BBVA no sólo contrató a las empresas del excomisario Villarejo para bloquear el asalto de Sacyr, a los clientes morosos y a Ausbanc, también lo hizo para proteger ante posibles atentados a su cúpula. La entidad extendió a finales de 2015 la relación contractual con el expolicía a un servicio de vigilancia y protección del personal de alta dirección y las instalaciones del grupo a través de la identificación y evaluación de la amenaza yihadista.
Por aquel entonces había una escalada de actos terroristas en Europa y en Oriente Medio de islamismo fundamentalista. Para BBVA este tema era crucial, ya que una de sus grandes filiales se encuentra en Turquía, país donde se sucedieron una cadena de atentados. También podría estar vinculada a su presencia en Venezuela, donde la violencia estaba en auge.
El contrato se suscribió en diciembre de 2015 por un valor de 211.750 euros y su factura fue abonada en febrero de 2016, según la documentación del sumario del 'caso Villajero', al que ha tenido acceso este periódico.
Los servicios de este acuerdo se extendieron hasta 2017, momento en que se cancelaron y comenzaron por los buenos resultados que había obtenido el banco de contratos anteriores con el excomisario, a pesar de que el banco ahora sostiene que no obtuvieron ningún rendimiento, sobre todo porque no se recuperó nada de los perdido por la quiebra de los promotores insolventes.
BBVA abonó un total de 10,3 millones de euros Villarejo por los distintos encargos realizados entre 2004 y 2017, para los que supuestamente se utilizaron prácticas ilegales, como seguimientos y escuchas ilegales a empresarios y políticos. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la orden de la contrataciones parte o tienen origen en el expresidente, Francisco González, que se encuentra imputado en la causa.
La entidad ha dejado de defender la posición de su exmáximo responsable. Ha entregado a la Audiencia Nacional sus correos que le vinculan a la causa y le acusa de haber usado a Villarejo para negocios privados. En concreto, denuncia que una de las labores que realizó el expolicía fue la investigación y búsqueda de inmuebles para su compra en distintas ciudades, aunque solo en Marbella lograra finalmente hacerse con una finca.
Francisco González, por contra, ha negado cualquier tipo de relación con Villarejo y ha sostenido en todo momento que se enteró por la prensa, en 2018, de que el excomisario había trabajado para el banco.
El caso sigue abierto y se espera que testifiquen el próximo 22 de marzo en la Audiencia Nacional tres directivos de la consultora PwC, que ha sido la firma que ha capitaneado junto a Garrigues y Uría Menéndez la elaboración del informe forensic para BBVA. Entre los directivos se encuentra el socio de PwC responsable del departamento de Forensic en España, Javier López Andreo.
El banco rechazó la ayuda policial para acelerar la investigación interna y que los agentes acudieran a sus instalaciones para analizar la documentación. Esta ayuda fue ofrecida después de que BBVA señalara que tardaría en la búsqueda de datos solicitados por el juez.
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