El colapso de la Seguridad Social no afecta solo a la tramitación de prestaciones. La falta de medios personales y técnicos ha llevado al organismo que dirige José Luis Escrivá a derivar muchas tareas burocráticas a más de 25.000 colaboradores externos, en su mayoría graduados sociales, que afrontan una carga de trabajo sin precedentes. Además, lo hacen en festivos, fines de semana y sin respetar el derecho a la desconexión que el propio gobierno predica, en un escenario que los afectados califican de "esclavitud digital".
Aunque las bases se sentaron mucho antes, con el arranque de la digitalización de la Administración. Los empresarios tienen la obligación de facilitar a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos que estas les soliciten, y desde hace una década pueden hacerlo "por vía telemática siempre que esté habilitado un canal para su remisión informática".
Este es el sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED). Pero no solo se autoriza a utilizarlo a las empresas, sino también a colaboradores externos que gestionan esta información en su nombre. Algo muy habitual en un país como España con un alto peso de pequeñas empresas que externalizan estos trámites en gestores externos principalmente graduados sociales.
El problema estalla con la pandemia, cuando las obligaciones que implica esta gestión telemática se disparan, por dos tipos de causas, principalmente: burocráticas y robóticas. Las primeras derivan de la situación de colapso administrativo que provocó la pandemia y la oleada de nuevas normas laborales y de cotización. Las segundas, de la creciente automatización de los trámites por parte de la Seguridad Social: una la prueba de que nuestro país no ha usado la digitalización para reducir la burocracia, sino para dispararla aún más.
En este punto, hay que dejar claro que estos colaboradores no reciben retribución alguna por parte del Estado por su trabajo, ya que se considera una parte de una actividad que realizan para terceros. Pero los profesionales con los que ha hablado elEconomista.es coinciden en denunciar que en los últimos tres años la realidad es que trabajan más para la Seguridad Social que para sus propios clientes.
Y es que recaban información y datos fiscales y laborales con los que la Administración ya cuenta. Pero los profesionales denuncian que gracias a esta 'colaboración' "se ahorran tener que hacerlo ellos".
Robots, burócratas y erratas
El propio departamento de Escrivá presume del uso de robots software (RPA) para automatizar tareas operativas o de gestión del IMV. Según su departamento "esto ha permitido acelerar miles de horas de trabajo de empleados que han podido dedicarse a otras tareas de mayor valor añadido y ha disminuido la probabilidad de error humano". Aunque no hay cifras actualizadas de su eficacia, solo entre 2019 y 2021 superaron las 43.000 hora 'agilizadas'.
Este balance contrasta con los continuos problemas en la informatización de los innumerables trámites que gestiona la Seguridad Social desde la pandemia y que no solo ha sido denunciado por los graduados sociales. También lo han sufrido en sus propias carnes todos los ciudadanos: lograr una cita presencial se convierte casi en una misión imposible.
Los profesionales no solo reprochan el 'bombardeo' de nuevas órdenes y reglamentos en la Legislatura, sino que además se ven aliñados de un excesivo número de correcciones y rectificaciones a veces cada poca semana. Un caso reciente y especialmente llamativo ha sido el de la publicación de tres nuevas órdenes de cotización en apenas tres meses, debido a la reforma de las pensiones incluyendo una corrección de errores por parte el Ministerio de Inclusión.
Ello ha puesto 'patas arriba' el trabajo de estos profesionales en el arranque del año, al verse obligados a revisar de un día para otro cientos de nóminas por cada uno de sus clientes. Por si esto fuera poco, se publican sin previo aviso incluso en festivos dando plazos de apenas unos días para actualizar los datos de las empresas.
Tampoco los robots parecen respetar horarios. Los afectados denuncian que las notificaciones y reclamaciones de información 'vulneran' el derecho a la desconexión digital de los profesionales. por el hecho de que, en su mayoría, son autónomos. Así lo denuncian, sin tapujos, Alicia Rodríguez Hitos y Masao Javier López Sako en un artículo publicado en el último número de la prestigiosa Revista General de Derecho Administrativo.
Sin huelga pero con renuncias
A esta situación se suma la táctica seguida por Trabajo y Seguridad Social de enviar miles de cartas automatizadas a las empresas, en campañas de inspección en su mayoría pymes, no solo afecta a las que, efectivamente, tienen que rectificar una situación irregular. También a muchas otras que deben demostrar su 'inocencia' enviando también sus datos, a través de sus gestorías.
Los graduados sociales perjudicados por estas prácticas llevan años intentando que la Administración, y en especial la Seguridad Social escuche sus reivindicaciones. Los profesionales consultados por elEconomista.es lamentan la tibia la respuesta de los Colegios Profesionales, así que han optado por diversas vías, desde iniciativas para elevar una queja al Defensor del Pueblo a la presentación de una demanda colectiva.
El problema es que, a diferencia de otros profesionales calves para la Admisnitración, como los letrados de Justicia, son un colectivo disperso, compuesto por autónomos y sin respaldo sindical, lo que resta eficacia a estas iniciativas para reivindicar sus derechos ante la Administración. Y, por ahora, descartan rotundamente convocar paros, ya que consideran que solo perjudicaría a sus clientes. En este sentido, la vía por la que muchos están optando es el abandono de la profesión.
