Los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio de Justicia han firmado el acuerdo que pone fin a la huelga indefinida convocada el pasado 24 de enero en busca de unas adecuaciones salariales "equitativas" a la carga de trabajo incrementada en 2010.
Tras más de dos horas de negociación, el comité de huelga ha dado el visto bueno a la propuesta del Gobierno y han acordado el aumento de salario entre 430 y 450 euros brutos al mes de forma progresiva hasta julio del año que viene. A pesar de haber conseguido un aumento de salario para el gremio, el portavoz de los letrados, Xoán Xosé Yáñez, afirma que no eran las pretensiones que buscaban pero que igualmente la aceptan para desconvocar la huelga.
El acuerdo tuvo el visto bueno del 76% del cuerpo que participó en las votaciones en las distintas asambleas de España lo que originó el impulso del colectivo para sentarse en la mesa de negociación y dar por zanjada la huelga que lleva más de dos meses causando estragos.
La huelga, por tanto, se da por finalizada, aunque los paros de los letrados continuarán hasta el miércoles, a pesar de que la ministra de Justicia, Pilar Llop insta al gremio a volver a ocupar sus responsabilidades lo antes posible por la postura "esencial" que presentan los letrados dentro de la Administración.
Por parte del Ministerio, han comunicado que los letrados tendrán más peso en los proyectos de eficiencia y su implicación en los tribunales de instancia. Además, afirman que el gremio gozará de grupos de trabajo conjuntos para tratar cuestiones como la audiencia, la regularización de su estatuto orgánico o la implantación de la carrera profesional, del colectivo y su formación, entre otros.
Durante el tiempo que ha durado el conflicto, se ha suspendido más de 356.000 juicios y vistas, se han quedado un total de 424.000 demandas pendientes de tramitación y hay más de 1.200 millones de euros congelados en las consignaciones judiciales. Situación que, para volver a la normalidad, se tardará alrededor de dos años para recuperar el retraso que han ocasionado los paros.
Ahora, queda por resolver esta cuestión, donde el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha reclamado medidas extraordinarias para que la actividad vuelva a la normalidad lo antes posible y apuesta por pactar un acuerdo entre todos los operadores jurídicos para recuperar la normalidad sin llegar a repercutir en la conciliación de los abogados, ya que serán los mayores perjudicados por la suspensión de juicios. Unos números que, desde las asociaciones firmantes, "podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo".
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