La promesa de indemnizaciones 'extra' por despido resucita el fantasma de la inseguridad jurídica

El fantasma de la inseguridad jurídica vuelve a cernirse sobre las relaciones laborales en España. En lo que va de 2024, las demandas por despido han alcanzado un volumen inédito desde la crisis financiera, lo que resulta aún más sorprendente en un contexto de crecimiento económico. Los laboralistas lo achacan a que los últimos cambios legales han propiciado sentencias que no solo declaran más ceses como nulos, sino que fijan indemnizaciones 'extra' que superan los topes actuales, a pesar de que esta última cuestión sigue muy lejos de clarificarse en el Estatuto de los Trabajadores. Un escenario de incertidumbre legal y judicial que no está frenando los propios despidos, pero amenaza con lastrar las contrataciones.

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que en el segundo trimestre de 2024 se registraron 41.616 demandas por despido, un 22% más que en el mismo periodo de 2022 y un 48% más que en el segundo trimestre de 2019, el último ejercicio comparable previo a la reforma por no estar afectado por la crisis sanitaria. De hecho, es la cifra más alta desde el primer trimestre de 2013, cuando se alcanzaron las 41.878 entradas en los juzgados de lo social. En el primer trimestre se registraron otras 39.883 demandas, lo que eleva el total para el primer semestre a 81.499, una cifra solo superada, de nuevo, por la del arranque de 2013.

Las estadísticas judiciales son coherentes con otras métricas como las de Seguridad Social que confirman un repunte de los ceses sin parangón desde, al menos, la Gran Recesión, aunque las cifras de bajas de afiliación son mucho mayores que las de procesos abiertos en los tribunales. En los seis primeros meses del año acumularon un total de 521.891 bajas de afiliación por una causa clasificada como despido. En agosto (último dato disponible) alcanzaban ya las 698.091, un 83,9% más que en el mismo periodo de 2019.

La discrepancia con los datos de demandas se explica porque por la volatilidad de la afiliación, pero sobre todo porque la mayoría de esos despidos no llegan a juicio. Y esto es relevante porque, aunque el Ejecutivo achaca el repunte de los ceses como una consecuencia del auge de la contratación indefinida tras la reforma laboral, es más cuestionable cómo esta relación causa-efecto puede trasladarse a las demandas. La mayor parte de las bajas de afiliación por despido se concentran en puestos recientes, con escasa indemnización acumulada, lo que hace que una parte no se recurra (sobre todo si el trabajador encuentra otro empleo). .

En el caso de los que sí se hace, lo que es especialmente habitual cuando el despido es disciplinario (y por lo tanto sin indemnización), por lo general el proceso finaliza con acuerdo en un acto de conciliación, siendo la vía judicial el último recurso por su complejidad y lentitud, a pesar de la gratuidad de la justicia para los trabajadores. En este sentido, el repunte resulta especialmente llamativo cuando la reforma laboral de 2021 no alteró la indemnización ni la causalidad de los despidos respecto a las líneas fijadas en 2012 y que también se encontraban vigentes en 2020, con el estallido de la pandemia.

¿Qué diferencia el contexto de 2024 del del 2013? En aquel año España seguía sufriendo las secuelas de la crisis financiera, que coincidió con la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, que cambió las reglas del despido en España, clarificando la causalidad de los objetivos y rebajando la indemnización de los improcedentes, que además solo serían declarados como tales tras una denuncia del propio trabajador, en un intento de acabar con la fórmula del denominado 'despido exprés'. La idea era, precisamente, reducir la inseguridad jurídica, aunque en los primeros trimestres tuvo el efecto contrario.

Aquella norma también introdujo otra novedad que contribuyó directamente a un repunte de la judicialización: la posibilidad de presentar demandas individuales en caso de despido colectivo, "aunque existiera un acuerdo entre empresa y sindicatos al respecto", según recuerda en declaraciones a elEconomista.es la directora de laboral de Andersen en España, Raquel de la Viña.

Estos cambios legales explican que las demandas registradas repuntaran justo cuando los despidos empezaban a moderarse y puede estar contribuyendo a que ahora vuelvan a hacerlo con más intensidad. Sin embargo, su impacto, en su momento, fue limitado, ya que la distorsión se moderó en los años posteriores a 2013 según empresas, bufetes y jueces se adaptaban al nuevo marco legal. Así que la pregunta sigue pendiente: ¿por qué las demandas individuales se disparan precisamente ahora?

La situación actual es muy diferente, ya que los grandes cambios legales que afectan al despido no proceden de la aprobación de ninguna reforma laboral, sino de los supuestos de nulidad introducidos en leyes de carácter social, una 'ofensiva' que inició en 2022 la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que estableció entre otras la nulidad de los despidos en caso de enfermedad o incapacidad temporal. A mediados de 2023 se introdujo el 'blindaje' ante un despido de quien solicitara una adaptación de jornada (incluyendo el teletrabajo) para poder conciliar, así como un permiso de unos días para atender a un familiar enfermo.

"Las causas de nulidad cada vez abarcan más supuestos y su capacidad extensiva es mayor, de modo que la viabilidad de la demanda de un trabajador ante un despido puede incrementarse notablemente", señala Omar Molina, de Augusta Abogados, que incide en que el marco económico "también añade presión". "La inflación y la incertidumbre sobre el crecimiento llevan a decisiones empresariales difíciles y en ocasiones, precipitadas, lo que aumenta la conflictividad", advierte.

De leyes y errores

"Hoy en día es raro el despido en el que el trabajador no impugna alegando alguna causa de nulidad, sin perjuicio de que ésta sea más o menos sólida", apunta el counsel de Laboral de Gómez Acebo- Pombo, Borja González Elejabarrieta. En la misma línea incide la socia de laboral de Baker &McKenzie Margarita Fernández: "Durante la crisis financiera o la pandemia veíamos muchas impugnaciones de despidos por causas objetivas, posiciones que se eliminaban por la mala situación de las empresas. Ahora lo que estamos viendo es una mayor litigiosidad en todo tipo de despidos (también los disciplinarios) por determinadas circunstancias de las personas trabajadoras."

Pero los nuevos supuestos han dado no pocos quebraderos de cabeza a empresas, trabajadores y laboralistas por la incertidumbre que genera el redactado de las normas. Raquel de la Viña apunta que esto ha llevado a que se extienda "de manera abusiva la argumentación sin base de que se trata de un despido nulo, y con la petición de daño moral incrementado sin fundamentación". Una avalancha de demandas que han provocado "un cambio de percepción de los tribunales", y que puede llevar a una "pérdida de credibilidad en este tipo de reclamaciones".

Algo a lo que contribuyen nuevos errores del propio Gobierno, como el de la Ley de Paridad que el pasado agosto derogó por 'accidente' varias de esas nulidades y que sigue lejos de resolverse. El PSOE introdujo una enmienda en otra norma en tramitación parlamentaria para corregir el problema, pero el proceso en las Cortes puede demorarse meses. Además, no está claro que se resuelva con efectos retroactivos.

A ello se suma el complejo escenario que ha abierto la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que afirma que la regulación de la indemnización por despido improcedente en nuestro país contraviene la Carta Social Europea. El Ejecutivo, que no tocó las indemnizaciones en su reforma laboral de 2021 ha avanzado ahora cambios legales para cumplir con la Carta, pero PSOE y Sumar se ponen de acuerdo en su alcance, ni siquiera en si hará caso a la interpretación de un órgano que no es vinculante (y que países como Francia e Italia ignoraron en supuestos similares).

En cualquier caso, el foco político está ahora en la reducción la jornada y el despido ha quedado aparcado. Mientras tanto, los tribunales dictan sentencias contradictorias, unos aprobando indemnizaciones superiores a los 33 días por año trabajado en virtud del perjuicio ocasionado al trabajador, mientras que otros cierran la puerta a esta posibilidad. Si no hay un cambio legal antes, será el Supremo el que siente jurisprudencia, y los precedentes apuntan a que refrendará la validez de lo que ahora señala el Estatuto de los Trabajadores.

En cualquier caso, Elejabarrieta apunta que las sentencias que han condenado al abono de indemnizaciones adicionales o reparativas "son todavía muy escasas y circunscriben esta posibilidad a supuestos muy concretos donde, en atención a las circunstancias, la indemnización por despido improcedente no es suficientemente reparadora". Aunque estas circunstancias son muy variadas no está detectando un "aluvión de casos".

Los nuevos despedidos piden más dinero

Pero esto puede empezar a cambiar. Omar Molina advierte de que muchas demandas que solicitan la improcedencia para trabajadores con poca antigüedad, una situación creciente tras la reforma laboral de 2021, "acostumbra a solicitar una indemnización adicional" tras los nuevos criterios de los tribunales.

"No existe jurisprudencia al respecto y por tanto hay una gran inseguridad jurídica, dado que depende del criterio del tribunal en cuestión", coincide Raquel de la Viña, que, no obstante, apunta que muchas demandas recurren a otras vías para obtener una indemnización 'extra' si argumentando causa como el "lucro cesante". Así, recuerda que en una sentencia del pasado mes de mayo el Tribunal Supremo sí admitió la posibilidad de incrementar la indemnización por este motivo, en un caso concreto de una empleada que "podría haber obtenido mejores condiciones si se la hubiera incluido en un ERTE en lugar de proceder a su despido."

Esta posibilidad hace que los "importes reclamados suban mucho", pero también que muchas demandas "no especifican ni determinan justificadamente esa petición de incremento", lo que está provocando pronunciamientos judiciales "que limitan de manera proporcional dichas indemnizaciones", lo cual no beneficia precisamente a los trabajadores y además sobrecarga los juzgados. Margarita Fernández detecta también que en ocasiones las empresas" abonan una indemnización superior a la legal para evitar la readmisión de la persona trabajadora "en caso de que el despido se declare nulo.

La pregunta es si esta incertidumbre tiene efectos en el mercado laboral. En este sentido Molina habla de un problema de "inseguridad jurídica". "No poder hacer estimaciones nítidas sobre el coste de un despido y sus implicaciones reales, junto con la posibilidad de largas disputas judiciales, está generando una mayor reticencia a contratar en algunos sectores", incide.

Raquel de la Viña apunta a un "desincentivo a la creación de empleo estable" al que se suma que el aumento de la conflictividad laboral puede afectar negativamente al clima laboral y a la productividad, lo cual perjudica a España "dado que la productividad media está por debajo de la media europea".

"La incertidumbre y el aumento en el coste del despido lleva a que las empresas se retraigan a la hora de contratar más empleados.", asegura Fernández, que advierte de del aumento de los costes legales para las empresas. "Probablemente se adquirirá mayor conciencia sobre el valioso impacto de contar con un buen asesoramiento en materia de despidos, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias negativas de no contar con él", incide Borja Borja González Elejabarrieta.