero ha ido a parar a la matriz BFA, que ha tenido que tapar agujeros y asumir costes de las sentencias de preferentes, cláusulas suelo y salida a bolsa.
