La información aportada por BBVA a la investigación judicial es insuficiente, según fuentes jurídicas. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado varias diligencias al magistrado de la Audiencia Nacional para poder obtener más información que ayude a esclarecer su relación contractual con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de obtener los documentos que el banco no aporta, según las mismas fuentes. El Ministerio Público busca levantar todas las alfombras posibles y, para ello, apunta directamente al Banco Central Europeo (BCE) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Concretamente, Anticorrupción propone al juez Manuel García Castellón que pida al Joint Supervisor Team (equipo de supervisión conjunta entre el BCE y los supervisores bancarios nacionales)el requerimiento de información remitido a BBVA el 14 de enero de 2019 en relación con las contrataciones de Cenyt, holding empresarial del excomisario. Asimismo, también pide la respuesta que el banco dio al equipo supervisor.
Además, la investigación también quiere lograr los requerimientos de información solicitados por la CNMV al banco en octubre de 2018 y en enero de 2019, así como la respuesta que le dio la entidad al respecto, según reza en el escrito de Anticorrupción fechado a noviembre del año pasado. Sin embargo, la falta de información de los supervisores sobre la relación de BBVA con las empresas del excomisario es evidente y se materializó en la necesidad que tuvo el BCE de recurrir precisamente a la Audiencia Nacional para conseguir información al respecto por dicha vía.
Investigación a la cúpula
El organismo supervisor europeo remitió dos meses antes, el 6 de septiembre de 2019, una petición al Juzgado Central de Instrucción número 6 para que le hiciera llegar los "halladgos relevantes" del informe forensic que entregó el grupo financiero al juez el pasado verano, ante la negativa de BBVA de hacérselo llegar amparándose en que la causa estaba entonces bajo secreto de sumario.
La institución que encabeza Christine Lagarde argumentaba en su escrito que, entre sus tareas, está la de "supervisar el cumplimiento de los las normas relativas a las estructuras de gobernanza", así como de "los requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión de entidades de crédito, tanto a nivel individual como colectivo", además de los mecanismos internos de control de la entidad. Así, el BCE señalaba que la información contenido en el forensic podría "ser relevante" para el ejercicio de sus tareas supervisoras.
El organismo europeo evidenciaba con esta carta de un lado la insuficiencia de información sobre el caso que tiene al no facilitársela BBVA y, de otro, su intención de evaluar a la cúpula de la entidad azul, así como la idoneidad de los miembros que la componen.
Quien sí tuvo acceso al forensic, al menos a una parte del mismo, fue el expresidente del banco Francisco González (FG), imputado desde el pasado mes de noviembre. Según declaró ante el juez el exjefe de Riesgo e Inmobiliario de BBVA, Antonio Béjar, González le llamó el pasado verano -tres meses después de que FG dejara sus funciones en el banco- y le trató de tranquilizar asegurando que la investigación interna del banco no le implicaba. Sin embargo, todo lo contrario, el banco apuntó de lleno contra él, además de contra el exconsejero delegado, Ángel Cano, o el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano.
Pagos en la era 'FG'
BBVA realizó 53 transferencias a las empresas de Villarejo por 10,2 millones entre el 8 de enero de 2005 y el 12 de diciembre de 2018. El grupo financiero, en esas fechas, estaba presidido por Francisco González que dejó la presidencia a final de diciembre de 2018. El exjefe de Seguridad, Julio Corrochano y amigo de Villarejo se fue antes, con una jubilación en abril de 2018. Pese a su marcha, el banco siguió pagando al expolicía.
