Trabajo 'enfría' la reforma del despido y convocará un grupo de expertos para intentar ganarse a CEOE

El Tribunal Supremo se prepara para dar a conocer de manera inminente su resolución sobre las indemnizaciones 'adicionales' por despido, quizá esta misma semana, pero este plazo no ha adelantado los planes del Gobierno. Todo lo contrario: incluso el Ministerio de Trabajo ha enfriado su urgencia y admite que el proceso va para largo y algunas fuentes inciden que es posible que ni siquiera se ponga en marcha en 2025. El plan pasa por convocar un grupo de expertos que analice las diferentes opciones y, a partir de ahí, abrir una mesa del diálogo social para buscar un acuerdo en el que, a diferencia de las últimas medidas laborales, quiere contar con la patronal.

El Ejecutivo es consciente de que, a diferencia de lo ocurrido con la reducción de jornada, no puede presentar en Bruselas lo que, de facto, es una nueva reforma laboral que además cruza las líneas rojas de la pactada hace ya tres años sin consenso con la patronal. Además, hay un intenso debate entre PSOE y Sumar sobre la dirección que tomar. El único punto en común, que está en el acuerdo de investidura, es "reforzar" la causalidad del despido y hacer que las indemnizaciones cumplan con la Carta Social Europea. Pero lo que significa esto, está abierto a la interpretación.

Ni siquiera las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y el Consejo de Europa determinan que España debe modificar su legislación porque el sistema que topa la indemnización por despido improcedente a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades es "suficientemente disuasorio" ni "reparativo" como establece la Carta. A fin de cuentas, son criterios no vinculantes y tienen mucho menos peso que si provinieran del Parlamento Europeo, la Comisión o el Tribunal Superior de Justicia de la UE. De hecho, Francia, Italia o Finlandia han rebatido resoluciones prácticamente idénticas.

Más relevante es lo que diga el Supremo, que debe sentar jurisprudencia cuando varias sentencias de los tribunales superiores de justicia autonómicos han dictado indemnizaciones adicionales aplicando la Carta Social Europea y los convenios de la OIT. Un aval del Alto Tribunal a estas decisiones judiciales, no obliga necesariamente a un cambio legal, pero esto no evita los quebraderos de cabeza de las empresas. Más complejo es el caso de una resolución anterior, referida a la audiencia previa por despido disciplinario, que sí obliga a modificar el Estatuto de los Trabajadores.

Trabajo lo defiende por seguridad jurídica

En Agustín de Betancourt, sede de la cartera que lidera Yolanda Díaz, defienden que no se vulnera ningún compromiso previo con la patronal, ya que lo que está sobre la mesa no es revertir el recorte en el coste del despido (de 33 a 45 días) que impuso el PP en 2012. A fin de cuentas, el problema no es la cantidad, sino la existencia de un tope.

Recalcan que una reforma es necesaria para garantizar la seguridad jurídica (más para los trabajadores que para las empresas, eso sí). Pero también admiten que la casuística es muy compleja. Aunque la vicepresidenta pone el ejemplo de penalizar los despidos mayores de 52 años, que estarían condenados al desempleo tras perder su trabajo. También está el caso, especialmente habitual tras la reforma laboral de los trabajadores que son despedidos en pocos meses, con lo que, aunque el despido se declare improcedente y la indemnización alcance el máximo de 33 días, seguiría siendo 'barata' para la empresa.

Algo que confirman las propias estadísticas de Trabajo: en los dos primeros años de la reforma laboral, los despidos han crecido un 35% impulsados por los indefinidos, cuya indemnización media se ha desplomado a la mitad. Los datos de Seguridad Social también confirman que esta tendencia al alza de los ceses se ha mantenido en 2024.

En algunos foros empresariales no se ve con malos ojos la idea de UGT de establecer una indemnización mínima para los despidos de estos nuevos trabajadores, en un abanico entre los tres meses de Portugal y los seis meses de Italia, como plantea el sindicato. Pero el Gobierno, por ahora, no se decanta por ninguna opción y, desde luego, ni CEOE ni Cepyme están por la labor de abrir el debate.

En cualquier caso, el mayor problema es cómo aplicar un sistema de despidos 'destopados' sin impedir la contratación de los colectivos que se pretende proteger. El caso paradigmático serían los mayores de 45 años, que suponen seis de cada diez parados.

Trabajo, en todo caso, no da detalles de cómo materializar la reforma y sortear estos riesgos y su idea es convocar un comité de expertos que redacte un documento de propuestas de reforma que sirva de base para negociar con los sindicatos y la patronal. Teniendo en cuenta los precedentes de otros grupos de expertos, como el del SMI, en el ámbito del diálogo social lo ven más como una manera de ganar tiempo hasta poder presentar una propuesta con un supuesto aval técnico y académico que 'casualmente' coincidirá con las tesis, no ya del Gobierno, sino de Sumar. Cabe recordar que en el grupo de expertos sobre el salario mínimo no participaron ni CEOE ni Cepyme.

Jornada y becarios, lo primero

Y los tiempos son clave en esta cuestión. Frente al discurso de Díaz, que hace unas semanas auguraba que, tras la reducción de jornada, tocaba reformar el despido, en el Ejecutivo inciden en que esto se hará con tiempos más lentos de lo previsto. En primer lugar, la cuestión de las 37,5 horas semanales tardará meses en aplicarse, ya que se tramitará como proyecto de ley, no como decreto. Los trámites previos para su aprobación son más largos y, además, existe un debate en las Cortes marcado por unas mayorías cada vez más inciertas. De hecho, la vicepresidenta está exigiendo el apoyo del PP en lugar de 'socios' como Junts.

Si la nueva ley cruza este Rubicón puede que no vea la luz definitiva antes de junio, a lo que se añade que precisará de un desarrollo reglamentario para aplicar sus novedades que también deberá negociarse. En el Gobierno consideran que mezclar estos trabajos con el debate sobre la reforma del despido puede ser incluso contraproducente. Por si esto fuera, también se quiere sacar adelante el largamente demorado Estatuto del Becario, una norma compleja y que ha sido objeto de ardua negociación no solo con las empresas, sino con las universidades y entre varios ministerios.

Esta prudencia puede demorar los tiempos hasta 2026, aunque la idea del Ejecutivo es convocar a los expertos antes para ir avanzando un debate que, mucho antes de conocer la resolución del Supremo, ya está a condicionar las decisiones de contratación de las empresas e influye en un auge de las demandas judiciales. Pero la política maneja sus propias prioridades y clarificar la situación legal de los despidos para dar certidumbre a empleados y empleadores no está entre las más inmediatas.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky