Los abogados se rebelan contra el 'caos' legislativo del Gobierno que dispara la inseguridad laboral

El 'error técnico' que deroga el 'blindaje' contra el despido de aquellas personas que soliciten una adaptación de jornada para conciliar ha sorprendido a muchos en pleno mes de agosto, incluyendo a parte del Gobierno. Pero no es el primero de este tipo que se produce y, seguramente, tampoco el último. Forma parte de una larga lista de contradicciones, rectificaciones y normativas incompletas que los abogados laboralistas llevan años denunciando como la principal fuente de inseguridad jurídica que afecta a las relaciones laborales en España.

La situación no es nueva para una legislación en materia de empleo a la que históricamente se le ha reprochado ser tan compleja y rígida que se queda muy por detrás de la evolución real del mercado de trabajo y la sociedad. Pero en los últimos años, los intentos para modernizarla se han traducido en un volumen tal de problemas que están teniendo el efecto contrario al pretendido.

Todos los expertos consultados por elEconomista.es tiene claro el punto de partida de esta situación: la situación de emergencia provocada tras la pandemia, que dio pie a una ingente actividad legislativa para poner en marcha todo tipo de medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el empleo. Algunas, como la flexibilización de los ERTEs protegieron millones de puestos de trabajo. Otras, como las supuestas 'prohibiciones de despedir' reivindicadas aún hoy por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz tuvieron un efecto real mucho más discutible, más allá de disparar la litigiosidad en los tribunales.

Pero superada la pandemia, la situación no se ha normalizado. En paralelo a la aprobación de la reforma laboral a finales de 2021, el Gobierno se lanzó a una carrera por impulsar medidas de carácter 'social' con un impacto destacado en el ámbito del empleo. Buena parte de ellas salieron adelante sin la suficiente negociación política ni social y en muchos casos, abusando de la fórmula del real decreto ley o la enmienda introducida en la tramitación parlamentaria, como en el caso de los cambios en los despidos de personas que han solicitado conciliar.

El problema es que esta estrategia propicia la descoordinación entre los impulsores de las normas (aunque formen parte del mismo Ejecutivo), lo que lleva a demasiados errores que, como en el caso del 'blindaje' por conciliación ante los despidos no se detectan hasta que la norma llega al Boletín Oficial del Estado, muchas veces sin aviso y coincidiendo con periodos vacacionales.

En esto último influye que la debilidad parlamentaria del Gobierno obliga a apurar la búsqueda de apoyos hasta las últimas sesiones de cada periodo lectivo. Y entonces se convierte en un problema de empresa, trabajadores y juristas con consecuencias impredecibles.

Estela Martin, del despacho SincroGo apunta que los laboralistas "llevan años" afrontando "cambios normativos incesantes, una deficiente técnica legislativa que genera una enorme inseguridad a la hora de asesorar en materia laboral tanto a las empresas como a las personas trabajadoras". La abogada destaca el el impacto en la "conflictividad en la jurisdicción social", ya que la falta de claridad de la normativa propia "criterios dispares en los tribunales".

"Los decretos en verano, navidad o festivos, muchos de ellos atropellados en un breve espacio de tiempo, con una técnica legislativa abierta e indeterminada, infinidad de "erratas" y con reducidos plazos de implementación, están provocando que asumamos un riesgo extra en nuestro asesoramiento diario", incide Omar Molina, de Augusta Abogados . Molina denuncia que estas condiciones "dificultan enormemente "la interpretación rigurosa de la norma "y más sin otorgar tiempo a la misma para que repose y se estabilice a través de la jurisprudencia".

Hasta diez meses de atasco en los juzgados

El grueso de las críticas se centra en los vaivenes normativos firmados por los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social, aunque han cobrado protagonismo los problemas provocados por el departamento de Igualdad y en particular la deficiente redacción en el ámbito laboral de dos de sus leyes 'estrella': la del 'Solo sí es sí' y la Ley Trans.

De hecho, la derogación accidental de la protección ante el despido de las personas que solicitan adaptar su jornada deriva de una contradicción entre ambas leyes que se lleva dos años intentando resolver, aunque cada intento se traduce en un fallo tras otro que el Ejecutivo disimula bajo la etiqueta de "error técnico", cuando responde a una inédita descoordinación política que parece reflejar los choques en el seno del Gobierno de coalición.

"Desde el COVID, este Gobierno legisla a base de reales decretos que son un caos tanto de redacción, como de tiempos con un trasfondo ideológico absurdo" denuncia Luis Jiménez-Arellano, responsable del área de Laboral del bufete Mas Calvet.

Una de las mayores dudas en el caso de los despidos es el limbo en el que quedan los trabajadores cuyos despidos ya no se consideran objetivamente nulos con el Estatuto de los Trabajadores en la mano. Aunque la norma entra en vigor el 22 de agosto, se requiere otra de rango legal para corregirla. Y esto pude tardar meses. Jiménez -Arellano apunta a que si las empresas empiezan a ejercer estos despidos "no quedará otra que presentar papeleta y posterior demanda".

En este sentido, apunta que en regiones como en Madrid "se están señalando juicios para dentro de ocho o diez meses". "Así que antes lo habrán subsanado seguro", apuna, recordando los precedentes de los años de la pandemia cuando "hubo muchos reales decretos que desdecían lo que decían otros anteriores".

Aunque el Gobierno defiende que la regulación busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores y que estos puedan defenderse ante los abusos, lo cierto es que las demandas se encuentran un escenario complejo en los tribunales. La causa no solo a la falta de recursos de la Justicia, sino a una normativa procesal poco desarrollada. Así, el abogado Aitor Pérez Riquelme destaca que la ejecución provisional de sentencias por despido "tiene una regulación tan caótica, carente de sistematización alguna, que causa multitud de problemas a los justiciables y a los operadores".

Ello se sume a otros "bugs" olvidados por el legislador está la situación del trabajador tras un despido declarado improcedente: la empresa tiene la opción de pagar indemnización o readmitir al empleado. Pero este no tiene la verdadera opción de elegir, como de negarse a volver trabajar para quien le ha cesado de manera injustificada, una visión de las relaciones laborales que deriva de la Ley de Contratos de 1944.

"Un cúmulo de despropósitos e inseguridad"

Aunque los problemas que genera esta situación no solo se limitan a las disposiciones con rango legal, sino que se traslada a las regulaciones 'inferiores' imprescindibles para desarrollar su aplicación, desde los reglamentos a las órdenes ministeriales que se aprueban con un enorme retraso y en algunos casos ni llegan a ver la luz.

Así, Estela Martín apunta que uno de "los mayores quebraderos de las empresas" este año ha sido la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Trans sobre el protocolo contra la discriminación LGTBI, que ha incumplido con creces el plazo de un año que se dio para su publicación "y ha provocado una situación de inseguridad jurídica en las empresas de no saber cómo enfocar el cumplimiento de la obligación de elaborar dicho protocolo."

Una cuestión que se suma al bien conocido atasco de los planes de igualdad. Muchas micropymes sin representación sindical en sus plantillas se han visto obligadas a derivar la negociación a grandes centrales sindicales para cumplir los tiempos impuestos por la legislación. Pero estas se han visto desbordadas por la demanda provocando un atasco al que la Justicia aún no ha dado una respuesta aún clara. Por no hablar de la incertidumbre sobre el permiso parental de hasta 8 semanas, "que también ha sido un cúmulo de despropósitos y de inseguridad".

Que estas disposiciones, cuando se publican, lo hagan en periodos festivos, acompañados con numerosas erratas también perjudica a otro tipo de expertos laborales: los graduados sociales, que a principios de este año amenazaron con una movilización sin precedentes que, sin embargo, no sirvió para que el Ejecutivo corrigiera estas prácticas.

Omar Molina, también graduado social, afirma que el este colectivo se encuentra en "un estado de saturación mental por la deficiente articulación de estas normas", tanto en su forma como en su período de ejecución, con ejemplos como los cambios en las cotizaciones provocados por las subidas del SMI que entran en vigor meses después de iniciado el nuevo ejercicio contable y que obligan a cambios retroactivos en las nóminas. En 2024, las órdenes de cotización de la última subida del salario mínimo, aprobada a principios de febrero no se publicaron hasta finales de marzo, coincidiendo con la Semana Santa. Y solo unos días después hubo que volver a corregirla por una errata en las cuantías.

Además, los canales de comunicación con la Administración pública "han demostrado ser ineficaces con respuestas a 2 meses vista, lo que agrava aún más la situación de inseguridad". Por si esto fuera poco, las consultas y dudas que plantean los profesionales "no reciben respuestas precisas, añadiendo más tensión a una cuerda ya demasiado estirada" y agravando una situación que no duda en calificar como "insostenible".

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky